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Sacando el Derecho del aula a la calle

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El mundo del derecho suele aparecer comúnmente como una realidad lejana a la cabal comprensión para gran parte de nuestros compatriotas. Una comprensión lejana y dificultosa que ni siquiera aquellos eximios expertos de lo jurídico que desfilan en los programas de radio y televisión explicando el sentido y alcance de leyes, y frecuentemente también de los fallos de magistrados chilenos e internacionales, pueden aclarar con cierto grado de éxito. En nuestro país aquello que se encuentra en la esfera de lo jurídico y judicial es considerado como un saber de difícil acercamiento y de aún más difícil aprendizaje.


El Centro de Estudios y Análisis Jurídicos (CEAJ) pretende colaborar a explicar el Derecho desde el aula hacía la calle, devolviendo a la gente el poder del conocimiento que en algún momento le fue arrebatado.

Ha colaborado a esta comprensión el hecho de que muchos abogados consideran al derecho como un “saber especialísimo”, señalando la existencia de una “técnica jurídica” que permite, en definitiva, explicar aquello que las “reglas y principios” (Dworkin, 1978) que informan el ordenamiento jurídico quieren referenciar y a sobre qué situaciones, personas y momentos debe aplicarse. Desde ese punto de vista, el jurista sería el que debiese “ius exponere” o explicar el derecho, en analogía al antecedente etimológico en latin de la jurisdicción en su formulación previa de “ius dicere”, o sea, la labor de declarar el derecho que en definitiva le compete a los órganos jurisdiccionales del Estado.

El problema se encuentra en que la necesidad de explicar el Derecho a la sociedad parece presentar un contrasentido evidente porque es justamente el Derecho aquel conjunto de normas jurídicas que se ha otorgado determinada sociedad para permitir su convivencia de manera pacífica y de resolver sus conflictos, y si el sistema de ideas que la propia sociedad se otorga para regular sus relaciones no es comprendido por la sociedad significa que existe algún o algunos eslabones de la cadena en la producción del derecho, de aquellas reglas y principios que regulan nuestra convivencia, que no ha o no han logrado cumplir su función.

Nosotros consideramos que el principal eslabón en la falta de comunicación entre la sociedad y las normas jurídicas que la rigen, se encuentra en la falta de formación cívica que se recibe en la educación formal de nuestro país. Respecto a aquello, el Estudio Internacional sobre Educación Cívica y Ciudadanía de 2009 muestra que nuestro país se encuentra por debajo del promedio de los 38 países que participan esta mediación. En ese sentido, este estudio reveló una cuestión extremadamente preocupante en el entendido de que sólo 1/5 de los jóvenes chilenos es capaz de relacionar las diversas dimensiones de la realidad sociopolítica nacional con la normativa que regula dichas actividades.

Independiente de estos magros resultados recién en julio de 2014 el senado representó a través de un acuerdo a la Presidenta Bachelet para que instruyera al Ministro Eyzaguirre que “en el contexto de las necesarias y profundas reformas que el Gobierno está impulsando en materia educacional, considere la más pronta re-incorporación de la Educación Cívica al sistema educativo chileno, ya sea a través de una asignatura, programas, talleres u otras formas pedagógicas participativas que sean efectivas y permanentes” (Boletín N° S 1.667-12). Sin duda sería una buena noticia que se pueda aplicar una política pública que logre abarcar esta importante deficiencia.

Por el momento parece relevante que la sociedad civil colabore con la tarea de formar ciudadanos y ciudadanas que a través del conocimiento puedan ser responsables de sus actos y del futuro de nuestro país, desmitificando aquella insana doctrina que enaltece y aleja el conocimiento de lo normativo de la sociedad, debiendo por el contrario otorgarle el poder del conocimiento a quienes están llamados a ejercer su soberanía de regulación: el pueblo en su conjunto. Una buena noticia al respecto es el Centro de Estudios y Análisis Jurídicos (CEAJ) que pretende colaborar a no explicar el Derecho de la manera en que en líneas previas hemos criticado, sino que a llevar estos conocimientos desde el aula hacía la calle, devolviendo a la gente el poder del conocimiento que en algún momento le fue arrebatado.

Por Santiago Trincado M. Coordinador General Centro de Estudios y Análisis Jurídicos (CEAJ)

TAGS: Derecho a la Información Pedagogía del Siglo XXI

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