La “plataforma de seguimiento de personalidades y conceptos en Internet” es un entramado que permitiría al Poder Ejecutivo monitorear y crear una base de datos con las reacciones y opiniones que se emitan particularmente en las redes sociales comunitarias alternativas –en definitiva en sitios Web que se han organizado para opinar libremente- en torno a las autoridades del actual gobierno, entidades y tópicos de interés nacional.
Esta medida, impulsada por el Ministerio Secretaría General de Gobierno, y que se hizo pública en junio pasado, fue adjudicada a la empresa Brandmetric S.A., por un monto de $ 14.388.000.
Dicha plataforma es arbitraria, porque viola la intimidad de las personas y sus datos privados como usuario libre de Internet, medio en el cual, por lo demás, se pueden expresar todas las ideas sin restricción ni revisión alguna por un órgano específico. Se busca configurar una “base de datos de opiniones” como si fuésemos marcas o etiquetas comerciales, situación que no ha sido consultada ni explicada a los usuarios del ciberespacio ni a la comunidad en su conjunto.
No solo es arbitraria por carecer de la legitimidad popular, sino que también es ilegal, porque ni la Constitución ni las leyes autorizan que existan restricciones, monitoreos o creación de bases de datos de las opiniones que las personas emitan. Esto constituye un tratamiento de opiniones políticas y, por tanto, de datos sensibles de la población, conducta claramente prohibida por la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada o protección de datos de carácter personal.
Este sistema –cuyas especificaciones desconocemos- trata a las opiniones de los chilenos y a las personas como marcas o etiquetas comerciales, algo similar a lo que realizan las empresas con sus clientes y con la competencia empresarial. Las opiniones ciudadanas son emitidas en el ejercicio de sus derechos fundamentales, consagrados y garantizados en el artículo 20 de la Constitución y por los por tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por nuestro país.
En consecuencia, la acción del gobierno amenaza, perturba y priva de estos derechos, vulnerando la facultad de expresar opiniones disidentes y libres. Se va creando así el temor a opinar, porque habrá una entidad pagada por todos los chilenos que monitoreará y guardará nuestros datos, dichos y comentarios para quién sabe qué objetivos y metas, dañando gravemente la democracia popular
Instamos a la ciudadanía y a las diversas organizaciones sociales a hacer valer sus derechos. El miércoles 20 de julio, se presentó junto a la CUT y otras agrupaciones un recurso de protección, bajo mi patrocinio, a favor de todas las personas que nos vemos afectadas por esta acción arbitraria. Es momento de que ejerzamos nuestros derechos ciudadanos.
* Abogado de DD.HH. Equipo Jurídico FASIC y docente de la Escuela de Derechos de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
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Foto: Peiboliche / Licencia CC
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