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El INJUV y una juventud invisibilizada y criminalizada

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El 14 octubre de 2019 fuimos testigos de la revuelta que generaron los jóvenes secundarios ante el alza del pasaje. Durante una semana llamaron a evadir el metro, movilización que fue creciendo y terminó con el estallido social que hoy lleva más de 3 meses en las calles, donde las y los jóvenes han jugado un rol principal, y han puesto en el centro de la demanda la exigencia por un Estado garante de derechos que termine con las políticas neoliberales que los tienen a ellos y a la ciudadanía en general sucumbidos en una brutal desigualdad.


Resulta evidente que no es posible avanzar en la visibilización de nuestras juventudes sí al único servicio que vela por ellos no es considerado para tales funciones

Durante los años de la dictadura de Pinochet los jóvenes fueron golpeados duramente, no solo por los cientos de jóvenes asesinados, torturados y desaparecidos, sino también por la implementación de una economía abierta y de mercado que, entre los años 1973 y 1989, privatizó derechos fundamentales como la Educación que golpeó directamente a las y los jóvenes más pobres, y  terminó, además, siendo una política económica regresiva donde algunas de las tantas consecuencias fueron el aumento del desempleo, la pobreza y la desigualdad. Iniciado el período de transición democrática la pobreza alcanzó un 45%, que contribuyó de forma directa a una importante exclusión socioeconómica de los jóvenes, especialmente en los sectores populares.

En 1991 el Presidente Patricio Aylwin dio a conocer la creación del Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), con un mensaje claro: “Los jóvenes chilenos se encuentran entre los grupos sociales que menos han gozado de una integración económica, social y política dentro de la comunidad nacional”. Y en 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 12 de agosto como el “Día Internacional de la Juventud”, en la búsqueda de promover el papel de los jóvenes como actores relevantes en todos los procesos de cambios y generar espacios de participación como protagonistas de los distintos problemas que los aquejan.

Por ello, no puede no preocuparnos y encender las alertas cuando ante el proceso de “estallido social” vemos que se repiten las mismas prácticas de represión y violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos como en la dictadura de Pinochet, particularmente contra jóvenes, y vemos a un Estado disminuido que no ha podido avanzar en resolver las problemáticas juveniles y menos considerar a la juventud como sujetos y sujetas de derechos. Exclusión que resulta particularmente grave si se considera que durante los últimos años los jóvenes han elevado sustancialmente su potencial para contribuir al desarrollo del país, tanto por el aumento de su peso relativo en la población, como por sus mayores niveles de escolaridad.

Asimismo, este Gobierno adoptó el compromiso con el pueblo de Chile de crear condiciones para que los jóvenes conquisten un espacio central en el sistema democrático, terminando con la exclusión a la que han estado expuestos e incorporarlos de lleno en la vida económica, social y política del país. Sin embargo tras 28 años de la creación del INJUV, es lamentable que este Servicio el cual tiene como función de acuerdo a su Ley 19.042 ser el “encargado de colaborar con el Ejecutivo en el diseño, planificación y coordinación de las políticas relativas a los asuntos juveniles”, haya tenido nula capacidad de poder resolver o ayudar a disminuir las problemáticas que aquejan a nuestras juventudes. Principalmente, porque los distintos gobiernos de turno, desde su creación a la fecha, no han tenido la voluntad política real de robustecer un servicio acorde al desarrollo de políticas públicas que aborden problemáticas y temáticas de las juventudes.

Esta aseveración la podemos analizar en distintas perspectivas, iniciando por el presupuesto que este servicio cuenta y ha contado para poder ejercer lo que su mandato determinó en la creación de este Servicio. El presupuesto del INJUV en los últimos 12 años, ha tenido un crecimiento bajísimo. El año 2006 contaba con un presupuesto de M$  2.344.670 y al año 2018 llegó a M$ 8.309.663, es decir solo un 28%,  y es solo el 1% del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Entonces, cabe preguntar ¿cómo podemos ser una motriz en nuestro accionar para generar acciones políticas en contra de la desigualdad que ataca a nuestras juventudes, si contamos con este presupuesto tan acotado y si como Servicio somos una institución debilitada? Pues, sin duda este tiene efectos concretos sobre la vida de nuestras juventudes, ya que se hace evidente su  invisibilización de parte del Estado.

Por otro lado, el debilitamiento o la falta de consideración del INJUV como un Servicio relevante para incidir y levantar acciones concretas que vayan en función de las juventudes, se ve reflejado en que, año tras año, se levantan proyectos de ley en materia juvenil en el que INJUV y sus funcionarios no son tomados en cuenta ni en la creación ni en la discusión de dichos proyectos, como la contraparte técnica para colaborar con las temáticas juveniles. Por consiguiente, resulta evidente que no es posible avanzar en la visibilización de nuestras juventudes sí al único servicio que vela por ellos no es considerado para tales funciones, y considerando que el INJUV cuenta desde 1993 con un instrumento esencial para poder colaborar en la entrega de información sobre los jóvenes y sus principales problemáticas, en las distintas áreas de la nuestra vida, como el Trabajo, la Salud y la Educación.

Durante todo el proceso de “estallido social”, protagonizado por nuestras juventudes, en especial por jóvenes entre 15 y 22 años, hemos visto cómo este Gobierno castiga a las juventudes, criminalizándolos bajo un Estado, que como bien mencioné anteriormente, los tiene invisibilizados. Un Estado que no solo los castiga desde el aspecto penal, sino además los castiga dejándolos afuera de la mal llamada “Agenda Social”, que paradójicamente lidera el Ministro Sebastián Sichel quien tiene a su cargo el Ministerio de Desarrollo Social y la Familia y el que tiene como Servicio relacionado el Instituto Nacional de la Juventud.

Ahora como si eso no fuera poco,  se suma que el día 19 de noviembre 2019 el área investigativa de la radio BíoBío, devela un documento donde se planeaba el cierre definitivo del único Servicio que ve y desarrolla programas e iniciativas sociales dirigidas a las juventudes de nuestro país. La precariedad de nuestro Servicio es inminente, donde las y los funcionarios del INJUV venimos pidiendo a los distintos directores nacionales la voluntad por instalar en la agenda pública la necesidad de robustecer el Servicio, para entregarles a nuestras juventudes lo que realmente merecen y responder a los que ellos demandan y necesitan.

Y en estos días hemos visto la acción de las y los estudiantes secundarios movilizados para frenar la rendición de la PSU cuyo agotado sistema de segregación no garantiza el acceso universal a la Educación Superior de las y los jóvenes de estratos populares, pero mantiene el privilegio de la clase acomodada de quedarse con los cupos en las Universidades Estatales.

Hoy el Ejecutivo, a través del Ministro Sichel, puede seguir creyendo que las juventudes y sus demandas son imperceptibles y seguir señalando que ellos tienen la única responsabilidad sobre hechos de “violencia” que ocurren en el país, o asumen el deber que tienen como Gobierno de tomar este escenario como una gran oportunidad para escucharlos y convertir el Instituto Nacional de la Juventud en un Servicio que tenga las facultades reales de analizar y crear políticas públicas en materia juvenil.

TAGS: #ChileDespertó #EstallidoSocial INJUV Jóvenes

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