En medio de las demandas de diversos y amplios sectores de ciudadanas/os por hacer valer sus derechos y que estos sean efectivos y de calidad, aparecen con fuerza propuestas antiguas que por años hemos venido levantando redes de organizaciones de la sociedad civil. Y es así porque el malestar rotundo de hoy, expresado en innovadoras demostraciones y movilizaciones masivas, está presente desde hace ya más de una década en la ciudadanía que vio que las promesas de una democracia de respeto a los derechos, topaban en la realidad con un techo demasiado mezquino.
Hoy, igual que desde fines de la década de los ‘90, las personas sienten que sus derechos no están resguardados o se sienten desprotegidos. En un reciente estudio realizado por Genera, sólo un cuarto de los/las entrevistados/as declaró sentirse protegido en el acceso a un servicio de salud de calidad y a tener una vejez con dignidad; y no más de un tercio señaló que se sentía protegido en igualdad ante la ley, a tener educación de calidad y en sus derechos laborales.
Estas percepciones de las personas se forman a partir de experiencias concretas en las que sus derechos no han sido resguardados. En un estudio similar realizado en noviembre pasado por la Comisión Defensora Ciudadana, dependiente del Ministerio Secretaría General de Gobierno, sólo un 21 % de los encuestados evaluó con nota 6/7 la atención en hospitales públicos, y un 40% tuvo la misma evaluación de la atención de los Tribunales de Justicia.
La institucionalidad de protección de derechos con que contamos no sólo es pobre e ineficiente, sino que es poco conocida y menos valorada por la ciudadanía.
Estos estudios, elaborados por actores tan disímiles como una ONG y una institución gubernamental, coinciden en sus resultados. En ambos se manifiesta el escaso conocimiento que en general se tiene de diversas instituciones públicas de resguardo de derechos, en particular de las Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias que son las instancias creadas para resolver el incumplimiento de los servicios. Asimismo, los pocos que han recurrido a ellas las evalúan negativamente. ¡Y cómo no! si según el propio director de la Comisión Defensora Ciudadana, “las OIRS son la “huesera” donde van a vegetar los funcionarios públicos a quienes se les encomienda esta tarea”.
Lo que omite el director es que en realidad esas oficinas, al igual que la institución que él dirige, pomposamente nombrada como Comisión Defensora Ciudadana (CDC), no tienen atribuciones, recursos, ni autonomía para ejercer efectivamente en defensa de los derechos de las personas.
Dicha Comisión evidentemente no ha logrado cumplir su cometido, el que según parece ha quedado en el olvido por el gobierno actual. Curiosamente el director de la CDC, que debiera ser la máxima autoridad en esta materia, pareciera no tiene idea de qué hacer para crear institucionalidad pública con capacidad de promover, proteger y defender los derechos de las personas, ya que una columna de opinión por el firmada, se titula ¿Qué haremos con las OIRS?, a lo que ciertamente no da respuesta alguna en su contenido.
Desde la ciudadanía se reafirma la necesidad de robustecer la institucionalidad estatal para hacer valer nuestros derechos. Más que OIRS planteamos Defensorías Ciudadanas Comunales y a nivel central demandamos un Ombudsman o Comisión Defensora de las Personas con la autonomía, recursos, mandato y atribuciones para ser efectiva y no mera figura decorativa como son ahora las OIRS y la CDC.
* Entrada escrita por Ana María de la Jara, Subdirectora de Genera
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