La seguridad ciudadana: Sus saberes y frustraciones

En seguridad ciudadana tenemos dos grandes saberes y dos  enormes frustraciones. Por una parte, siguiendo la teoría del derecho penal sobre la prevención general y especial se propone la “mano dura”, no obstante su aplicación efectiva se hace insoportable para la sociedad, porque afecta gravemente los derechos ciudadanos y humanos –cárceles saturadas, derechos humanos gravemente transgredidos-, pero su promesa  conocida como el “populismo penal”  apacigua a la opinión pública y recoge votos. La promesa del derecho penal carece de contenido real ya que el 95% de las denuncias por hechos delictuales, que son el 50% de los hechos mismos, no tienen sancionado alguno, su capacidad disuasiva del delito no es simbólica es meramente publicitaria.

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Desde las perspectiva de la racionalidad en el uso de los recursos públicos, en los hechos económicos resulta más eficiente para la sociedad sostener a quienes están en riesgo de delinquir que pagar los costos de su mantenimiento privados de libertad –entre 300.000 a 500.000 pesos mensuales-, pero bien sabemos que una cosa es que ese subsidio lo reciba el delincuente condenado y otra que sea transferido al sistema que se hace cargo de él.

Por otra parte, la criminología crítica [Jock Young,  Alessandro Baratta , Elena Larrauri] que considera a la delincuencia como un producto de la injusticia social  postuló que la aplicación creciente y eficiente del derecho penal  retributivo no podía controlar la delincuencia ya que no tenía competencia  para solucionar la pobreza que era la primera causa criminógena de aquella, volvía los gastos en seguridad inaceptables  –policía, sistema judicial y sistema penitenciario-  distrayendo ingentes recursos a la inversión y desarrollo social –cárceles v/s escuelas. Sus propuestas preventivas  querían ofrecer oportunidades a las poblaciones en riesgo de delinquir, sobre todo a los jóvenes, y alternativas a quienes estaban en una carrera delictiva, en especial a los marginales, excluidos, migrantes, etc.  Pero, el estado  subsidiario sólo era aceptable en el campo de las actividades económicas, luego de la “superación” del estado de bienestar los marginales debían encontrar ellos mismos en el mercado las soluciones a sus carencias, la “sociedad de emprendedores” era la oportunidad que les esperaba. En fin, con el predominio ideológico de la sociedad del riesgo [Ulrich Beck 1944-2015], resultó más convincente ante la opinión pública, los políticos y las masas populares la represión que la ayuda a quienes transgredían los derechos de los otros.

Las frustraciones

Entre ambas alternativas el “modelo de negocio” de la represión con su “persecución inteligente”, “la terapia multisistémica”, la seguridad privada ya con mayor contingente que la pública y las cárceles privatizadas tiene más influencia- lobby- y oportunidades de ganar que el modelo de las oportunidades y las alternativas para los dejados de la mano de dios y en riesgo de delinquir. Digamos que los primeros ganaban en la práctica y la política mientras los segundos lo hacían en la teoría y la academia.

Las lecciones aprendidas

En este empate técnico y político entre represión o ayuda social para enfrentar la delincuencia, en donde ninguna de las dos propuestas pudo mostrar su eficacia y eficiencia por falta de recursos suficientes  y, también,  claro está, de voluntades políticas, no obstante, las lecciones aprendidas surgieron de un modo lateral a estos saberes y frustraciones. Así tenemos que en Estados Unidos de América  los delitos contra propiedad pasaron de más de 5.000 por cada 100.000 habitantes en 1991 a 3.500 en 2004, y en igual período los crímenes contra las personas disminuyeron a casi la mitad. Las explicaciones de este marcado descenso de los delitos por la autorización de aborto que disminuye los hijos indeseados o por la disminución del consumo de drogas no parecían  plausibles, pues los abortos disminuyeron y en drogas su consumo había aumentado. Pero lo que se mostraba constatable era el aumento sostenido de los ingresos absolutos de las familias pertenecientes a los quintiles más bajos, pese a que la distribución del ingreso allí en los Estados Unidos de América es tan mala como aquí en Chile, entre 1996 y 2005 el 60% de quienes pertenecían al quintil más bajo ascendió a alguno superior y quienes estaban en el segundo el 50% ascendió.  En Chile desde 2003 al  presente la victimización ha disminuido en un 43% (ENUSC), mientras que desde 2006 la pobreza ha disminuido de 29,1% a 14,4% y la extrema pobreza de 12,6% a 4,5%.

