El 11 de Mayo del 2011 las Naciones Unidas inauguraron el “Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020”, exhortando a los estados, organizaciones civiles, empresarios y líderes mundiales a dar un paso hacia la disminución de las cifras de víctimas viales. El balance presentado en esa oportunidad fue sombrío, estableciendo que 1,3 millones de personas morían anualmente a causa de siniestros viales y por lo menos 50 millones quedaban con traumatismos entre leves, graves y gravísimos.
Las cifras en nuestro país son alarmantes, según datos de Carabineros y el informe de CONASET publicado esta semana sólo el año 2014 se produjeron 78.445 siniestros viales que dejaron 1.630 fallecidos, de los cuales 193 correspondieron a siniestros generados por la presencia de alcohol en el conductor o el peatón. La pregunta que surge, tras el análisis de este escenario, es ¿Por qué se siguen repitiendo este tipo de delitos diariamente?. Los informes sobre seguridad vial señalan que las variables que inciden en la baja del número de víctimas viales derivan de: a) la promoción de políticas públicas integrales, que incorporen un programa de planificación vial; b) leyes que sancionen las conductas calificadas como de riesgo; c) una fiscalización permanente; d) campañas de sensibilización; e) participación ciudadana y f) programas de educación que visibilicen la problemática, entendiendo la educación como un proceso continuo.Durante los primeros ocho meses de la aplicación de la Ley Emilia, los siniestros viales que presentaron presencia de alcohol constituyeron un total de 2830 casos de los cuales 2672 (94.4%) correspondieron a conductores bajo estado de ebriedad, bajo la influencia del alcohol o drogas.
Este último punto es crucial para lograr incorporar a la ciudadanía en su conjunto a este proyecto transversal que tiene como objetivo central promover una nueva cultura vial que nos permita salvar vidas.
¿Cuál es el escenario presente luego del 16 de septiembre del 2014?
Del análisis de las cifras recibidas desde el Sistema Integrado Estadístico de Carabineros de Chile (SIEC 2) durante los primeros ocho meses de la aplicación de la Ley Emilia, los siniestros viales que presentaron presencia de alcohol constituyeron un total de 2.830 casos de los cuales 2.672 (94.4%) correspondieron a conductores bajo estado de ebriedad, bajo la influencia del alcohol o drogas. Junto a estos datos, también se registraron un total de 70 muertos y 2.566 lesionados de diversa consideración.
El problema fundamental de la presente estadística es que estos datos no representan el estado actual de la problemática, al eliminar del diagnóstico todas aquellas muertes o lesionados graves que deriven en un posterior fallecimiento después de las 24 primeras horas, criterio por el cual se construyó la muestra chilena. Por lo tanto, la pregunta por responder es ¿cuántas son las víctimas directas de delitos viales luego del período de 24 horas actualmente vigente?
Según el informe de la CEPAL desarrollado por Planzer se sostiene que “para orientar las políticas de seguridad vial se necesitan datos sobre el número, tipo de accidentes y sus consecuencias” (Planzer, 2005:6), impulsando mecanismos que permitan generar estadísticas que ingresen las variables sobre un periodo de análisis y registro superior a las 24 horas. Específicamente incluir en los registros la “regla de los 30 días”, que estipula la contabilización de muertos y heridos en siniestros viales hasta 30 días después de producidos y que se viene sugiriendo como norma de construcción de políticas públicas desde la Convention of Road Traffic de Viena en 1968.
Disponer de estadísticas completas permitiría medir la cifra efectiva de casos y los tipos de consecuencias; y también aproximarnos al análisis del costo social y económico derivado de los siniestros viales y el posterior tratamiento de lesiones, que para el caso de Chile se estima entre el 1,5 hasta el 5% del PNB (Boletín FAL Cepal, Nº 311(7), 2012)
De esta forma, el cruce de información con otras fuentes como aquellas derivadas de la Fiscalía de Chile o del departamento de Estadísticas e Información de Salud, recién nos permitiría conocer el real impacto de esta problemática, proponiendo mejores políticas públicas que nos permitan reducir el número de muertos y lesionados que ven truncadas sus vidas.
Si la ciudadanía entiende e integra que este es un problema cotidiano que debe ser abordado por todos sus componentes y que existen rostros tras las estadísticas, entonces podemos generar un cambio. Este cambio, creemos, debe ser estructural y cultural. Es necesario observar experiencias internacionales – Australia y Japón dentro de las más interesantes- que nos permiten aseverar que las políticas públicas sobre seguridad vial deben estar asociadas a mejores sistemas de estadísticas y modelos de infraestructura urbana; educación continua del peatón, del ciclista y del conductor y una fiscalización permanente de las conductas de riesgo en la conducción como el alcohol, las sustancias psicotrópicas y la velocidad, entre otras, que inciden en la reducción de nuestra capacidad de respuesta en el espacio público que todos compartimos diariamente : la calle.
Carolina Figueroa Cerna
Presidenta
Fundación Emilia Silva Figueroa
Víctimas de Accidentes
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