El nuevo y reciente protagonismo alcanzado por los ciudadanos y sus organizaciones, alentado y visibilizado por la oposición a los proyectos hidroeléctricos de Hidroaysén y a las políticas universitarias del actual Gobierno, constituye una gran oportunidad para que las organizaciones sociales que encabezan estos procesos den un paso más en su desarrollo: rendir cuenta de sus métodos, objetivos y fuentes de financiamiento, sobre todo cuando entre los críticos de las organizaciones del sociedad civil se enarbola el argumento sobre “su oscuro financiamiento”. No sólo se lo deben a quienes los han seguido con entusiasmo y esperanza, sino además, lo necesitan para fortalecer sus propias capacidades de convocatoria.
La representatividad y masividad que han alcanzado los movimientos expresan un malestar que trasciende a la conservación de nuestro patrimonio ambiental y al financiamiento de las universidades públicas. Ambas demandas son, por cierto, fundamentales, pero subyace a ellas una aspiración mayor, una vocación ciudadana de incidir en las decisiones públicas.
El anhelo de satisfacer demandas sociales significa, en este caso, nada menos que desafiar intereses particulares y participar en la construcción de una democracia desarrollada. Lo anterior adquiere aún mayor significación, cuando constatamos la ausencia de los partidos políticos, a quienes de seguro los manifestantes no echan de menos. No hay cabida para el partidismo –al menos en su forma actual-, aunque sí la hay para la Política con mayúscula, aquella capaz de vincularse con la ciudadanía, conducirla y expresar sus intereses a través de políticas públicas, leyes y programas.
Ciertamente no están cerradas las puertas a los únicos instrumentos que conoce la Democracia para representar a las personas: los partidos políticos. Pero el “santo y seña” para el ingreso es recuperar la capacidad de expresar a la ciudadanía.
Mientras tanto, los movimientos cuentan con la simpatía de una abrumadora mayoría en la opinión pública, según lo revelan todas las encuestas. En suma, es un fenómeno altamente legitimado, con un impresionante poder de convocatoria y una autonomía a toda prueba.
La pregunta es si posee sostenibilidad y auténtico potencial de incidencia. Detrás de esa duda laten dos peligros: uno es la violencia de unos pocos que de manera oportunista aprovechan la efervescencia para cometer tropelías y que terminan opacando el protagonismo ciudadano. Otra, la real capacidad de las organizaciones sociales para honrar la confianza que le ha dado el movimiento social.
Allí es donde se juega la responsabilidad de las organizaciones sociales e instituciones sin fines de lucro. Las asociaciones que encabezan las manifestaciones, así como otras cientos de instituciones consagradas a fines sociales, estamos llamadas a preservar los más altos niveles de transparencia.
Precisamente porque la ciudadanía deposita en nosotros sus expectativas de aportar al bien común, no puede bastarnos con la masividad y dinamismo de este movimiento. Tenemos que responder a su confianza, y también a la de nuestros cooperantes fortaleciendo nuestras instituciones, modernizando nuestros mecanismos de gestión y abriéndonos al escrutinio público, mediante criterios más exigentes de rendición de cuentas y de transparencia.
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Foto: Saulo Alvarado / Licencia CC
Comentarios
08 de junio
Bla, bla, bla, bla … …
¿Tú crees que la ciudadanía puede incidir en las políticas públicas?…
¿A la cuenta de cuántas marchas y destrozos?…
¿Efectivamente hay cabida para la Política con mayúscula, aquella capaz de vincularse con la ciudadanía, conducirla y expresar sus intereses a través de políticas públicas, leyes y programas?.
¿Dónde viste esa película?…
¿De verdad no están cerradas las puertas a los únicos instrumentos que conoce la Democracia para representar a las personas, esto es, los partidos políticos.?…
De hecho… ¿A qué te refieres con la palabra «Democracia» y a qué cosa con la expresión «representar a las personas»?…
¿Tú piensas que los partidos representan a las personas?…
Y qué es «recuperar la capacidad de expresar a la ciudadanía.»
¿Expresarle qué cosa?…
Si la ciudadanía deposita su confianza en las organizaciones, no veo de qué sirva que modernicen sus mecanismos de gestión y su apertura al escrutinio público, mediante criterios más exigentes de rendición de cuentas y de transparencia… Eso siempre lo debieran estar haciendo y seguramente esto se ha pensado en el pasado y ¿de qué se supone que ha servido?…
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