En el caso de la Termoeléctrica Campiche, y tal como dice Roderick Long “el favoritismo del Gobierno asume la irresponsabilidad de las grandes empresas con el medio ambiente. Por ejemplo, los contaminadores a menudo gozan de la protección contra demandas, a pesar de que la contaminación es una violación de los derechos de propiedad privada.”
En junio de 2009, la tercera sala de la Corte Suprema decidió acoger un recurso de protección contra la aprobación ambiental del proyecto Termoeléctrica Campiche, por parte de la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) de Valparaíso.
Lo anterior implicó la suspensión de las obras de construcción de la termoeléctrica en la comuna de Puchuncaví-Quintero, pues el permiso otorgado por la COREMA no cumplía con las normas legales. Eso sin mencionar que la zona Puchuncaví-Quinteros fue declarada, en 1993, zona saturada por las emisiones de anhídrido sulfuroso y material particulado y que la empresa AES Gener comenzó a edificar sus instalaciones sin contar con todos los permisos municipales.
Un año después, con fecha 10 de agosto, la dirección de obras del municipio ha otorgado el permiso de construcción.
El gobierno, sus amigos y los ciudadanos
Los nexos entre grandes corporaciones y altos funcionarios políticos que favorecen a los primeros en desmedro de ciudadanos comunes y corrientes no es algo nuevo, y es transversal a todo tipo de gobiernos, de derechas e izquierdas. En el caso de la Termoeléctrica Campiche en las comunas de Puchuncaví y Quintero, de la empresa AES Gener, éstos se hicieron ver rápidamente desde que se inicio la pugna entre los habitantes de las zonas y la empresa.
Por eso no fue raro que el MINVU, en este caso fuera muy diligente para ordenar un “decreto supremo” muy especial, que cambiaba los usos de suelo donde se emplaza el proyecto termoeléctrico Campiche de la empresa AES Gener (de la cual René Cortazar era miembro) y que “daba la posibilidad de reanudar los trabajos luego de que la Corte Suprema resolviera su paralización, tras declarar ilegal la autorización dada por la Corema, por conceder el permiso sin que se realizara el cambio de suelo necesario.
Dicho decreto (Decreto Supremo Nº68/2009) firmado también por el ministro del Interior de la época, Edmundo Pérez Yoma, claramente arbitrario y que estableció que los terrenos podían tener un uso industrial, según la propia Corte Suprema, debía ser dictado por orden de la Presidencia de la República. Viendo lo que pasó, claramente, y como dice Long, el favoritismo del gobierno se hizo notorio.
Y no sólo eso. En esa lógica de favoritismo buró-empresarial, el Intendente de ese momento, el DC Iván de la Maza, fue más allá y consideró que lo expresado por la tercera sala de la Corte Suprema era mera opinión. Así, no es raro tampoco que la ministra de Vivienda en ese momento, Patricia Poblete, declarara que “la única salida para Campiche es modificar el plano regulador de Puchuncaví”. Y así lo hicieron, transformando la legalidad, favoreciendo a la empresa.
No es raro que ante la ofensiva de la asociación buró-corporativa, los vecinos levantaran un recurso de protección en contra de Patricia Poblete y de Edmundo Pérez Yoma, hasta el año pasado, ministros de Vivienda e Interior, respectivamente. Nada pasó con eso.
Al parecer, a los emprendedores de la zona afectada, como agricultores y pescadores, nuestra Constitución no les protege en nada, porque los fallos de otros poderes del Estado, las grandes empresas, las corporaciones, pueden revertirlos gracias a sus nexos con altos funcionarios del ejecutivo, de los gobiernos de turno.
Tampoco sus supuestos representantes locales defienden sus intereses, porque el municipio llegó a un acuerdo extrajudicial con la empresa Aes Gener, a cambio de una millonaria inversión en obras sociales, que probablemente terminará en algunos bolsillos o financiando alguna futura campaña electoral. Eso, aunque el actual alcalde de Puchuncaví, Agustín Valencia dijo lo que siempre se dice, que “se decidió celebrar un acuerdo que permitiría a la comuna recibir de AES Gener una serie de beneficios económicos, que estarán enfocados, principalmente, a buscar soluciones a diversos problemas de índole social y comunitaria”.
Por eso mismo como dice Roderick Long, “el poder corporativo y el libre mercado son actualmente antitéticos; la competencia genuina es la gran pesadilla de las grandes empresas”. Pero los gobiernos son sus mejores aliados.
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