Cabría preguntarse si esa relación de dominación, propiedad y herencia sigue vigente, y lo cierto es que no. En los países en donde se ha legalizado el matrimonio igualitario, el matrimonio como institución legal ya va en franco retroceso.
Pareciera que en la lucha por los derechos de la diversidad sexual, la única cosa que existe pendiente es el matrimonio y la consiguiente adopción igualitaria. Es lo que más se remarca en los discursos, lo que más sale, lo que más se resalta y es el elemento distintivo entre candidatos presidenciales y parlamentarios si están o no a favor del matrimonio igualitario, si están a favor del AVP, si están por la familia diversa.
El matrimonio fue, originalmente, una declaración de propiedad: Este hombre declara que le pertenece esta mujer, y esta mujer declara que es pertenencia de este hombre. En la sociedad machista de la antigüedad y la edad media, el matrimonio era una forma de traspasar la pertenencia de una mujer desde la familia (específicamente el padre, por ello es que en el rito religioso él la “entrega” hasta medio camino del altar) hacia el marido, que es quien debe mantenerla y regirla por el resto de su vida, con el fin de procrear. La inclusión del “amor” en el proceso se dio a medida de que los matrimonios arreglados perdían apoyo en un pasado no tan distante. Con el capitalismo, el matrimonio pasa también a regular los derechos de herencia de un cónyuge sobre el otro, y en torno a esto se construye todo un aparataje legal que se basa en la relación de propiedad (material e inmaterial) que existe en el matrimonio. En definitiva, el matrimonio es un contrato económico al que en este momento una parte de la población no tiene acceso.
Cabría preguntarse si esa relación de dominación, propiedad y herencia sigue vigente, y lo cierto es que no. En los países en donde se ha legalizado el matrimonio igualitario, el matrimonio como institución legal ya va en franco retroceso. El Estado Chileno hoy reconoce sólo la unión matrimonial perpetua para la entrega de beneficios sociales y para la construcción de una familia. El reconocimiento a la familia diversa implica hacerse cargo de otras situaciones de convivencia y crianza que se dan hoy en día: el concubinato sin hijos, el concubinato con hijos, padres solteros, madre soltera, dos padres, dos madres, abuelos y nietos sin padres, etc. El abanico de tipos de familia que existen hoy es mucho más grande que la “familia tradicional” de Padre-Madre-Hijos. No se plantea la posibilidad de una familia sin hijos ni de otras formas de vida. Es deber del estado el entregarle el mismo apoyo a las familias casadas que a las no casadas en pos de que todas sean felices, suscriban o no el contrato matrimonial. Para solucionar en parte este problema se generaron las “uniones civiles” (que en NADA se parecen a nuestra deficiente propuesta de Acuerdo de Vida en Pareja -AVP) que no son tan rígidas como el matrimonio, y que permiten acceder a cierto número de beneficios sociales; sin embargo, el camino hacia la flexibilización de la familia aún es largo.
El matrimonio es, entonces, un problema de igualdad de acceso a un derecho en específico, pero existen muchos otros que hoy en día no se están cumpliendo. Las personas que pertenecen a la diversidad sexual enfrentan problemas más apremiantes que el poder o no declarar su pertenencia sobre otro ser humano y tener hijos con él/ella. La ley antidiscriminación que se aprobó tras la muerte de Daniel Zamudio, y que el MOVILH aplaudió (y sigue celebrando), es un chiste de mal gusto: no establece mecanismos apropiados de denuncia y fiscalización, no permite la persecución penal efectiva de la discriminación, no establece medidas preventivas hacia la discriminación y en definitiva, no es una ley que esté orientada a eliminar de nuestra sociedad las discriminaciones arbitrarias, sino hacer frente a un caso mediático en concreto.
La comunidad trans sigue siendo considerada enferma, no se establecen mecanismos para corregir la identidad de género en el registro civil ni la identidad sexual en el sexo biológico dentro del sistema de salud. No existe una regulación del trabajo sexual ni está incluida la diversidad sexual en los programas del MINEDUC, generando desconocimiento y desconcierto frente a realidades alternativas como la intersexualidad, la transexualidad, el transgénero, el travestismo, etc. Claramente existen otras deudas relacionadas con el derecho de ser, que el estado aún no cumple y que no parecen ser importantes en el discurso referente a la diversidad sexual, pues están nominativamente pero no parecen ser condicionantes en su accionar.
Retomando un poco lo que es la educación, existe una deuda en términos de sexualidad, diversidad y uso del cuerpo. El Estado ha renunciado a su deber de entregar educación sexual, privatizándola en las universidades y haciéndola opcional a los colegios que puedan comprarla (segregación económica en el acceso a la ed. sexual). Los programas existentes no enseñan sexualidad responsable, mezclan horrorosamente la afectividad con la sexualidad y algunos de ellos incluso son un adoctrinamiento ideológico. Nuestros jóvenes no saben usar sus cuerpos, están llenos de prejuicios y tabúes que les limitan el ejercicio libre y feliz de su sexualidad, no conocen de métodos anticonceptivos y aprenden desde internet y las vivencias de otros, de errores ya cometidos ¿Por qué no se releva el problema de la educación sexual?
Yo no me quiero casar, muchos hoy en día tampoco. El derecho de suscribir un contrato es importante, pero ya viene siendo tiempo de que nos cuestionemos si es verdaderamente nuestra lucha más importante.
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