Nunca está de más recordar el sentido que el trabajo tiene en la vida humana. Menos, cuando el Congreso Nacional acaba de aprobar un incremento del sueldo mínimo de un 4,2, reajuste que será absorbido por completo, solamente por el alza de tarifas del Transantiago en los últimos dos meses mientras que en el 2009, las empresas cuyas acciones figuran entre las más transadas en la Bolsa de Santiago, destinaron $24.982 millones a remunerar a sus directores, aumentando sus remuneraciones anuales en un 19,8% en relación al año anterior.
Para algunos, el trabajo nace como castigo divino por el comportamiento de Adán y Eva en el paraíso. Los mismos pretenden convencernos, además, que bienaventurados son los que sufren y tienen hambre y sed de justicia, ya que después de muertos, serán recompensados. Para otros, es otro factor productivo, junto a las materias primas y al capital, y como tal, en su regulación, sólo debe actuar la todopoderosa y eterna ley de la oferta y la demanda, para asegurar la máxima rentabilidad, dando paso a la reproducción y concentración de la riqueza en, cada día, menos manos.
Por último, estamos quienes creemos que el trabajo es la forma de realización del ser humano, ya que permite satisfacer nuestras necesidades y reproducir nuestra existencia. En esta cosmovisión, por cierto, la naturaleza es entendida como nuestro cuerpo inorgánico del que dependemos indirectamente para sobrevivir y buscar la felicidad.
De estas visiones nacen las distintas formas de abordar la cesantía y el salario mínimo.
En el caso de la primera, unos afirman que es un flagelo que debe combatirse con la caridad y la solidaridad eventual en tiempos de catástrofe; otros plantean que es una variable del modelo económico cuyo comportamiento es resultado de factores mucho más relevantes que la cesantía propiamente tal. Para quienes nos ubicamos en la tercera opción, representa el principal problema de la sociedad actual, ya que quien no tiene trabajo, no tiene posibilidad de satisfacer sus necesidades ni reproducir su existencia, por lo que se ve privado de realizarse como especie. De ahí que el trabajo ocupe un espacio central entre las demandas que debieran considerarse un derecho humano fundamental. Esto implica que debiera asegurarlo el Estado cuando la iniciativa privada se revela incapaz de hacerlo para todos y todas.
También resulta fundamental resguardar su valor, para evitar los abusos que buscan disminuir su valor. De aquellos que buscan aumentar las utilidades a costa de la calidad de vida de los trabajadores y sus familias. A este objetivo contribuye el temor y la inseguridad que provoca el desempleo y la amenaza permanente, sobre los que tienen trabajo, de quienes necesitan trabajar y están dispuestos a aceptar, incluso, un salario menor al de ellos.
Por eso resulta fundamental que el incremento del sueldo mínimo disminuya la brecha entre el costo de las necesidades y el magro poder adquisitivo que poseen los salarios. Esto nos lleva a debatir con los defensores del modelo la necesidad, no sólo de asegurar el empleo y aumentar significativamente su valor, sino también a eliminar el trabajo precario, el trabajo mal remunerado y la sobreexplotación. Asimismo, pensmos en fortalecer la organización sindical y su poder de negociación, para asegurar una más equitativa distribución de la riqueza entre trabajadores y empresarios.
Ellos, por su parte, seguirán promoviendo una mayor flexibilidad laboral, la eliminación o el estancamiento del sueldo mínimo y el derecho a pactar individualmente las condiciones laborales para obligarlos a aceptar las condiciones que buscan imponer.
Ellos están más interesados en la rentabilidad de sus negocios que en la felicidad humana, por lo que no logran maquillar su deseo de seguir acumulando riquezas, a costa de los trabajadores. Pretenden aparecer defendiendo la propiedad privada, cuando en realidad, si partimos del consenso que explica la propiedad privada como fruto del trabajo, podemos afirmar que son ellos quienes atentan permanentemente contra la misma, cada vez que pagan a sus trabajadores menos de lo que vale su trabajo. Se apropian de una parte de la propiedad privada del trabajador, representada por la diferencia entre lo que efectivamente vale su trabajo y los salarios que por él pagan.
¿De qué otra manera se puede explicar el hecho de que una minoría de la sociedad, que incluye al propio Presidente Piñera, uno de los hombres más ricos de nuestro continente, descalifique y estigmatice como irresponsable la demanda de los trabajadores de incrementar el sueldo mínimo hasta que éste refleje efectivamente el valor del trabajo?
Este es el modelo de desarrollo que ellos han consolidado; el mismo que quienes aspiramos a una sociedad más justa nos empeñamos en transformar y superar.
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Comentarios
23 de julio
La columna omite algo sumamente importante en toda esta discusión, y es que irónicamente quienes legislan estas cifras -nuestra clase política, las élites políticas- también obtienen suculentas tajadas mes a mes, a costa de los ciudadanos.
No olvidemos que mientras se nos decía que había que apretar cinturones y bocas, los honorables se reasignaban -en conjunto y a discreción- más dinero «por la crisis». Eso sin mencionar que muchos, ni siquiera cumplen como corresponde las funciones para las que fueron electos o mal utilizan dineros que provienen del trabajo de los ciudadanos.
Quizás, también deberían partir con el ejemplo y rebajar en algo sus dietas parlamentarias, mal que mal ellos están ahí por «vocación y para servir».
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