Siguiendo a lógica instituida en la Carta Fundamental de Pinochet, el hecho de izar o no una bandera es necesariamente un acto político, es decir, un acto de conciencia.
La discusión en el Congreso Nacional combinó tres proyectos: una moción de los senadores Carlos Bianchi y Francisco Chahuán, otra de su colega Pablo Longueira y un tercero originado en un mensaje del gobierno de Sebastián Piñera. Todas iniciativas de 2010. A la fecha aún permanecían en la retina de todo el país las imágenes de un sobreviviente del terremoto 27F emergiendo de los escombros con una tricolor manchada de barro y banderas flameando por millares luego del épico rescate de los 33.
La iniciativa solucionó un entuerto no menor. La aplicación rigurosa de la ley habría sido, por una parte, impracticable y, por la otra, bastante contradictoria con el espíritu festivo y ciudadano que nos insufló en ambas ocasiones. Para un sistema político empecinado en eso de inventar un relato país, aquello habría sido un retroceso.
En todo caso aunque nos liberaron de tener que pedir permiso para ondear el pabellón nacional en épocas extra patrióticas, se mantuvieron las referencias a que su exposición pública debía, necesariamente, regirse por ciertas formalidades que resguarden “el respeto de la misma”.
Algo nos dice el reglamento respectivo. “La violación de lo preceptuado en los artículos precedentes autorizará al intendente o gobernador para ordenar el inmediato retiro del emblema, sin perjuicio de las sanciones que establezcan al respecto las leyes. Si la violación se hiciere con ánimo de ultraje, la sanción se sujetará a lo dispuesto en su caso por la Ley de Seguridad Interior del Estado o el Código de Justicia Militar”.
Pero eso no es todo. A pesar de la relativa laxitud para usarla todo el año, permanece en nuestra legislación la obligatoriedad contraria. Nos lo han recordado recurrentemente en estos días de festividades patrias. Izar la bandera los días 21 de mayo, 18 o 19 de septiembre es un deber. Así de simple. Y la multa no es menor. Va de una a cinco UTM, es decir, parte en poco más de $40 mil y puede superar los $200 mil.
Más allá del cobro, el tema es si debe o no ser obligatorio izar la bandera nacional en determinadas fechas. Si este acto, que uno esperaría fuera voluntario por el espíritu que encierra, puede ser impuesto.
Dice la Constitución, aquella que muchos creemos fundamental cambiar y que esperamos tal procedimiento sea a través de una Asamblea Constituyente, que los chilenos y chilenas tenemos: “libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público”. En el número 6 del capítulo 19, ese que nos habla de los derechos y los deberes.
Siguiendo a lógica instituida en la Carta Fundamental de Pinochet, el hecho de izar o no una bandera es necesariamente un acto político. Es decir, un acto de conciencia. Algo que de manera alguna se contrapone a la moral, las buenas costumbres o el orden público, lo que de por sí ya sería restrictivo. Ergo, hacerlo obligatorio podrá ser popular pero no necesariamente acorde al propio ordenamiento constitucional (impuesto) que rige al país.
Sin embargo, esta discusión no es legal; es política en su esencia y se relaciona con la imposición histórica: el sentido de unidad sobre simbolismos que debieran ser parte de la construcción colectiva, de los cuales apropiarse (hacerlos propios) más encaja en la figura de los derechos que de las obligaciones.
Esto no es un llamado anti bandera chilena. En realidad, me tiene sin cuidado la opción que cada uno adopte. Es simplemente una reflexión sobre la importancia de que la unidad de un pueblo se construya sobre valores, como el respeto a la libertad de conciencia del otro, hermanado a la de expresión que incluya el uso (o no) de los símbolos patrios.
Muchas veces la omisión de una persona dice más que la acción del que por temor, comodidad o simple costumbre hace lo que le mandan sin chistar. Los primeros son los ciudadanos que se llevan mis aplausos. Los primeros son los ciudadanos que hacen patria, más allá de una decorativa chilenidad.
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