Si bien en los Estados Unidos de América el número de presos  durante ese período subió de una manera exorbitante, pudiéndose atribuir a este modelo de control la disminución del delito,  lo cierto es que la mayor parte de esta ocupación carcelaria no se debía a la delincuencia común – por delitos contra las personas y las cosas- sino que por infracciones a las leyes de drogas,  llegándose a que hoy el 50% de la población penal  está  constituida por sancionados debido a drogas, principalmente por  consumo, porte y pequeño tráfico. Aquí en Chile si bien aparentemente solo el 12% de la población penal está institucionalizada por drogas, no obstante el 55% de todos los detenidos por todos los delitos lo han sido por infracciones a la ley de drogas, el 75% de ellos solo por porte y consumo, además son el mayor número de delitos que resuelven los juzgados de garantía.

Las lecciones aprendidas por la disminución de la delincuencia, expresada en términos concretos con la caída en victimización, tanto en Estados Unidos de América como aquí en Chile, no las conocemos, la academia y los expertos nada dicen sobre estos hechos tan significativos para la seguridad de las personas, prefieren la fuga mediática hacia la afirmación de que algo está pasando debido a que la gran antinomia en la seguridad ciudadana está en que mientras más disminuye la victimización más aumenta la sensación de temor de la población ante la delincuencia. La hipótesis plausible instalada atribuye el hecho al aumento de la violencia juvenil, es más un experto afirma que: “Los jóvenes tienden a ser más violentos, y mientras más jóvenes ingresan, más resistentes son a cualquier tratamiento de reinserción”. Digamos que la hipótesis plausible acepta que la victimización disminuye pero que los delitos violentos contra las personas han aumentado, y eso es lo que genera temor, no obstante las estadísticas de Paz Ciudadana no muestran aquello, ya que en los comparativos sobre los primeros trimestres para el robo con violencia o intimidación, que es el instrumento para medir los delitos que emplean la violencia, tenemos que en el período entre 2010 a 2015 habría aumentado en un 1,67% mientras que entre 2014 y 2015 ese aumento ha sido solo de 1,6%, entonces no ha pasado nada.

El eterno retorno del delito

Más allá de las confusas informaciones y equívocos debates sobre la supuesta situación de seguridad ciudadana en el país, que entre otras cosas ha obligado a la gran prensa reconocer  la contradicción entre la percepción objetiva descendente del delito con la subjetiva  ascendente de su temor a ser víctima de algún hecho delictivo. El eterno retorno del delito como tema nacional tiene sus más altas fulguraciones en los momentos de acuciantes crisis políticas, cuando las polarizaciones entre lo viejo y lo nuevo sobre el régimen político –Asamblea Constituyente-, el orden social –reforma educativa-  y el modelo económico –reforma laboral y tributaria- llegan a una equivalencia de fuerzas tales, que se hace necesario un tema distractor que ponga de acuerdo en algo a las partes y calme la incertidumbre que crece entre la población. Así tenemos que en las conclusiones del Cónclave Gubernamental  del  3 de agosto pasado, donde se reafirmó el equilibrio entre “cumplimiento y realismo” para la ejecución del programa de Gobierno, sobre  seguridad ciudadana se dice:

“La Presidenta se ha hecho cargo también de la preocupación ciudadana por la seguridad, planteando tres ejes: [1] enfrentar el vacío del sistema para responder a algunos delitos que no se resuelven con eficiencia; [2] la mejora en la prevención de los delitos a las personas y sus bienes y el reforzamiento de un sistema  de persecución penal que aumente condenas y mejore el apoyo a las víctimas. [3]También consideramos esencial una mejor política de rehabilitación”.

