Necesitamos que el defensor del niño sea un organismo independiente, de derecho público, que realice representación jurídica a los niños y jóvenes, con presupuesto y patrocinio del Estado.
Michelle Bachelet en su proyecto de Ley Defensor de la niñez, asigna 1300 millones, al Consejo de la Infancia, (donde Estela Ortiz recibe un sueldo cercano a los 8 millones) se le otorgó un presupuesto de 3.200 millones de pesos.
El defensor solo tendría representación judicial de los niños ante hechos puntuales de alarma pública y que no tendrá representación judicial permanente. Esto quiere decir, que si un niño sufre una vulneración grave de sus derechos y si este no aparece en la prensa, este no tendría defensa. ¿Tiene sentido que INDH y el Defensor realicen el mismo trabajo?; ¿Qué pasará con los niños que sean gravemente maltratados y no aparezcan en la prensa? Esta Ley no es lo que acordaron con los diputados de esta comisión de familia, no es lo que esta sociedad civil quiere y no cumple con lo que Fundación Infancia pidió en la carta enviada a la presidenta Bachelet el 2 diciembre de 2016.
La jueza Mónica Jeldres advirtió que «no se debe relativizar la protección de la infancia», cuando el Estado asigna recursos, cobertura y legislación en la Protección de la niñez.
El defensor estará solo en Santiago inicialmente, y se pretende que vaya avanzando hacia las regiones año a año progresivamente, el INDH ha solicitado que el Defensor quede bajo su alero ya que, en los 7 años que este lleva, recién hoy está llegando a regiones por un tema presupuestario, esto haría que el Defensor llegue con más eficacia a representar a los niños, niñas y adolescentes, por la urgencia que la situación del país atraviesa en esta materia, cabe mencionar que el INDH está realizando una excelente gestión en denuncias y representación judicial y también en despliegue territorial, pese a la petición del director del Instituto Nacional de Derechos Humanos Michelle Bachelet y Estela Ortiz no quieren ceder.
Una buena opción hubiese sido, entregar más recursos, responsabilidades y competencias al INDH para que siga haciendo el trabajo que ya ha realizado desde que asumió Branislav Marelic, su actual director.
Actualmente el INDH ha tomado ese rol muy bien, este ha instituido la Defensoría Penal Pública con la finalidad de garantizar el Principio de Inocencia a todo imputado, esta figura legal debiese instituirse en Infancia, cuna de nuestro futuro. Recordemos que es deber del Estado propender a la protección de la familia y propender su fortalecimiento, deber implícito de las Bases de la Institucionalidad consagradas en el Artículo 1° inciso final de la Constitución Política de la República, por lo que debiese existir un idéntico valor jurídico en la defensa de los Derechos y Deberes Constitucionales.
La jueza Mónica Jeldres advirtió que «no se debe relativizar la protección de la infancia», cuando el Estado asigna recursos, cobertura y legislación en la Protección de la niñez.
El Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica de Valparaíso, Manuel Núñez, indica que el hecho de que este organismo tenga oficina solo en Santiago, atenta contra el Interés Superior del Niño.
Comentarios