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Hace unos días el Senado despachó a ley el proyecto que sanciona a quienes decodifiquen ilegalmente las señales de televisión satelital de pago, estableciendo multas de hasta $48 millones.
Con 17 votos a favor y sólo una abstención, la Cámara Alta dio luz verde para que la ley sea promulgada por el Presidente. Según los senadores la iniciativa tiene como objetivo proteger “la propiedad intelectual y los derechos de autor en el mercado de los servicios limitados de televisión, sancionando a quienes lucren ilícitamente mediante la comercialización indebida de instrumentos o programas que permitan decodificar señales”.
Puede estar uno de acuerdo o no con la medida que más parece un eufemismo proteger a las grandes empresas de distribución de TV por cable o satelital, las que entregan como productos señales que hace mucho, con las nuevas tecnologías, pueden ser obtenidas a costo infinitamente más accesibles que las tarifas que ofertan estas compañías. Al parecer, en algunos detalles los legisladores dejaron de lado al consumidor final quien también es, lo quieran entender o no los parlamentarios, el elector final, quedándole al consumidor la sensación de que se está protegiendo a las grandes empresas las que con cada nueva acción parlamentaria parecen ratifican ser los financistas de campañas.
Llama poderosamente la atención que en la discusión de esta ley ningún parlamentario haya puesto el interés en la protección de los consumidores finales, esto se refleja de manera categórica, por ejemplo, en el hecho de que una de las medidas de coercitivas de las grandes empresas de señal de TV por cable o satelital es eliminar del consumidor moroso la señal privándoles incluso de acceder a los canales que son de señal abierta e incluso privándoles de acceder al Canal Público (TVN) y a los canales de Cámara del Senado o Cámara de Diputados, sometiendo a un oscurantismo y aislacionismo informativo propio de otras épocas, en términos simple “Si no pagas, asta de los que es gratis y publico estas privado”
Por otra parte, la discusión de una ley no solo debe tener un carácter prohibitivo sino que además debe tener en sus discusión una mirada que también permita educar y que generar beneficio en este caso a los consumidores y no solo a la empresa de servicios, se extraña por ejemplo que no se obligue a una parrilla con una oferta con una mirada más inclusiva lo que está consagrado según el Concejo Nacional de Televison la que señala que los canales de la televisión abierta y los proveedores de televisión por cable, deberán aplicar mecanismos de comunicación audiovisual que posibiliten a la población con discapacidad auditiva el acceso a su programación en los casos que corresponda, lo que claramente hoy se circunscribe solo a algunos noticieros nacionales como tratando de hacernos entender que las personas de discapacidad auditiva solo tienen el derecho a una mínima información y no también a entretención.
Al parecer, en algunos detalles los legisladores dejaron de lado al consumidor final quien también es, lo quieran entender o no los parlamentarios, el elector final, quedándole al consumidor la sensación de que se está protegiendo a las grandes empresas
Sería bueno, quizás, que en esta discusión algunos de nuestros representantes impulse la idea de que las empresas de TV Cable o Satelital, a lo menos aseguren, en caso de no pago o morosidad, la permanecia de la señal de los canales públicos o con señal abierta y que el costo del consumo sea en proporcional al uso real de otras señales, ya que muchas veces costos de 30.000 a 50.000 pesos son sobredimensionados por ver una película en un canal internacional una vez a la semana.
Por último, lo mismo que hoy ofertan las empresas de señales de TV Cable o Satelital, no es de mejor calidad de lo que hoy podemos encontrar en la TV abierta o en una básica cuenta de Netflix con una diferencia abismante. Hoy existen las tecnologías necesarias para no dejar en el oscurantismo televisivo a los consumidores que sufren algún tipo de retraso en sus cuentas, pero por sobre todo debe existir por parte de los parlamentarios la voluntad de ponerse en lugar de los Consumidores/electores y no solo la voluntad de legislar en pro de la Empresa que financia campañas.
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Javi-Al
Pienso que queda poco tiempo, normalmente se escurren cuestiones importantes y la claridad y orientaciones que requerimos de las leyes no están. Estimo que se pasa mucho tiempo adecuando la gran legislación que nos llega de los organismos internacionales, quienes son los verdaderos legisladores, dependemos de ellos, y están trabajando a full por lo tanto llegará y llegará insumo para leyes que corresponden a esos intereses, perdimos nuestra libertad legislativa sin darnos cuenta.