Sobre el primer eje atingente a los delitos que no se resuelven, la mayor parte de ellos son los robos con fuerza donde las policías y fiscales no logran conocer al 86% de los imputados –“los imputados no conocidos”- en el caso de los robos con violencia el 92 % no son conocidos y del hurto el 64% tampoco, entonces esas causas deben ser archivadas, pero estos son la mayor parte de los delitos que afecta y preocupa a la población, en cambio, en drogas el 90% de los imputados sí son conocidos, porque están usándolas o portándolas en el momento de su detención. Seguramente si policías y fiscales se ocuparan menos de perseguir a jóvenes que fuman y portan marihuana u otras drogas  darían “pie en bola” con los otros delitos que más afectan y preocupan a la población. Esta ineficiencia en la investigación policial ya  ha sido reconocida por el flamante Director de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinoza, cuando afirma que: “No le echemos la culpa a los jueces. Si pasamos a un tipo a tribunales y no tenemos medios de prueba, obviamente que va a quedar libre”.

En cuanto al segundo eje, en su aspecto de prevención es de destacarse que existe una  notable confusión entre la prevención del delito y la disuasión del delito, las policías con sus patrullajes y rondas, los sistemas de seguridad, los circuitos de TV, en fin con su sola presencia disuade la conducta delictiva en ese lugar y momento, pero no previene las carencias, deficiencias y frustraciones que originan y dinamizan las conductas delictivas. La prevención del delito que cambie la voluntad de sus hechores dependerá de las oportunidades ofrecidas a la población de riesgo y de las alternativas propuestas a quienes viven en la delincuencia.

En relación al aspecto de aumentar las condenas de este segundo eje, existe ya un reconocido consenso en cuanto a que el aumento de las penas para nada tiene efecto en disuadir la conducta delictiva, sobre todo cuando se trata de delitos de poca monta. Como lo ha planteado la ex Ministra de Justicia del Gobierno anterior, Patricia Pérez, el recurso a la privación de libertad: “debe  ser utilizado con racionalidad, pues para los delitos de menor identidad puede producir más costos que beneficios en materia  de seguridad ciudadana”. La aplicación de pena no tan solo es dolorosa para el sancionado, además, y esto es lo importante, es marginalizante de él lo cual lo mantiene en un estado de permanente necesidad de delinquir para satisfacer sus necesidades y deseos. La reincidencia es precisamente el indicador de la incapacidad del sistema penal de cumplir con su propósito de rehabilitar y reinsertar socialmente a quienes han delinquido.

En relación al tercer eje de la seguridad ciudadana, el concepto de rehabilitación es notablemente confuso, ya que el delincuente no ha perdido habilidades, lo que no tiene son oportunidades y alternativas para utilizarlas. La resocialización, no la rehabilitación, de quienes han delinquido pasa por la oferta de recursos que le permita hacer uso lícito de sus habilidades, éstas por limitadas que sean pueden ser potenciadas mediante la capacitación y educación, pero si éstas no pueden ser puestas en obra en el uso de recursos, o mediante el empleo bien remunerado de sus habilidades,  solo tendremos potenciales delincuentes bien educados o capacitados. Como dice el padre Nicolás  Vial, de la Fundación Paternitas,  quien comenta que en los centros de menores del  SENAME: … “les enseñan a hacer gorritos de lana  tejidos… ¿Qué niños podrían vivir con ello?” Lo único racional que puede hacer el sistema penal es identificar y derivar a quienes transgreden los derechos de los otros para otorgarles habilidades y dotarlos de recursos que les permitan  ejercer lícita y plenamente  aquellas para satisfacer sus necesidades y deseos.

Desde las perspectiva de la racionalidad en el uso de los recursos públicos, en los hechos económicos resulta más eficiente para la sociedad sostener  a quienes están en riesgo de delinquir que pagar los costos de su mantenimiento privados de libertad –entre 300.000 a 500.000 pesos mensuales-, pero bien sabemos que una cosa es que ese subsidio lo reciba el delincuente condenado y otra que sea transferido al sistema que se hace cargo de él.

Para terminar, la tarea política sobre la seguridad ciudadana es espectacular: “revertir la sensación de inseguridad” como lo afirma el General Director de Carabineros, Gustavo Gonzales Jure, para lograr aquello lo primero y lo mejor es dejar, por todos los medios, de insegurizar a la población.