Todavía no se cumple un mes del cobarde homicidio de Almendra, de manos de la pareja de su madre, quien fuera formalizado por la Fiscalía Oriente de los cargos de homicidio calificado y abusos sexuales infantiles. Cuando aún estaba en ciernes esto, Kimberly Medina, apuñaló a su hijo de un año y cinco meses, dándole muerte ya que estaba «aquejada por diversos problemas personales».
Y, de esto no podemos quedarnos silentes e indolentes. No se puede normalizar situaciones graves y amenazantes, como son el maltrato y los abusos sexuales de niños, niñas y adolescentes. La naturalización de estos episodios, por parte de quienes estamos comprometidos a la protección, reparación y promoción de derechos, es el verdadero colapso de un sistema.
Sin embargo, no es menor el rol de ciertos actores en esta horrible trama depositaria de tanta violencia en los más pequeños. Es evidente la falta de problematización de la comunidad, de lo local, del espacio cotidiano de aquellos que conviven con la violencia y son incapaces de realizar sencillas acciones de cuidado, recurriendo a las autoridades para constatar y denunciar lo que ocurre en tu espacio o mejorar sus cuidados, las prácticas diarias para con los niños. A ellos, mínimo el Estado, en su amplio sentido, les debe educación y capacitación, no sólo de un enfoque de defensa del delito violento o de la evitación de crímenes, sino como agentes conscientes de cambio en sus propias estructuras básicas, la familia, el colegio, el barrio, la iglesia, su comuna. Y, luego, que la prevención llegue a ser promoción, con la generación de garantes de derechos de los más vulnerables. ¿Es tan complejo esta actividad? ¿Hay recursos financieros para esto?La naturalización de estos episodios, por parte de quienes estamos comprometidos a la protección, reparación y promoción de derechos, es el verdadero colapso de un sistema.
En entrevista al ministro Alfredo Moreno, señala que solicitarán más recursos para la crisis del SENAME, pero la pregunta es ¿Quién se beneficiará de esos recursos? ¿Cuánto de esos dineros frescos irán a mejorar las condiciones de los niños, niñas y adolescentes? ¿Promoveremos garantes de Derechos de los niños que se anticipen a las vulneraciones? También somos responsables de saber a qué manos llegan estos recursos y quiénes son los que se benefician realmente. Porque cuando muere un niño o una niña todos hemos fallado, incluso en el proceso de saber si esos dineros se destinaron a prevenir delitos graves en contra de la infancia.
¡Bueno, pero qué fácil! – Puede animarse alguien a señalar – . Luego de los hechos acontecidos, todos somos culpables y nadie lo es a la vez, que manera de reducir situaciones gravísimas a meros comentarios de pasillo. Y con ello, exculpar a los que debiesen dar una respuesta. No es así.
No es una forma de tapar lo grave de los hechos. Es señalar que se ha hecho lo que se puede con aquello que se posee, que ahora en 2018 , en estos días es muy poco. Que hay programas de las diferentes líneas de acción en infancia que están, en este momento, trabajando para mejorar la situación de los niños, niñas y adolescentes, pero en contexto de colapso de un sistema en todas sus fases. Tanto en protección de derechos y responsabilidad penal adolescente, careciendo de intersectorialidad que pueda colaborar al menos con la información adecuada.
Que esa labor la hacen con sueldos muy precarios, sin las condiciones básicas para una intervención integral, con un alto número de niños ingresados que les impide llevar a cabo el encargo de solucionar problemáticas complejas o con listas de espera interminables. Que los vicios de la tercerización de la función pública les afectan, porque habiendo bajos sueldos, habrá una importante rotación y baja capacitación profesional.
Instituciones de la sociedad civil que no tienen claridad qué línea adoptar, porque además no hay normas jurídicas vinculantes en la protección y armónicas para las intervenciones que realizan. Son parte del colapso, ya que se basan en la confianza y en el vínculo que puedan tener con los niños y niñas, pero en épocas de desconfianza, aún este vínculo que se puede establecer entre los profesionales y los sujetos de atención es desconocido por la judicatura o por los propios padres que se ven afectados con las intervenciones desplegadas.
Los Tribunales ordenan soluciones des – contextualizadas, basados no en el interés de los niños, niñas y adolescentes sino en la reunificación de la familia, sea como sea, es la familia. Sin diferenciar el tipo de vulneración por el que han hecho ingreso los niños a las instancias judiciales, buscan la revinculación familiar incluyendo a los propios agresores de maltratos graves y abusos sexuales infantiles, como si los niños fuesen objetos y no sujetos portadores de derechos.
Las instancias judiciales y el Ministerio Público también forman parte del colapso de un sistema, ya que tienen obligaciones internacionales de protección de los derechos del niño, una vez ingresado un asunto en sede familiar o en Fiscalía, no pueden excusarse en su conocimiento, deben actuar, y si lo han hecho, todavía hay muchas deficiencias que corregir. Consecuencia de ello es el informe del Comité de los Derechos del Niño, organismo que observó hace unos días que el Estado de Chile ha violado sistemáticamente los derechos de los niños. Por tanto, es un problema estructural que no aguanta soluciones individuales. No es individual el déficit en salud mental, que exista un psiquiatra cada 8560 niños atendidos por el sistema, la falta de prevención en delitos sexuales, el maltrato de algunos funcionarios en contra de niños institucionalizados etc.
Los niños, niñas y adolescentes que ingresan al sistema de infancia, sean como víctimas o responsables de la comisión de ilícitos, vuelven a un contexto social y cultural determinado. Si no somos capaces de generar cambios estructurales en esos lugares a los que “vuelven”, a los que cotidianamente deben compartir y desarrollar sus vidas, no se ha logrado proteger.
Proteger es analizar las normas jurídicas actuales y crear nuevas disposiciones legales integrales acompañadas de políticas públicas eficaces con recursos financieros frescos. Porque proteger significa interrumpir el maltrato que sufren, transformar esos espacios agresores en opciones reales de superación. Proteger es tomar conciencia que nos hemos equivocado y demorado en diagnósticos estériles individuales, cuando el problema es colectivo, es de toda la comunidad. Proteger es suspender el interés superior de los adultos a favor precisamente de los niños, en especial cuando se litigan revinculaciones familiares en contextos de delitos graves. Proteger también es mejorar las políticas de salud mental, que no existen en Chile para todos. Proteger es reconocer los alarmantes niveles de maltrato y abuso sexual infantil y trabajar en su reparación, pero lo más importante trabajar todos juntos en cambiar las condiciones inseguras y amenazantes, por lugares y espacios cotidianos en que se puedan desarrollar todos los derechos que la Convención de los Derechos del Niño llama a respetar.-
Comentarios
23 de septiembre
Luis, lo felicito por este articulo tan completo, con tanto contenido, y lo leí dos veces y me hace mucho sentido cuando usted menciona «que exista un psiquiatra cada 8560 niños atendidos por el sistema», sin duda es una triste realidad, actualmente trabajo en un informe medianamente relacionado con el tenor de su articulo.
Mis saludos para usted.
Darek Macpherson.
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