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Ley de Seguridad del Estado, la peor manera de terminar con la disconformidad

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Seguramente sesudos fueron los análisis del ministerio del Interior para determinar a quiénes utilizar para cumplir la autoimpuesta amenaza de aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado a “violentistas”, “terroristas”, “delincuentes” de Aysén.  Es muy probable que la inteligentzia gubernamental proyectara distintos escenarios como resultado de la medida, anunciada la noche del jueves por el vocero Andrés Chadwick para ser interpuesta al día siguiente.

En un planeta que no es el nuestro, las normas se invocan y aplican sólo considerando el espíritu de la ley.  Pero en esta tierra llena de realidad, y particularmente en ésta que llamamos Chile, los motivos para perseguir a alguien desde el Estado no necesariamente bailan al son del deber ser.  En el caso de las acciones de violencia, que se imputan a los 22 vecinos hoy querellados, las razones penales. Y menos aún con la Ley de Seguridad Interior del Estado cuyo leit motiv político (no partidista) es por todos conocido, al ser la herramienta por excelencia de criminalización de actos que tienen un origen distinto del mero delito.  Algo que es reconocido en toda nación que ha avanzado desde los derechos de primera generación a los de segunda, de corte ciudadano, cívico, político.

No es del caso en esta crónica rebatir a quienes meten en el mismo saco la marcha y la manifestación en la vía pública con el bloqueo de caminos y la barricada, y, más lejos aún, con el saqueo, la molotov contra personas y el cogoteo en descampado. Es probable que para algunos no haya diferencia, aunque casualmente son los mismos que justifican la apropiación ilegítima de los derechos de agua de nuestras comunidades diciendo que es “la institucionalidad”, la estafa de la polar que son “errores”, Carabineros atacando a mansalva a personas que no están cometiendo ilícito alguno que son “hechos aislados” y las tarifas leoninas de los servicios básicos que es “el mercado”.  Esta concepción de la vida y la sociedad es una más de las tantas barricadas que a algunos nos separan.

Las señales del gobierno sobre quiénes serían los “beneficiarios” de la famosa ley fueron equívocas. Es probable que el primer diseño fuera meter con pala a dirigentes y ciudadanos, si uno se ciñe al mensaje de Andrés Chadwick los días previos. La idea, ir por quienes cometieran los actos, quienes incitaran, quienes prestaran apoyo logístico y quienes apoyaran comunicacionalmente. Y no sólo en Puerto Aysén sino también en Coyhaique. Pero probablemente evaluaron el costo de querellarse contra los voceros y caras más visibles (a pesar de querer dividirlos entre violentos e intransigentes, mesurados y dialogantes), lo cual a nivel regional interno habría hecho explotar la molestia ciudadana en la cara del gobierno.

Ante tal cálculo, prefirieron ir por los más vulnerables.  Por 22 dueñas de casa, trabajadores, dirigentes sindicales, jóvenes que quizás pensaron no tendrían defensa alguna. O, a lo mejor, servirían de muestra al resto de los patagones que había que tener cuidado, que uno podía estar pasando al lado de una barricada y tener encima, por tal solo hecho, todo el peso de la ley y el Estado.

Similar a lo que Sebastián Piñera está haciendo con Aysén, región en la cual el gobierno está experimentando su doctrina de tolerancia cero a la legítima protesta social, para que no se le suban por el chorro las otras regiones.

Aysén, ese huemul herido en una pata que recurre al guardaparques, responsable de su protección, para que le sane la herida y poder caminar igual que todos sus compañeros de especie.  Pero aquél, el protector, al contrario de lo que dice el sentido común, no sólo no le ayuda sino que toma un garrote y le da una paliza.  “No vaya a ser que otros animalitos sigan su ejemplo” pareciera decir el Estado de Chile con su actuar con esta tierra, que Sebastián Piñera en una cena con empresarios dijo estar dispuesto a “proteger”. ¿Así la protege, señor Presidente?

Pero el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, se equivocó. Aunque dijo que aplicaría la ley a los “violentistas”, a los “terroristas”, lo único que ha logrado ha sido relevar en el concierto regional y nacional a vecinos ayseninos, iguales a cualquiera de toda la región de Aysén que en este último mes adhirió a las protestas por nuestras justas demandas. El error no es originalmente suyo, porque es la intendencia regional la que debe generar los antecedentes y documentación que permita la aplicación de tan dura norma. Articulado que señala que los 22 pobladores son “un peligro para la seguridad del Estado”. ¿No será mucho?

Lo que hemos leído en la prensa es que a la mayoría se les inculpa de “participar” en barricadas.  ¿Perdón? Bajo esa premisa, faltarán cárceles para meter a tanto terrorista dando vueltas por Aysén. Y, al final, quedarán libres sólo los funcionarios de confianza del gobierno y quienes adhieren a la ideología del saqueo socioambiental contra el cual nos estamos rebelando. Total, como dijera alguien alguna vez, para terminar con la disconformidad hay que terminar con los disconformes.  El problema es que a este gobierno nadie le informó que meterlos presos es la peor manera de hacerlo.

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Foto: Blog de Danae Mlynarz

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21 de marzo

Lamentablemente para este gobierno y la derecha, todos los que creemos en la necesidad de una sociedad justa no basada en la competencia y el abuso de poder, sino que en la tolerancia, compasión e igualdad somos terroristas que atentamos contra su riqueza y poder.
Curioso como el Estado recurre a las leyes para protegerse de la gente que no desea leyes, sino que justicia.

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