En un sector bastante conservador del país se ha hecho presente la idea de que la nueva Constitución sea redactada por una «Comisión Bicameral«, es decir, por nuestros congresistas.
Esto me ha causado, por decir lo menos, inquietud y extrañeza (y no por el deplorable 3% de confianza con el que cuenta el Congreso según la Encuesta CEP). Por lo mismo, creo necesario detenerse un momento a reflexionar e interrogarse: ¿qué es lo que está en juego en la confección de una nueva Constitución?¿Qué está en juego en la elaboración de una nueva Constitución? Qué duda cabe: no sólo la arquitectura institucional de un país, sino que también las definiciones para limitar o encausar “lo social” de una manera determinada; por lo que para ello no sirven los meros saberes de una clase política evidentemente alejada del modo de vida de las mayorías, sino más bien se requiere de la participación y sentir de la sociedad civil. En virtud de ello, creo que el mecanismo que garantiza de mejor forma una definición óptima del modo en cómo queremos vivir juntos es: la Asamblea Constituyente.
A mi juicio, la respuesta se encuentra en dos concepciones complementarias: una, ligada a un pensamiento más “convencional”, y otra, a una tradición más bien “crítica”.
La primera, entiende la Constitución como un dispositivo técnico-jurídico cuyo fin es diseñar y edificar una arquitectura institucional determinada, por lo que está en juego el tipo de orden y gobierno que se pretende instituir. Mientras que la segunda, la concibe como un documento que registra trazos de conflictos pasados, los cuales definen y participan en los conflictos del presente, es decir, se visualiza un momento donde se determinan los límites y contornos de «lo social”, en otras palabras: está en juego la movilización de un modo de vivir en sociedad, un modo de vivir juntos.
Si tomáramos como referencia sólo la primera concepción, se impondría con facilidad la idea de una comisión integrada por los “profesionales de la política”, no obstante, los elementos que entrega la segunda son centrales para dar cuenta de la centralidad que adquiere la participación ciudadana en un momento de fundación política como el que se avecina.
En efecto, creo inadecuado que una comisión de incumbentes, con evidentes conflictos de interés (¿legislarían de acuerdo a los margenes otorgados por una Constitución hecha por ellos mismos?), sea quien redacte la nueva Constitución, más bien entiendo que debe ser la ciudadanía que vive y siente las orientaciones normativas impuestas por el brazo cívico de la dictadura quienes, mediante un mecanismo institucional, realicen esta labor.
Retomando la pregunta que encabeza la columna ¿qué está en juego en la elaboración de una nueva Constitución? Qué duda cabe: no sólo la arquitectura institucional de un país, sino que también las definiciones para limitar o encausar “lo social” de una manera determinada; por lo que para ello no sirven los meros saberes de una clase política evidentemente alejada del modo de vida de las mayorías, sino más bien se requiere de la participación y sentir de la sociedad civil. En virtud de ello, considerando las opciones institucionales expuestas por el Ejecutivo, estoy convencido que el mecanismo que garantiza de mejor forma una definición óptima del modo en cómo queremos vivir juntos las próximas décadas es una Asamblea Constituyente.
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