La nueva política habitacional del gobierno significa un enorme retroceso a los tímidos e insuficientes avances que en materia de vivienda y justicia social significaron los gobiernos de la Concertación.
La eliminación del subsidio de localización para la vivienda social, que representaba un timido esfuerzo por integrar a los distintos segmentos sociales, permitiendo que se ubicaran en barrios con valores de suelo más caro que los máximos admitidos para la misma, volverá a condenar a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Ellos serán instalados en periferias cada día más lejanas y carentes de todo el equipamiento y la infraestructura necesaria para un desarrollo humano integral y una calidad de vida aceptable.
Se consagra así el retorno a las políticas habitacionales y urbanas de la dictadura, que soñaba, según reza el texto de la PNUD de 1979, con la constitución de barrios homogéneos en donde los ricos vivirían rodeados de ricos y los pobres, de pobres, acrecentando la segmentación urbana y eternizando la fragmentación social.
Se percibe en el subtexto de la determinación del gobierno, una alineación estratégica con las demandas de los grupos inmobiliarios. A través de la prensa oficial, estos han iniciado una nueva y brutal campaña de desinformación para intentar presionar al gobierno regional, a fin de aprobar la modificación del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, rechazado hace pocos meses en la misma instancia. Así se pretende incorporar al suelo urbano de la región metropolitana mas de 10.000 nuevas hectáreas, argumentando que ya no existen suelos para vivienda social ni para los sectores medios. Mientras el centro y el pericentro de nuestra capital, que representan más del doble de las hectáreas en discusión, sigue deteriorándose y vaciándose de habitantes.
De esta manera, entre las políticas del gobierno que condenarán a los más pobres a vivir cada vez más lejos del trabajo, del estudio, de la salud, de la culutra y de la entretención sana y los intereses de los grupos inmobiliarios que no toleran hacer negocios con márgenes de utilidad razonables y beneficiosos para la sociedad toda y no solo para ellos, asistiremos a la consolidación de esa ciudad dicotómica con la que sueñan algunos. Una sociedad donde coexistan sin toparse ni conocerse el derroche y la escasez; la salud y la enfermedad; el ocio y la superexplotación; la educación para los ricos y la educación para los pobres; el consumo de drogas seguro y costoso y el microtráfico y las riñas de bandas y pandillas que pretenderán asegurar la oferta de “mercancía” a quienes demandan y mercadean en las zonas adineradas, por supuesto sin peligro ni problemas con la justicia.
Así, mantendremos “condenados” a estos últimos a ser gerentes o mandos medios de grandes empresas y emprendedores y a los primeros, a ser la mano de obra barata de los segundos.
Seguramente las futuras cárceles concesionadas se seguirán llenando de aquellos que provienen de los barrios periféricos, en donde seguirá campeando el microtráfico, el alcoholismo,la drogadicción, la violencia intrafamiliar y el desempleo, mientras en los sectores pudientes se seguirá defendiendo a la familia y la seguridad ciudadana con más muros y más rejas. Con más oficiales tentándose con el negocio para asegurar el statu quo y los rivilegios de quienes más tienen, mediante leyes que estigmatizarán a los postergados y criminalizarán, endureciendo cada vez más las penas, la protesta social y la desesperanza aprendida.
Cada cierto tiempo veremos que unos cuantos de ellos morirán quemados en alguna cárcel concesionada o del Estado, o enterrados en alguna mina, o desaparecidos luego de haber sido detenidos mientras un carabinero que sabe que posee permiso para matar y el monopolio de las armas y la violencia legal, impunemente dirá, “y si lo mato no más, total, otro detenido desaparecido, qué más da?"
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Foto: Maulon! / Licencia CC
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