Los derechos sociales se encuentran polarizados entre ricos y pobres, y si no están polarizados, encontramos una segmentación atroz, que desarrolla el clasismo, el individualismo y la discriminación.
Cada vez son más los actores sociales que en el último tiempo han salido a las calles o han tomado medidas para mostrar su descontento con el actual sistema. Este es el reflejo que nos hace notar la salvaje privatización de los derechos sociales de los ciudadanos. Nos encontramos en un contexto en el que no somos iguales, lo que parece más o menos lógico en un sistema que tiene como base económica el neoliberalismo. No obstante aquello, muchas democracias (con este sistema económico) se las han arreglado para garantizar que ciertos derechos básicos no queden en manos del mercado, cuestión que acá no hemos puesto en práctica.
La privatización de los derechos sociales ha ido desarrollando en nuestro país una sociedad que compite desmesuradamente para poder, de la manera que sea, escalar lentamente para llegar a tener “lo suyo”, cuestión que muchas veces nos hace pisotear de manera tirana al que tenemos al lado, o bien ni siquiera saber que tenemos a alguien al lado, porque hemos creado cientos de guetos o burbujas sociales de donde los ciudadanos no salen. Cada estamento, al más puro estilo medieval, vive con los suyos y con los de “su especie”.
Los derechos sociales se encuentran polarizados entre ricos y pobres, y si no están polarizados, encontramos una segmentación atroz, que desarrolla el clasismo, el individualismo y la discriminación.
Si hablamos de salud hay miles de personas en las salas de espera de los hospitales y postas públicas que anhelan conseguir cinco minutos de atención con un doctor, dentro de recintos que se caen a pedazos, hacinamiento de los internados y una calidad de atención que deja mucho que desear, si la comparamos con su homólogo privado. La gente incluso muere en las salas de espera, aguardando por una atención que nunca llegó, porque el sistema estaba colapsado. Pero cómo no va a estar colapsado, si los únicos que aportan al financiamiento directo son quienes están en FONASA (como fondo solidario), mientras que quienes tienen para contratar el vil seguro de las isapres se mueven en un mundo completamente aparte y desconocido, donde me rodeo sólo con quienes pueden pagar. Es tan impresionante la diferencia entre los dos sistemas, que hemos llegado a ponerle precio al dolor, donde distinguimos entre ciudadanos que no tienen la capacidad económica para pagarse la atención de una clínica, cuya estadía en un hospital será mucho más difícil y con menos comodidades, mientras que el que se atiende en una clínica privada será atendido con comodidades dignas de un hotel de varias estrellas.
Pasando a otro punto, tenemos una educación pública que ya no aguanta más. Los colegios municipales se han convertido lentamente en instituciones donde los sueños de los jóvenes y niños de nuestro país se caen a pedazos, no porque no se hayan esforzado por ello, sino que porque no contaron con las herramientas suficientes para poder alcanzar esos sueños. Mientras tanto, en la otra vereda tenemos las facultades de medicina, leyes o ingenierías de las universidades tradicionales, con un porcentaje alarmante de estudiantes provenientes de la educación privada. Y para qué hablar de la segmentación que se vive en los colegios, en los llamados particulares subvencionados. Cómo queremos una sociedad que no sea segmentadora y clasista si tenemos esta clase de “inventos” que sólo se ven en Chile. Luego, en la educación universitaria millones de jóvenes se endeudan de manera desmedida para estudiar, ya que tampoco tenemos una visión de la educación cómo derecho social, sino que también aplicamos las lógicas de mercado.
El transporte, que si bien se hace llamar trasporte público, se encuentra en manos de privados y en muchas de las regiones de Chile funciona de manera horrible.
Tenemos un Estado que no garantiza el derecho social a la vivienda y muestra de ello son los miles de campamentos que tenemos en Chile, los que hasta ahora sólo se han tratado de paliar con medidas parche o con ONGs que han tenido un rol más protagónico que el mismo Estado, cuestión alarmante por donde se le mire.
Para aumentar más el desconcierto, terminas de estudiar con una educación horrible, consigues tu casa propia luego de años de lucha, terminas de educar a tus hijos y qué recibes, pensiones indignas producto de que todo tu capital ahorrado en un fondo de pensión fue a parar a un grupo de inversionistas que se hizo millonario con tus ahorros y que a la hora de rendir cuentas te entrega una mísera cantidad de dinero. Además, si superas la expectativa de vida corres peligro de que te dejen de dar esa asignación. No hay ninguna seguridad de que tu devenir económico en la tercera edad será siquiera estable, porque no hay un Estado que te asegure eso, sino que todo queda en manos de privados. Cómo puede ser posible que profesionales jubilen con pensiones que son inferiores al sueldo mínimo, luego de imponer sus cotizaciones sagradamente todos los meses.
Producto de todo lo anterior, hemos llegado a un punto en que nadie puede cominar relativamente tranquilo por las etapas de vida, nadie tiene seguridad de su futuro, porque si tienes un accidente grave nadie te asegura salud, nadie te asegura una pensión digna. Si quieres formar tu familia nadie te asegura una casa, nadie te asegura que tu esfuerzo en la educación rendirá sus frutos efectivamente. Lo único que te puede asegurar lo anterior es tener sumas de dinero considerables que te permitan acceder a estos “derechos” por la vía privada. Llegamos a un punto en que le hemos puesto precio a los sueños, le hemos puesto precio a la felicidad y a las ganas de vivir.
En resumen, somos millones los chilenos que sentimos que es necesarios que se nos asegure por parte del Estado una serie derechos para todos los ciudadanos de manera relativamente equitativa, no se trata de estatizar todo lo que nos rodea, ni hacer una revolución armada en aras del socialismo, es más, evidentemente hay sectores en que el Estado no es un administrador eficiente, pero al menos, en lo más básico de la sociedad, el Estado debe asegurar, de una vez por todas, derechos para todos los ciudadanos, sólo así podremos hablar de una verdadera sociedad democrática y de derechos.
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