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¿Más transparencia y participación? La deuda a nivel local

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A nivel municipal existe una pobre implementación de dos cuerpos legales que consagran nuevos derechos ciudadanos: el acceso a la información pública y la participación ciudadana en la gestión pública. Las autoridades municipales actuales no han desplegado una voluntad significativa de incluir nuevos mecanismos de participación ciudadana en la gestión pública, incorporando en sus ordenanzas de participación ciudadana nuevos mecanismos, reconocidos y con buenos resultados.

Hoy Chile cuenta con dos nuevas leyes que deberían facilitar el desarrollo de municipios más transparentes y abiertos al escrutinio de la ciudadanía: la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, N° 20.285, implementada a partir del año 2009 y la Ley de Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, N° 20.500, promulgada en el2011.

La ciudadanía como concepto implica mucho más que meramente a los habitantes de las ciudades. En términos amplios se la concibe como el poder influir y decidir sobre distintos aspectos de interés público, en su calidad de miembros de la comunidad nacional frente al Estado. La ciudadanía dice relación con el fortalecimiento de las capacidades para actuar en el debate, gestión y fiscalización de la acción pública, con autonomía y poder.

Variados autores (Cunill y Ziccardi,2004) distinguen entre una ciudadanía pasiva, aquella ciudadanía formal, consagrada legalmente, y que supone sujetos de derechos protegidos por el Estado, y una ciudadanía activa, que requiere la existencia de sujetos políticos capaces de hacer exigibles sus derechos, así como de realizar prácticas autónomas, deliberantes y participativas.

Al Estado le corresponde rendir cuentas (accountability) y abrir los espacios de deliberación, estableciendo mecanismos para que la ciudadanía activa pueda desarrollarse, mientras que a la sociedad civil, le corresponde la responsabilidad de ejercer control ciudadano y desarrollarse como una ciudadanía más activa.

Desde Ciudad Viva, Centro de urbanismo Ciudadano, desarrollamos un monitoreo nacional de la implementación de la Ley sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública (Ley 20.500) a Nivel Municipal, a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en Chile, con el objeto de conocer su grado de cumplimiento, a más de un año y medio de su entrada en vigencia.

El enfoque utilizado es de índole normativo, es decir, se enmarca en torno al nivel de cumplimiento de las nuevas leyes a Nivel Municipal.

El estudio se llevó a cabo durante el mes de marzo de 2012, a través de solicitudes de información pública remitidas a los 345 municipios del país, privilegiando la posibilidad de enviarlas vía web en primera instancia, correo electrónico en segunda y, sólo si no era posible lo anterior, a través de correo postal. Se contó como muestra con todas las respuestas remitidas por los municipios hasta mediados de mayo de 2012, plazo superior –incluso- al estipulado en la Ley de Transparencia 20.285.

La variable fundamental del estudio, que se midió por medio de una escala, es la de participación ciudadana a nivel municipal, que se diseñó considerando tres dimensiones: Consejos Comunales de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC), Ordenanzas de Participación Ciudadana e información sobre los cambios que incluye la nueva normativa.

Complementariamente, se diseñó una escala para medir una segunda variable, denominada transparencia a nivel municipal, que mide el grado de transparencia en los municipios, considerando las respuestas recibidas.

Los principales resultados de este estudio, evidencian que de 345 municipios existentes a nivel nacional, sólo 147 cumplieron con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, frente a la solicitud de información (Transparencia Pasiva). Es decir, 43% de los municipios respondieron en los plazos establecidos en la Ley 20.285 (plazo de 20 días hábiles), mientras que 57% de los municipios no emitió ningún tipo de respuesta. Cabe recordar que esta normativa se encuentra implementada a partir de abril del año 2009, por tanto, los municipios deberían tener operativos y en regla sus sistemas de respuestas a tres años de su inicio.

En lo que respecta a la Participación Ciudadana, el estudio permitió establecer que sólo el 2% de los municipios que contestaron la solicitud cuenta con un alto nivel de participación ciudadana en la gestión municipal. Se trata de los municipios de La Pintana y Osorno. En contraposición, los municipios con un bajo nivel de participación ciudadana en la gestión municipal, es decir, que ni siquiera están cumpliendo con los mínimos legales de la nueva normativa, representan al 48% del total de municipios que contestaron al estudio. Cifra significativa, donde se ubican con el puntaje más bajo Pichilemu y Graneros, en la Región del Libertador Bernardo O’Higgins. Otro dato sorprendente es que dos municipios de excepción, es decir, de los cuatro más ricos de Chile, se encuentren en el nivel bajo de participación ciudadana, como son los casos de Las Condes y Santiago.

En conclusión, los resultados del presente estudio evidencian que a nivel municipal existe una pobre implementación de dos cuerpos legales que consagran nuevos derechos ciudadanos: el acceso a la información pública y la participación ciudadana en la gestión pública. Las autoridades municipales actuales no han desplegado una voluntad significativa de incluir nuevos mecanismos de participación ciudadana en la gestión pública, incorporando en sus ordenanzas de participación ciudadana nuevos mecanismos, reconocidos y con buenos resultados.

En la reciente elección municipal el discurso de la participación ciudadana y la transparencia en la gestión estuvo presente. Hoy sabemos con datos empíricos que existe una deuda, pero tenemos una oportunidad para exigir a las nuevas autoridades avances concretos en la material que permitan una profundización democrática a nivel local y el ejercicio de una ciudadanía activa.

 

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