Orden público desde una mirada social

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“es hora de abordar la violencia en las manifestaciones con mayor severidad usando las herramientas que proporciona la legislación vigente.”

“A mí no me preocupa tanto el robo y el pillaje, porque siempre han existido, sin embargo lo que me alarma es el desprecio y la burla a las fuerzas encargadas de mantener el Orden Público”.

Esta intervención apostólica que expresara a mediados del siglo pasado el Cardenal y Patriarca de Venecia y luego Papa Juan XXIII, hasta hoy cobra especial vigencia y valor.

Este pensamiento lo he mantenido vivo desde hace mucho tiempo y resurge con preocupación al observar los hechos acontecidos con motivo de la última marcha de los estudiantes por la Alameda.

En esta ocasión hemos visto actos de violencia y brutalidad con resultado de manifestantes y carabineros lesionados de gravedad. Estas imágenes provocan un justificado horror en amplios sectores sociales; esta violencia genera no solo cuantiosos daños a la propiedad pública y privada, sino además  ocasionan  situaciones que vulneran gravemente  derechos de las personas y su integridad física.

En este escenario surgen voces que hablan de un mito que es necesario desvirtuar. Es así  como algunos medios y también actores  sociales y políticos se dividen en dos posiciones contrapuestas. Unos critican la “pasividad” de la policía, argumentando que este actuar se justificaría en el temor de los miembros de la Institución a ser sancionados o dados de baja en caso de cumplir con su misión. Los otros sostienen  que a los carabineros los motiva una predisposición en contra de las personas que se manifiestan pacíficamente, sin apego a ningún principio legal y profesional. Ninguna de estas interpretaciones carece de veracidad, por cuanto en la práctica lo que ocurre es que Carabineros debe actuar conforme a un mandato constitucional y legal, para proteger en primer lugar a las personas de los movimientos sociales que se manifiestan pacíficamente, previniendo en lo posible las conductas delictivas, inspirados en los valores de su doctrina institucional de proteger a las personas y brindar el reconocido rol de solidaridad social.

Entonces, es hora de abordar la violencia en las manifestaciones con mayor severidad usando las herramientas que proporciona la legislación vigente. Para ello se requiere el uso de la máxima extensión de la fuerza de la ley. Tampoco se debe olvidar que  el año 2004 los poderes Ejecutivo y Legislativo dictaron una ley que aumentó significativamente las penas a quienes agreden, lesionan y dan muerte a un Carabinero, en actos del servicio. Por otra parte, las Fuerzas Especiales de Carabineros (FFEE), han ido siendo dotadas de mejor equipamiento para protegerse de los diversos elementos contundentes e inflamables que son utilizados en algunas manifestaciones (Santiago, Aysén, Freirina, etcétera). Al respecto, es necesario declarar que siempre he sido contrario a la violencia policial al margen de la ley, que autoriza el uso de la fuerza legítima, así como también me resultan repudiables los ataques cobardes a Carabineros, quienes tienen como misión hacer cumplir la ley y proteger a las personas.

Considerando el marco legal y las herramientas con que se cuenta, Carabineros no debería verse sobrepasado por la agresividad de encapuchados provistos de armas informales. Sin embargo existe un grave problema: es el evidente déficit  de dotación. Francia tiene una población de 65 millones, la Unidad de FFEE cuenta con 12.100 uniformados, más 1.500 civiles, pertenecientes a  la Policía Nacional, además de 14.000 efectivos de la Gendarmería Nacional, lo que significa una dotación de 27.600 miembros de FFEE, con dedicación exclusiva, para todo el país. Esto determina una proporción de un policía de FFEE por cada 2.355 personas. ¿Y en Chile cómo estamos? Para una población de 16 millones, dudo que distribuidos en todo el país haya una dotación de 2.000 efectivos de FFEE con dedicación exclusiva, es decir, un carabinero de FFEE por cada 8.000  habitantes.

Si consideramos además que las funciones de orden público en las protestas callejeras producen un impacto negativo en la vigilancia policial permanente; en los planes cuadrantes de  seguridad preventiva, en la persecución del delito y en la protección de las personas, producto del personal que se debe destinar de las diferentes Comisarías de Orden y Seguridad, la situación es realmente preocupante.

En consecuencia, sostengo que se requiere una nueva forma de enfrentar estos hechos, usando una mayor severidad por parte del Estado, con nuevas estrategias y tácticas y el uso de mejor inteligencia policial, entre muchos otros recursos. Creo que cuando los Gobiernos presentan falencias en el control de la violencia,  así como  en el combate del delito común, los costos políticos se acumulan soterradamente y a veces pasan la cuenta en los procesos electorales.

Por otra parte, la misión de mantener el orden público y controlar los desórdenes, requiere de un permanente reentrenamiento de la Policía que cumple esta labor.

Fue así  como a raíz de una visita al Campo de Reentrenamiento de la Gendarmería Nacional Francesa en  Saint- Etienne, copiamos su modelo  y lo replicamos a menor escala en Carabineros, lo que ha permitido reentrenar desde entonces, varios miles de Carabineros en técnicas y tácticas para una mayor profesionalización de la misión de FFEE, así como una variedad de objetivos evaluables para mejorar las diferentes funciones asignadas a Carabineros.

Ahora, desde una perspectiva política, las movilizaciones sociales son parte de una sociedad democrática y no deben ser estigmatizadas por hechos de violencia que son delictuales. Es deber del Estado resguardar el Orden Público, perfeccionar su actuar y aplicar la ley de manera severa en beneficio de los ciudadanos que se ven amenazados. Lamentablemente la denominada clase política está más preocupada de lo que sucede en sus partidos que en el país y no se ha hecho cargo de enfrentar las formas más violentas del descontento social.  Así entonces, además de la acción del Estado, los líderes sociales y actores políticos están obligados a esforzarse  para que la violencia no limite las legítimas aspiraciones de la ciudadanía, que cuando se organiza pone en jaque al poder.

En ese sentido, no puedo dejar de reflexionar y relacionar que esta conjunción de manifestaciones pacíficas, demandas razonables y uso de la violencia extrema y cotidiana tiene un perceptible componente político-ideológico. Para ello es útil referirse a una reciente publicación del Premio Nacional de Historia, Gabriel Salazar, quien afirma: “hace ya 21 años desde que la Concertación de partidos por la Democracia, volviendo la espalda a sus principios históricos, comenzó a administrar la herencia pinochetista con ortodoxa eficiencia neoliberal.” Entonces, la pregunta es ¿cuánto hay de estas consignas como motivación pseudo-revolucionaria en estos actos de violencia?

* Alberto Cienfuegos B., ex Director General de Carabineros.

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Foto: Tomasoski / Licencia CC