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Publicidad electoral: ciudad y democracia

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Por ponerlo de una forma simple, la ley en Chile no sólo no castiga a quienes eventualmente contaminan, sino todo lo contrario: algunos (políticos) son premiados con la devolución de su dinero por tapizar nuestras ciudades con basura electoral.

El 5 de agosto en Australia se sostuvieron elecciones presidenciales. Ese día, en las calles de Melbourne no se encontraba nada de publicidad electoral que contaminase el entorno. En el peor de los casos, se encontraba algunos panfletos botados cerca de los locales de votación. El resto de la ciudad, como siempre, completamente limpia. En contrapartida, en Chile cada vez que hay elecciones nuestras calles y alumbrado se llenan de propaganda que, después de la elección, se convierten en basura (electoral). ¿Por qué el ciudadano debiese permitir que los políticos contaminen su entorno? ¿Por qué debiésemos permitir que algunos puedan llenar de propaganda nuestras ciudades cuando ni siquiera la propaganda comercial es tan masiva? ¿Por qué debiésemos permitir que los políticos cuelguen sus pancartas cuando la gente común y corriente tiene prohibido colgar propaganda en los estadios de fútbol? Por qué permitimos que nuestras ciudades se puedan contaminar en ciertos periodos (campañas electorales por ejemplo)?

Si bien, en teoría, los candidatos deben limpiar la propaganda después de las elecciones, en la práctica, sucede que la gran mayoría olvida sus pancartas y gigantografía. No es extraño, de hecho, ver propaganda electoral olvidada que permanece por años después de una elección. No creo que sea un olvido intencional, debido a la masividad de las campañas electorales, es esperable que la cantidad de basura electoral olvidada sea, a su vez, considerable.

Creo que sería razonable prohibir la propaganda política que potencialmente contamine como pancartas, gigantografías, murales, etc. Si prohibiésemos este tipo de publicidad política, no sólo estaremos contribuyendo a la limpieza de nuestros barrios y ciudades, sino que también estaremos promoviendo el mejoramiento de nuestras instituciones democráticas.

Si restringiésemos el tipo de propaganda electoral que queremos, es esperable que esto genere una mayor competencia entre las ideas de los candidatos. El número de gigantografías ya no será un argumento que acerque a ganar un cargo público. Lo será, sin embargo, las apariciones en los noticieros de la televisión, radio, franja televisiva, presencia en redes sociales y propaganda en Internet. Políticos necesitarán ganar espacios en los medios para aparecer públicamente. Partidos políticos emergentes o de menor envergadura se verán favorecidos ya que estarán en mejores de condiciones para competir con los grandes conglomerados. Mayor competitividad electoral generara una mejor y más sólida democracia.

Existe, sin embargo, un contrargumento a la idea arriba expuesta.  Si  restringiésemos el número de plataformas en que los candidatos pueden hacer propaganda política, esto no necesariamente mejorará la competencia electoral ya que de todas formas los grandes conglomerados tendrán más dinero para invertir en aquellas plataformas en que sea legal hacerlo. Así, por ejemplo, los grandes conglomerados políticos seguirán teniendo más recursos para gastar en propaganda online, redes sociales, radio y la franja televisiva. El escenario más probable es que los grandes conglomerados seguirán teniendo más poder económico para poder invertir aquellas plataformas que no contaminen. Sin embargo, al restringir el número de plataformas en que se permite hacer propaganda política, los partidos de menor envergadura estarán en mejores condiciones para competir. Adicionalmente, el rol de la creatividad en las campanas será más importante de lo que es ahora. Ya no bastará con tapizar una ciudad con un rostro político, ahora estos tendrán que competir por sus ideales políticos o por las apariciones en otros medios. Esto, idealmente, terminará con la percepción de que una campaña política es sólo una empresa de marketing en que el rostro es más importante que cualquier ideal.

En relación con lo anterior, tiendo a pensar que si hiciésemos efectiva esta propuesta, bajaríamos los costos de las campañas políticas. No sé a ciencia cierta cuanto se invierte en propaganda electoral desplegada en las calles, sin embargo seguramente una buena proporción de lo invertido por candidatos va a parar a este ítem. Así, bajar los costos de las campañas implicara una mejor competencia, el dinero dejará de ser (o será en menor medida) un asunto que acerque al poder político.

La nueva ley electoral tuvo la intención de reducir los costos de las campañas electorales transparentando los gastos y poniendo un límite a estos. No obstante, el espíritu de la ley es violado ya que existe un artículo que permite a los candidatos ocultar de donde provienen los fondos (donaciones reservadas). En efecto, este artículo hace que la ley no sea más que letra muerta: al igual que antes los ciudadanos no tenemos control sobre el origen de los dineros y sobre cómo estos financian campañas electorales. De este modo, la propuesta de restringir las plataformas legales para hacer campaña, creará un mejor control sobre estas. Algo, por lo demás, que la nueva ley no logró hacer.

Por último, de acuerdo a la nueva ley, los candidatos presidenciales no deberían gastar más de 9 mil millones de pesos. La ley establece, además, que el SERVEL deberá devolver a los candidatos 686 pesos por cada voto obtenido. Personalmente creo que esto es un despropósito. La ley no sólo establece el costo de un voto, sino que premia con la devolución del dinero a los candidatos –incluso si éstos utilizando métodos que contaminan nuestras ciudades. Por ponerlo de una forma simple, la ley en Chile no sólo no castiga a quienes eventualmente contaminan, sino todo lo contrario: algunos (políticos) son premiados con la devolución de su dinero por tapizar nuestras ciudades con basura electoral.  

Propongo, por tanto, hacer ilegal el uso de propaganda política contaminante. Creo que dicha propuesta no sólo limpiara nuestras ciudades, sino que además contribuirá al mejoramiento de nuestras instituciones democráticas. Al igual que en Australia, debemos tener la capacidad de exigirles a nuestra clase política que actúe de acuerdo al principio de la igualdad: si a ellos no les gusta tener sus calles llenas de contaminación, por que contaminan nuestras ciudades.

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Foto: Felipe Smides / Licencia CC

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