Cómo responsabilizar entonces a los que roban cobre, fierro o lo que sea para poder llevar algo de alimento a casa, aunque sea un trozo de pan.
Un nuevo incendio asoló los cerros de Valparaíso el pasado viernes, con focos que aún se mantienen activos pese al tiempo transcurrido desde el inicio del fuego. El hecho ocurre a menos de un año de que otro dantesco incendio en la ciudad puerto pusiera en evidencia la total improvisación, falta de coordinación y ausencia de equipamiento adecuado con que la autoridad operaba y sigue operando a la hora de hacer frente a estas emergencias.
Por lo mismo la irresponsable condescendencia con la que el subsecretario de Interior, Mahmud Aleuy, alardea en esta oportunidad, asegurando “se reaccionó más rápido que la vez anterior”, resulta insultante para las víctimas –de ayer y hoy– que siguen esperando soluciones de fondo y no medidas parche, como se viene ensayando hasta ahora, olvidando que tras ello no solo está en juego la vida de las personas, sino también su derecho a vivir en condiciones de dignidad y seguridad.
Y es que al parecer la lapidaria máxima de avanzar en la medida de lo posible, acuñada hace más de un cuarto de siglo por el primer gobierno de la Concertación, para enfrentar la violación sistemática de derechos humanos por parte de la dictadura, sigue siendo la actitud y el argumento que enarbolan las autoridades –que se sindican democráticas– para eludir este deber de salvaguarda que cabe en primer y último término al estado.
Más aún, el subsecretario se atreve a trasladar, sin mayor análisis y todavía menos autocrítica, la responsabilidad a los propios afectados por estos incendios, asegurando que “hay que hacer una campaña muy profunda de responsabilidad cívica” para prevenirlos. Este discurso no es nuevo, el 2014 se enarboló hasta el cansancio que el problema principal había sido la construcción de viviendas de material ligero en la zona alta de los cerros, del mismo modo que ahora la causa estaría en la presencia de vertederos ilegales, presentándose querellas contra ellos. ¿Y la fiscalización, no pudo operar antes de la tragedia?
Por eso ampliemos un poco la mirada, partiendo de estas propias afirmaciones, para revisar dónde radica la raíz de la responsabilidad que origina estas catástrofes y su relación con los derechos y la dignidad de las personas, en particular de los más pobres.
De acuerdo al último censo (2012), la V Región ocupa el mismo tercer lugar en densidad poblacional que poseía hace una década, concentrada en su mayor parte en la ciudad de Valparaíso. Sin implementación por parte de autoridad local ni nacional, de una política de vivienda acorde a la demanda existente en la zona –además concesionada a privados–, muchas familias no tienen más remedio que encumbrarse hacia los cerros con latas, maderas y cartones, cargados de ilusiones, marginados, abandonados y estigmatizados por el Estado. Sin transporte público, sin escuelas para sus hijos ni centros de salud cercanos, sin caminos pavimentados, sin agua potable en muchos casos, sin sede vecinal, plazas ni espacios de esparcimiento. ¿De quién es la culpa?
A quién responsabilizar de que el 22,6% de sus habitantes sea considerado pobre; el 7,76% es indigente; el 71% de los trabajadores no tenga contrato laboral; que el 80% de los jefes de hogar no haya accedido a la educación superior; el 71,4% de los egresados de la educación municipal no alcanzara los 450 puntos en la Prueba de Selección Universitaria (PSU), y que Valparaíso sea la capital regional con la segunda peor calidad de vida en Chile -después de Puerto Montt- según un estudio realizado por la Pontificia Universidad Católica de Chile en 2012, como bien apunta el historiador Sergio Grez.
Cómo responsabilizar entonces a los que roban cobre, fierro o lo que sea para poder llevar algo de alimento a casa, aunque sea un trozo de pan. A los que desechan sus desperdicios a mitad de camino, pues el retiro de basura –problema histórico en toda la ciudad– no llega hasta sus domicilios. A los que operan vertederos ilegales, porque habilitar legales no son prioridad de la autoridad. Tampoco el reciclaje o el retiro programado de electrónicos y mobiliario en desuso, que es imposible cargar al hombro y de bajada. Incluso los basureros públicos son una realidad casi inexistente en el Plan, qué esperar en los cerros.
Hace unas semanas estuve en Valparaíso, declarado por Unesco Patrimonio de la Humanidad el año 2003. Cómo explicarle al amigo francés que me acompañaba que el otrora hermoso mercado se estuviera cayendo a pedazos, y solo unos cuantos paneles de madera separaran a los transeúntes de un siniestro mayor. Cómo decirle que los tradicionales trolebuses son operados por un privado y no sostenidos por el municipio como pensaba él, como debería ser, y que la Vintage Trolleybus Asociation de Ginebra busca recuperar el trolebús Berna 617 dado de baja a finales de año. Cómo darle a entender que la Unesco ha amenazado en varias oportunidades con retirar la condición patrimonial a Valparaíso, que no tenemos una Ley Nacional de Patrimonio y que el único proyecto que existe –bastante precario– se encuentra en ese feo edificio que vio a la llegada y que me preguntó qué era, durmiendo en las mismas negligentes formas que vengo reseñando.
Entonces opté por explicarlo del modo más simple. Hablarle de la estela de corrupción y fuga de recursos públicos que caracteriza al municipio y la gobernación; de cómo la inversión portuaria y económica exportadora prima por sobre cualquier otro desarrollo; cómo hoy quieren expandirlo y que incluso piensan hacer una cantera en la bella Laguna Verde, cuya playa tanto disfrutó; cómo los fuegos de año nuevo son solo eso, un artificio para cubrir toda esta falta de atención de las autoridades; cómo la dignidad humana ha quedado presa de esta inoperancia. Y que los incendios, son la consecuencia más clara de ello, por más que se empeñen en hacernos creer desde un protegido podio en La Moneda, que están haciendo su mejor esfuerzo.
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Por Paulina Acevedo Menanteau
Periodista y Comunicadora en Derechos Humanos
Observatorio Ciudadano
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