Fue hace más de un año, el 17 de junio de 2014, cuando la presidenta Michelle Bachelet hizo un anuncio ampliamente esperado por la ciudadanía de la capital regional. “Construiremos un parque público en el sector de la Escuela Agrícola” dijo la mandataria durante un acto organizado en el Centro Cultural Municipal, a pocos meses de haber asumido su segundo período en La Moneda.
Sus palabras se hacían eco de lo que desde hace varios años se venía proponiendo para la ciudad. No solo un parque público, sino uno que fuera una potente señal política de inclusión y menor segregación. Y ese debía –y debe- estar en sector alto de Coyhaique, donde habitan los coyhaiquinos y coyhaiquinas con menor acceso a servicios públicos en general, de recreación y a condiciones que les permitan mejorar su calidad de vida.Lo que ha ocurrido con el debate sobre el futuro parque público es un ejemplo en contrario. Uno que torpedea, una vez más, la legitimidad de una institucionalidad que tiene a veces más de monarquía que de democrática sociedad.
Ya en 2009 la Agrupación Coyhaique Sustentable, cuando la idea de contar con una infraestructura de este tipo aún no era de sentido común generalizado, realizó una acción ciudadana y reunió cientos de firmas para concretar esta aspiración que nace de la experiencia de vivir en la periferia. De conocer la realidad de una urbe que crece y que, muchas veces con razón, va alimentando el sentimiento de la exclusión producto de decisiones que privilegian a sectores no postergados de la población. Como se dice por ahí, a los mismos de siempre.
Debo hacer un alcance.
Vivo en centro de la ciudad, a escasas cuadras del hospital regional, en el área de influencia favorable del Parque Público Costanera Río Simpson que el ministerio de Vivienda ha estado impulsando, hoy junto a la municipalidad de Coyhaique, por estar incluido en el programa “Chile Área Verde” y por ser, al igual que el de la Escuela Agrícola, una iniciativa del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas.
A pesar del cuestionamiento de algunos de sus integrantes, el Consejo Regional de Aysén aprobó la semana pasada un presupuesto de $1.248 millones para avanzar en ese parque. En un acuerdo, en opinión de algunos de los consejeros, no del todo transparente. Y aunque generaba rechazo, tanto de cores de Coyhaique como de Aysén y Cochrane, los recursos se priorizaron para dicha obra. Aunque el propósito explícito de la presidenta y de la ciudadanía fuera otro. El de la Escuela Agrícola.
No están claros aún los motivos de este empeño, asociado a retirar de las prioridades una iniciativa que podía haber tenido un profundo sentido social, político e incluso ético. ¿Por qué la resistencia a un parque público en el sector alto de la ciudad? ¿Es el entorno social circundante muy poco turístico? ¿Muy lejano para quienes vivimos en las inmediaciones del centro de la ciudad? ¿Influyó la cercanía del otro parque con el lugar de trabajo de quienes constituyen los órganos técnicos responsables de su ejecución? ¿El valor de los terrenos fue decisivo?
Dudas extrañas, dirán algunos. Injustas, podrán decir otros. Pero la ausencia de explicaciones claras solo las acrecientan.
Más allá del interés expresado por el ministerio de Vivienda en el Parque Costanera Río Simpson, no son de conocimiento público los argumentos técnicos, políticos y sociales de su priorización. Ya lo dijo el consejero regional Nelson Maldonado, nulo avance existe en la materialización del parque que la presidenta Michelle Bachelet propusiera hace más de un año. Más aún, señaló que “con esta aprobación, lamentablemente la posibilidad de construir un gran parque en el sector alto de Coyhaique en el corto o mediano plazo se desvanece absolutamente”.
Recuerdo hoy cuando la idea de realizar plebiscitos en Coyhaique, como un forma de participación ciudadana vinculante, era planteada como una muy buena herramienta para fortalecer nuestra democracia. Así lo creímos y así lo seguimos sintiendo. La paradoja es que el hoy seremi de Vivienda Fernando Arancibia era también uno de los principales impulsores de la propuesta.
Lo que ha ocurrido con el debate sobre el futuro parque público es un ejemplo en contrario. Uno que torpedea, una vez más, la legitimidad de una institucionalidad que tiene a veces más de monarquía que de democrática sociedad.
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