me parece que mientras este trabajo, como dice la honorable Sra. Allende, no se lleve en consonancia con lo que piden los mismos usuarios de cannabis de diversa índole, agrupados -de las que yo conozco- al menos en veinte ONG u organizaciones activistas pro-cannabis, la salida no estará completa y carecerá de esa necesaria participación ciudadana que se requiere para legislar en temas de esta índole
En el transcurso de esta semana no todo ha sido fútbol. Señales positivas se han dado desde el Senado en torno a la necesidad de una nueva política de drogas en nuestro país; esto a través de la columna de opinión que, como todas las semanas, publica la honorable presidenta del Senado doña Isabel Allende, y que en esta ocasión, tuvo como tema la necesidad de un enfoque racional sobre la ley de drogas.
En síntesis, la señora Allende hace una revisión general de las incongruencias presentes en nuestra ley 20 mil, las que organizaciones activistas pro-cannabis hemos identificado y denunciando desde hace a lo menos 10 años. Así, parte destacando la madre de todas las incongruencias: que se sancione el porte y toda forma de obtención de cannabis –cultivo, compra y comercio en general- y no el consumo privado de la planta (y de cualquier otra sustancia, por cierto). Prosiguiendo con los problemas que se coligen de la esencia de esta ley y sus reglamentos especiales: que la cannabis, así como toda otra sustancia contenida en el Decreto N° 404 (o reglamento de sustancias estupefacientes “lista 1”), es una sustancia peligrosa, productora de dependencia física y síquica, sin un uso médico reconocido, en circunstancias que la evidencia médica internacional y más aún, la experiencia de los propios pacientes, han demostrado las innumerables cualidades terapéuticas de la cannabis, desde el tratamiento de la depresión hasta los tumores cerebrales.
Acto seguido de este oscuro panorama, la honorable presidenta del Senado hace mención al camino que lentamente se abre en América Latina y el mundo, donde por primera vez la misma OMS y la OEA en 2013 recomiendan a los países reevaluar sus políticas de drogas en torno al tema de la cannabis, en efecto, en la Declaración de Antigua, Guatemala, se señala: “Que, como parte de la construcción de una política integral de drogas en el hemisferio, que adopta un enfoque multidimensional, se requiere: incorporar los aprendizajes de países y gobiernos sub-nacionales que han despenalizado la posesión y consumo personal de drogas ilícitas”. Y destacan en este sentido los casos de Holanda, veinte Estados de Estados Unidos y recientemente Uruguay.
Finaliza señalando la causa que a estas alturas se ha transformado en la insignia de las incongruencias de la ley 20 mil y peor aún, la vulneración de garantías fundamentales a las que esta conlleva, como el caso del reconocido siquiatra Milton Flores y que hoy tienen a nuestro país demandado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y al doctor Flores en un ayuno que se extiende ya por 68 días; y que por cierto ha suscitado el apoyo transversal de parlamentarios y la sociedad civil, desde el PC hasta Amplitud.
Creo humildemente interpretar entonces la intención de la Sra. Allende de estar dispuesta a avanzar en torno a la generación de una nueva política de drogas para nuestro país, y de buena fe creo también que estas palabras de la honorable presidenta del Senado representan al bloque de la Nueva Mayoría, ya que una nueva legislación en esta temática se entendería en el contexto de la serie de reformas que el actual gobierno ha impulsado en estos primeros 106 días y que vienen a darle un aire nuevo a la institucionalidad arcaica y anquilosada que Chile mantenía en una serie de temas, que más allá de afectar directamente a un grupo determinado, demuestra una precaria legislación interna en cuanto a garantías fundamentales (léase minorías sexuales LGTBI, mujeres, usuarios lúdicos, medicinales y sacramentales de cannabis, pueblos indígenas, personas con capacidades distintas). Lo que dotaría a nuestro sistema de mayor coherencia con los derechos que dice asegurar, puesto que el Estado está al servicio de las personas.
Es destacable que el gobierno haya comenzado una mesa de trabajo entre los diversos ministerios implicados en la temática de la política de drogas. Sin embargo, me parece que mientras este trabajo, como dice la honorable Sra. Allende, no se lleve en consonancia con lo que piden los mismos usuarios de cannabis de diversa índole, agrupados -de las que yo conozco- al menos en veinte ONG u organizaciones activistas pro-cannabis, la salida no estará completa y carecerá de esa necesaria participación ciudadana que se requiere para legislar en temas de esta índole, especialmente si se considera que el trabajo que ha desarrollado este grupo de presión en particular no es menor, se plantean objetivos claros para una nueva legislación, a saber, los contenidos en el petitorio de las organizaciones asociadas a la campaña «No más presos por plantar».
Lo que requiere nuestro país, entonces, no es una revisión de la ley 20.000 por parte de una comisión interministerial, ya que ella tiene en su esencia un sesgo que espero no comparta la Sra. Allende ni el gobierno, que es considerar al usuario de cannabis un ciudadano de menor categoría que los demás que no hacen uso de esta planta. Afirmo que este es el sustrato de esta norma puesto que se manifiesta en la inversión de la carga probatoria contra el usuario, en la lista negra de abogados que defienden causas de la ley 20.000 y que están vedados del servicio público, en la prohibición del consumo concertado, en la necesidad de autorización para cultivar en el hogar y en general con la gran cantidad de trabas y sanciones que se le imponen al usuario de cannabis para hacer uso de este derecho esencial.
Necesitamos un cambio de paradigma, donde se ponga al humano en el centro de la problemática de las drogas como un ser integral, que se garantice la protección de nuestro sustrato esencial como personas, en consonancia con lo que plantean los tratados internacionales vigentes a este tema. Y abordar el tema desde una óptica de la salud y no desde la persecución; y por sobre todo, incluir en la discusión –y esperemos finalmente en un proyecto de ley- los aportes que hagan las diversas agrupaciones que componen este grupo de presión, puesto que llevan un largo camino recorrido lidiando con la nefasta ley 20 mil. Son ellas quienes mejor pueden representar qué es lo que quieren los ciudadanos de una nueva política de drogas.
Creo ser ecuánime en señalar que los usuarios no quieren llegar al punto en que se nos plantea la salida medicinal-autocultivo y haber esperado la despenalización durante años, para tener que seguir demostrando algo más allá de su simple calidad humana, para estar en posición de poder usar cannabis.
El uso de cannabis es ante todas las cosas hacer uso de la libertad humana, hacer un ejercicio de dignidad y humildad, un pequeño intento por alcanzar las mejores condiciones materiales y espirituales posibles, que el Estado debe respetar. Ergo, es el Estado quien debe asegurar que nadie nos perturbe en este derecho, cultivando, reuniéndonos, explorando los beneficios de la cannabis, usándola para meditar, para pensar, tener una visión de más amplio espectro, trabajar, educar y una larga lista de etcéteras; puesto que ello pertenece al ámbito más íntimo de nuestra vida, donde ni el Estado ni ninguna persona puede intervenir imperativamente, nuestra soberanía personal de cuerpo y mente.
Espero entonces, esperanzadamente, que como la presidenta del Senado ya se ha pronunciado, se continúe hilando fino al interior de la Nueva Mayoría, buscando los acuerdos necesarios para avanzar integradamente en este punto. Y cabe preguntarse, ¿si la presidenta del Senado ya se pronunció, la Presidenta de Chile, cuándo?
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