Nos encontramos, como se evidencia, ante una realidad que por su envergadura debe ser abordada integralmente por todos los sectores de la sociedad. Una ocasión propicia para hacerlo es en el contexto del nuevo pacto social e institucional que reclama una parte creciente de la sociedad, y que las élites políticas hasta ahora, sin embargo, rehuyen.
En Chile persiste la discriminación en razón de variables étnicas y raciales. No lo dice una ONG, ni un grupo afectados por esta realidad, sino el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas (CDRC). Ello, tras concluir en agosto pasado en Ginebra su examen al informe presentado por el Estado de Chile en cumplimiento de sus obligaciones contraídas al ratificar la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.
En efecto, en dicho informe el Comité observó que el marco legislativo así como las políticas públicas del Estado chileno para hacer frente a esta crítica realidad de derechos humanos, están lejos de impedir la discriminación racial, la que la Convención entiende como “…toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales…” (Artículo 1).
Es así como en cuanto a la Ley de no discriminación aprobada por el Congreso, el Comité lamentó que ella “…no prevea claramente medidas especiales que garanticen el goce pleno e igual de derechos humanos y libertades fundamentales de todos los grupos en el Estado”. Sostuvo, además, que dicha ley “…podría llevar a los jueces a una interpretación que justifique ciertas acciones de discriminación y exima de responsabilidad a los actores de dicha discriminación”. Igualmente lamentó que en ella no se “…tipifique como acto punible toda difusión de ideas basadas en la superioridad o en el odio racial, toda incitación a la discriminación racial, todo acto de violencia con motivación racial así como la participación en organizaciones o actividades que inciten a la discriminación racial.”
En relación con los pueblos indígenas el Comité expresó su preocupación “por los obstáculos en el acceso a la justicia a los que se enfrentan los pueblos indígenas, incluyendo la falta de asesoramiento legal y de servicios de interpretación”, así como por “…la lentitud de los progresos para reconocer constitucionalmente los derechos de los pueblos indígenas y para instaurar un mecanismo efectivo de consulta y participación indígena de acuerdo a las normas internacionales, particularmente el Convenio N° 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas.”
Siempre en torno a estos pueblos al Comité también le preocupa que “…el mecanismo de concurso público para la devolución de tierras de la Comisión Nacional Indígena (CONADI) impida a muchos miembros de los pueblos indígenas acceder a sus tierras ancestrales.” Igualmente manifestó preocupación “…respecto a quejas de los pueblos indígenas que siguen siendo afectados por la explotación de los recursos naturales, los vertederos de desechos, y la contaminación del agua y otros recursos del subsuelo en sus territorios”, y frente al hecho de que ellos “…no estén acompañados de medidas de resarcimiento.”
Manifestó asimismo reparos por “…la continua aplicación desproporcionada de la Ley (antiterrorista) a miembros del pueblo Mapuche por actos ocurridos en el contexto de reclamos por sus derechos, incluyendo sobre sus tierras ancestrales”, así como por “el uso indebido y excesivo de la fuerza contra miembros de comunidades Mapuches, incluyendo niños, mujeres y ancianos, por los Carabineros y la Policía de Investigaciones en el cumplimiento de órdenes de registro y otras operaciones policiales”, y por “…la impunidad ante dichos abusos.”
Finalmente, el Comité observa con preocupación que los pueblos indígenas “continúan viviendo en estado de pobreza y marginación”.
Otro sector cuya situación preocupa al Comité es el de los migrantes, particularmente los de origen latinoamericano, los que a su juicio “… continúan enfrentándose a discriminación y obstáculos en el ejercicio de sus derechos”, siendo objeto de “prejuicios y estereotipos” por ciertos medios de comunicación. Llama la atención, a su vez, en relación a “trabajadores migratorios en situación irregular en Chile “… que el principio de jus soli no se aplique a sus hijos, lo que en algunos casos, podría conllevar a niños y niñas apátridas.”
En relación a los afrodescendientes, el CERD constata que éstos no solo no cuentan con una legislación que les brinde protección, sino que además son invisibilizados, en la medida en que no existe información sobre ellos para elaborar políticas en su favor.
Frente a cada una de estas realidades el Comité formuló al Estado chileno diversas recomendaciones en materia legislativa, de política pública y en materia educativa y cultural para revertir esta situación, muchas de las cuales ya habían sido formuladas en sus informes anteriores relativos a Chile, el último de 2009, sin que estas hayan sido atendidas.
Se trata, como sabemos, de temas críticos de derechos humanos que el Estado y la sociedad chilena no resuelven, a pesar tiempo transcurrido y del incremento de la diversidad racial en Chile. Lo anterior, como consecuencia de la mayor autoidentificación indígena hoy existente y del crecimiento poblacional experimentado por los pueblos originarios en los últimos años, así como también por el creciente flujo migratorio a Chile, en particular de países latinoamericanos en los que predomina -entre quienes vienen a buscar nuevos horizontes a Chile- la población indígena y afrodescendiente.
Se trata por lo mismo de un problema de gran envergadura cuya superación requiere de una acción mucho más decidida del Estado y de la sociedad en su conjunto. Sabemos, además, que este problema no será resuelto por la actual administración conservadora, no solo porque le resta muy poco tiempo en el poder, sino también porque más allá de su discurso retórico sobre la riqueza de la diversidad cultural de los que identifica como “nuestros” pueblos indígenas, quienes la integran y respaldan conforman un espectro de la sociedad chilena que tiene como elementos fundantes de su identidad y cultura, el prejuicio y la discriminación racial.
Sería ingenuo a su vez pensar que un nuevo gobierno de la Concertación -ahora Nueva Mayoría- va a lograr superar esta grave problemática de derechos humanos si no lo hizo, más allá de esfuerzos iniciales y fragmentarios, durante dos décadas en el gobierno. Por el contrario, como el mismo Comité constató en informes anteriores, bajo las administraciones de la Concertación no solo no se introdujeron transformaciones jurídicas y políticas pública para terminar con esta realidad, sino que se impulsaron políticas -como la criminalización de la protesta social indígena- que al amparo de la Convención constituyen hechos evidentes de discriminación racial.
Nos encontramos, como se evidencia, ante una realidad que por su envergadura debe ser abordada integralmente por todos los sectores de la sociedad. Una ocasión propicia para hacerlo es en el contexto del nuevo pacto social e institucional que reclama una parte creciente de la sociedad, y que las élites políticas hasta ahora, sin embargo, rehuyen.
Como lo demuestra la experiencia de otros estados en la región que han logrado pactos sociales inclusivos expresados en nuevas cartas constitucionales, es en un pacto de esta naturaleza donde se deben establecer –con la participación de todos los sectores- las bases no solo del reconocimiento de la diversidad étnica y racial hasta ahora negada en Chile, sino también la naturaleza plurinacional e intercultural del Estado. Asimismo, es en un pacto de esta naturaleza donde se deben establecer los mecanismos –sistemas de participación política proporcional, de autonomía territorial, de educación diferenciada, entre otros- que hagan posible el ejercicio de los derechos tanto individuales como colectivos, y en todas las esferas –económica, política, social y cultural-, de toda la población, incluyendo por cierto el de sectores discriminados en función de su origen étnico y racial.
Otra tarea pendiente para Chile.
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Foto: Gerardo Espíndola / Licencia CC
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