Empoderar a la sociedad civil para la inclusión en discapacidad

Para las personas que no están familiarizadas con la realidad de las personas en situación de discapacidad, es importante aclararles que estos grupos no componen una realidad homogénea. Por el contrario, están muy lejos de serlo. No obstante, para un grupo importante de personas, hablar de discapacidad es asociarlo inmediatamente a los eslogan clásicos que se nos ha proyectado tradicionalmente a través de los medios de comunicación masivos: niños con problemas de salud con consecuencias físicas o intelectuales, en una silla de ruedas o con Síndrome de Down y “todos unidos” por nuestra causa, sin división alguna de opinión entre ellos.

En primer lugar, es de suma relevancia conocer que la realidad social de las personas en situación de discapacidad es tremendamente heterogénea y difícil de encasillar. Más del 90% de las PsD poseen 15 o más años. Además, el 50% de ellos pueden realizar numerosas actividades de forma autónoma, en atención a que sus dificultades son en grado leve. Cabe destacar que 3 de cada 4 no realiza un trabajo remunerado y 1 de cada 3 posee solamente enseñanza básica incompleta. Frecuentemente asimilamos los problemas físicos como los predominantes, pero 2 de cada 3 PsD posee otro tipo de déficit no necesariamente físicos (auditivo, visual, psiquiátrico, visceral o múltiple). Lo más relevante es que menos del 10% de ellos declara haber recibido un servicio social alguna vez en su vida.

Lo explicado anteriormente nos habla de una realidad dura, no asociada necesariamente a la pobreza extrema, pero con componentes muy difíciles de trabajar como sociedad, como es la desigualdad. Es un hecho objetivo que las personas en situación de discapacidad se encuentran en una posición desventajosa con respecto al resto de la población.

Si bien en la presente década han surgido importantes políticas públicas destinadas a disminuir las brechas de inequidad en estos grupos, no podemos desconocer que regularmente estos recursos no logran llegar adecuadamente a los territorios ni alcanzar a los beneficiarios potenciales. Como ejemplo, nos sucede regularmente como ONG que en el proceso de prescribir y entregar ayudas técnicas (prótesis, órtesis, audífonos, entre otros) para los beneficiarios del programa Chile Solidario y/o Chile Crece Contigo, son muy pocas las personas que consultan, pese a que los beneficios son muy expeditos y la brecha es relevante. En una conversación de pasillo con un funcionario municipal, la respuesta fue muy sencilla “los programas como Chile Solidario no llevan un catastro efectivo respecto de quien tiene discapacidad y pudiera requerir de ayudas técnicas”.

La realidad comprendida a partir del ejemplo puesto en el programa Chile Solidario no difiere de otros contextos, como la integración escolar, la inclusión productiva, accesibilidad, recreación, entre otros. Cuando tenemos que dimensionar la oferta pública para personas en situación de discapacidad, uno de los primeros elementos que son distinguibles corresponde a la débil articulación entre los distintos programas públicos dirigidos a las PsD. Esto dificulta la comprensión para el ciudadano común y da la impresión que la persona accede a los beneficios producto de su propia “viveza” más que por la intención real del programa, que es el aportar calidad de vida tanto a la PsD como su familia.

Si bien en la presente década han surgido importantes políticas públicas destinadas a disminuir las brechas de inequidad en estos grupos, no podemos desconocer que regularmente estos recursos no logran llegar adecuadamente a los territorios ni alcanzar a los beneficiarios potenciales.

Uno de los anuncios relevantes de este gobierno es la creación de una Subsecretaría de la Discapacidad, lo cual sin duda aportará más y mejor gestión, así como atribuciones y presupuesto focalizado dirigido a las PsD. Pero otra parte, un anuncio de estas características debe complementarse con un conjunto de ONG’s y organizaciones comunitarias de y para personas en situación de discapacidad potentes y empoderadas en las tareas que como sociedad debemos trabajar para lograr una sociedad más inclusiva.

De este modo, si el Estado desea que la futura Subsecretaría sea eficaz en el desarrollo de políticas públicas hacia la inclusión de PsD, debe generar instancias con recursos definidos y empoderar a la Sociedad Civil que trabaja por la inclusión. Por una parte, hacia las ONG’s que ejecutan políticas públicas, las cuales debieran contar con alto énfasis en la inclusión educativa, inclusión productiva y accesibilidad. En paralelo, promover el fortalecimiento de las organizaciones locales, como Juntas de Vecinos y Uniones de Adultos Mayores, en donde existan comités de discapacidad. Es necesario que el Estado empodere y transforme a las organizaciones locales en instancias que apoyen y colaboren en el desarrollo social de las personas en situación de discapacidad y sus familias.

Por último, una estrategia muy relevante es promover una legislación que obligue la implementación de Oficinas Comunales de la Discapacidad y que estas no dependan de la voluntad de Alcaldes más o menos sensibilizados. Sin duda que con instrumentos político-estructurales basados en la descentralización y la democratización, podremos disminuir significativamente la inequidad que actualmente condena a un grupo mayoritario de personas en situación de discapacidad.

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Gianfranco Arancibia

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