En el caso de Valparaíso, la situación es aun más compleja, porque las autoridades de los últimos 40 años responden a todos los bloques políticos y, por supuesto, en los análisis críticos de la tragedia que se han ventilado últimamente, el problema de la negligencia ha sido desvergonzadamente soslayado sistemáticamente, tanto por los medios como por los comentaristas.
El desastre de Valparaíso produce una congoja profunda a quien recorre las cenizas e indudablemente marcará psicológicamente a toda una generación de porteños. Las emociones que emergen son extremas: pena por los que sufren, rabia por todas esas cosas que no se hicieron y permitieron la vorágine, frustración por la magnitud de la tarea y al final una sorda determinación para que esto no vuelva a suceder y los porteños se puedan levantar a pesar de todo.
Pero las reflexiones llevan inexorablemente a buscar los factores responsables del siniestro. Y salen a la luz informes técnicos que hicieron recomendaciones precisas preventivas. Y las revisiones históricas muestran una y otra vez que todos sabían que se gestaba una bomba de tiempo al no remover basurales en las quebradas, el permitir asentamientos precarios sin ninguna planificación, al no establecer cortafuegos conociendo exactamente los recorridos de un eventual fuego, el permitir calles estrechas sin urbanización ni disposición de grifos. En suma y como ya lo han dicho todos: se sabía que un incendio sería un desastre enorme, pero nadie hizo nada por décadas.
En cualquier sociedad medianamente organizada, esto se llama negligencia de parte de las autoridades. El término administrativo es Notable Abandono de Deberes.
En toda sociedad organizada y responsable, la negligencia culpable es una falta o un delito que debe ser castigado administrativa y criminalmente, y las victimas compensadas por el Estado, y los responsables sujetos a sanciones reparatorias incluso con su propio patrimonio.
Lamentablemente en Chile sabemos que las elites se protegen eximiendo de responsabilidades a los directivos superiores de las instituciones públicas o privadas en las cuales suceden eventos causantes de daño a personas por negligencia culpable de sus personeros.
Fue el caso del desastre de Antuco, en el que la responsabilidad evidentemente estuvo en la Comandancia en Jefe, por permitir oficialidad sin criterio a cargo de tropa; y en el caso del accidente de Isla Juan Fernández, en el que la responsabilidad recayó en la Fuerza Aérea y por ende debiera haberse focalizado esta responsabilidad en el Comandante en Jefe e incluso en el Ministro de Defensa. Es un hecho que en Chile la negligencia de las instituciones la paga al final del día el eslabón más débil y los verdaderos responsables, pasan “piola”.
En el caso de Valparaíso, la situación es aún más compleja, porque las autoridades de los últimos 40 años responden a todos los bloques políticos y, por supuesto, en los análisis críticos de la tragedia que se han ventilado últimamente, el problema de la negligencia ha sido desvergonzadamente soslayado sistemáticamente, tanto por los medios como por los comentaristas.
Resultaría imposible para la Concertación reconocer que fueron dos DC los alcaldes previos al actual y que objetivamente ellos no hicieron nada para prevenir los incendios y, muy por el contrario, se comprobó corrupción sostenida durante sus mandatos. En cuanto al actual alcalde, Castro, un UDI mas chanta que el promedio, los porteños ya tienen una opinión del sujeto y el día que se evalúe la gestión de platas es muy probable que será un gran competidor de los dos previos DC.
El asunto que queda es que la tragedia sucedió por negligencia de las autoridades y eso debiera tener un castigo administrativo y penal, además de la obligación ética de renunciar. Los damnificados entonces, debieran luchar por una reparación legal, tal cual lo haría cualquier persona que se resbala en una tienda porque los encargados no limpiaron agua derramada que causo el resbalón.
Es hora que el pueblo exija respuestas y reparaciones a los directivos del Estado que no cumplen con sus obligaciones. Estas demandas son justas y necesarias. Ya son demasiados los “careraja” que pululan en lugares de poder haciendo gala de su «chanterio» e irresponsabilidad sintiéndose seguros que en nuestro Chilito nadie dice nada después de un “condoro”. ¡Es hora de actuar compañera y compañero! La negligencia debe castigarse y los afectados deben ser compensados legalmente y no contentarse con meros subsidios y donaciones.
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