#Ciudadanía

Saliendo de las trincheras para resolver las injusticias

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Un golpe de autoridad carente de un sostén ideológico, inmediatamente buscara uno que le dé una justificación racional al uso desmedido de la fuerza. Esa es probablemente la mayor diferencia con una revolución que la justifica la razón de un ideal, pero ambas se abren paso mediante el uso de la fuerza y dejan tan impredecibles como dolorosas consecuencias.
 
¿Por qué esta reflexión? Porque aun después de cuarenta años no hemos podido recuperar el paso civilizado con el cual, a pesar de muchas diferencias, Chile venía creciendo desde 1950. Hoy, lejos de insistir majaderamente en el olvido o, suponer indispensable el pedir perdón, es más útil enfocarse en conseguir consenso, y así construir un futuro  sobre el sacrificio de los caídos y, al mismo tiempo, sobre lo que se ha levantado durante estas últimas tres décadas. 
 
Es cierto que se acumularon riquezas y que el desarrollo inmobiliario o la explotación del suministro de bienes esenciales ha sido tan cruel como el abuso del sistema comercial y financiero, que además se antepuso los intereses de empresas y grupos económicos,  al de millones de clientes y consumidores, pero esto si bien no ha mejorado significativamente los salarios de los  empleados en el sector privado, ha permitido acumulaciones de capital inéditas para un país de clase media moderada como el nuestro, y en consecuencia, la clase ejecutiva que bordea los dos millones, estructuró un poder adquisitivo y de inversión solo comparable con los países más desarrollados del planeta. Esto es evidente no solo por el repertorio urbano y arquitectónico de los barrios residenciales, si no en la nueva línea de edificación que se dibuja en la silueta de la ciudad de Santiago y otras localidades de provincia. También se ha mejorado el tramado vial, la expansión del transporte subterráneo, la descentralización de mega centros comerciales, la democratización del acceso a universidades, la modernización de centros hospitalarios y clínicas con equipamiento tecnológico de punta, el boom digital de las comunicaciones y la telefonía celular y un sin fin de otros adelantos muy difíciles de enumerar.
 
Sorprende cuando uno repasa las diferentes fuentes de opinión, que sea la calidad de la educación pública, una en la que todo el mundo converge. Eso habla muy bien del cambio que por encima de todo, impone la cultura de un pueblo generoso e indomable como el chileno. Los cambios en el pentagrama político imperante ya no es posible postergarlos. El clamor estudiantil logro quebrar el silencio en torno a la mala calidad y el lucro de la enseñanza, pero también, rompió el hielo de los duros defensores de un mañoso sistema electoral obsesionados con sus ventajas. La luz al otro lado del túnel, aparece tenue y titilante. La desesperación de algunos por "perfeccionar" el sistema electoral, se abrocha con quienes antes que sea demasiado tarde desean "mejorarlo",  y lo hacen durante la pausa natural que proporcionan los meses de verano para que el apuro por evitar la presión tremenda de la vuelta a clases, no los encuentre donde mismo y se vean obligados a un cambio que no pudieron acotar con precisión.  
 
A estas alturas, si la confianza ciudadana en las instituciones políticas era muy baja, la confianza entre instituciones con el acuerdo DC-RN, quedó muy cerca de nula. Pero aquí es exactamente donde se toca el fondo  y se renace. Las circunstancias creadas por el callejero descontento escolar sacaron de sus trincheras a los llamados a resolver las injusticias, a entender que lo más importante no es la coalición, ni el legado, ni el pasado de abusos o el enriquecimiento ajeno, si no una alameda de oportunidad para que quince millones de chilenos que merecen su incorporación al modelo a través de la única cosa que si lo puede lograr para siempre: una educación pública de calidad, comparable con la formación que entrega hoy solo un colegio particular. 
 
La gratuidad es menos importante, porque si bien garantiza que nadie quede fuera por falta de recursos al comienzo, ofrece un amplio espacio de debate para hacerlo con justicia, pero una justicia real y no una incongruente, como la de algunos que insisten en el engaño o simplemente no entienden que si alguien tiene para costear la buena educación de sus hijos, con seguridad paga suficientes impuestos o lo deberá hacer para elevar así el nivel precario de la enseñanza pública. Tal vez así disminuirán las desigualdades, los índices de delincuencia, los históricos menoscabos y hasta de repente, equiparar por dentro, lo que se ve por fuera en un país de grandes, bellos y modernos edificios como el nuestro. 
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