El aborto como opción, no como obligación

Luego que se hizo pública la circular del Ministerio de Salud en virtud de la cual se instruye a los equipos médicos de los hospitales del país, respecto a la conducta sanitaria en casos de mujeres que hayan suspendido su embarazo en forma voluntaria, nuevamente se ha abierto el espacio de discusión sobre la legalidad del aborto.

En lo personal, he leído y escuchado variadas opiniones relativas a la inconveniencia de legalizar el aborto, incluidas aquellas relativas a las hipótesis comprendidas en el concepto de “aborto terapéutico”. En esta línea, me parece que en esta discusión existen 2 errores de base respecto de cómo enfrentar el tema: En primer lugar, me parece erróneo pensar que la legalización del aborto en nuestro país implica una obligación para que la mujer interrumpa el embarazo. En segundo lugar, también me parece erróneo concebir que la legalización del aborto implique una desregulación sobre la materia. En este último punto, creo que existe un desconocimiento respecto de lo que han sido las experiencias comparadas. Pues bien, vamos por parte respecto de este análisis.

Sobre el primer punto, creo que debemos partir desde la siguiente reflexión: Nadie puede estar de acuerdo con el aborto o, más bien, con la interrupción voluntaria de un embarazo. Sin embargo, esta premisa choca con la realidad. ¿El Estado puede cerrar las puertas a toda mujer que desea abortar? ¿El Estado debe entregar la opción para que determinadas mujeres, bajo circunstancias excepcionales, si puedan llevar a cabo un aborto? Desde mi punto de vista, existen circunstancias en donde el Estado si puede abrir la puerta para el ejercicio de determinados actos por los particulares. Esta  situación se da, incluso, en otras áreas de la vida social. A lo largo de la historia la crudeza de los hechos ha chocado con las normas imperantes, lo que ha derivado en sendos cambios normativos. Sólo por poner un ejemplo, espero que los lectores de esta columna recuerden que hasta el año 2005 las personas casadas no podían divorciarse, debiendo recurrir a infinidad de artilugios y falsedades para poder, apenas, anularse. Miles de parejas casadas, pero separadas de hecho, debían obligadamente mantenerse unidos por el vínculo matrimonial, ya que no existía la figura del divorcio. Luego de una larga y compleja discusión que incluyó argumentos jurídicos, morales y religiosos (al igual que en el caso del aborto) se promulgó la Ley N° 19.947 sobre Matrimonio Civil, norma que abrió las puertas para que estos matrimonios separados salieran de la clandestinidad y pudieran ejercer las acciones judiciales para divorciarse e iniciar una nueva vida. Como vemos, este es un ejemplo claro en donde la realidad social comenzó a empujar el orden jurídico imperante, hasta que, sin más, pudimos contar con disposiciones legales que se ajustaran a la práctica social.

En el caso del aborto terapéutico, tenemos circunstancias similares. Cientos de mujeres año a año deben practicarse abortos, en condiciones paupérrimas, elaborando toda serie de artilugios para no ser penalizadas por una conducta que no puede calificarse de criminal, sino que muy por el contrario, es esencialmente circunstancial y basada en una necesidad imperante. Las mujeres que recurren a este camino son víctimas de condiciones que difícilmente una persona promedio soportaría. En este sentido, bajo ningún punto de vista podemos considerar que una norma legal que permita el aborto implica obligar a que la mujer aborte, sino que, simplemente entrega a la mujer la opción de elegir respecto a si decide ejercer este derecho o no. Quizás uno de los valores distintivos de la democracia es entregar a las personas ciertas libertades, cierto espacio vital de acción, en donde ellas puedan decidir libremente si ejercen tal o cual comportamiento. ¿El hecho de que se legalice el aborto, implica una masificación de esta conducta? Desde mi punto de vista, no necesariamente. Es imprevisible el comportamiento que la población tendrá respecto a una norma de este tipo.

¿El Estado puede cerrar las puertas a toda mujer que desea abortar? ¿El Estado debe entregar la opción para que determinadas mujeres, bajo circunstancias excepcionales, si puedan llevar a cabo un aborto?

Sobre el segundo punto que deseo tratar, creo que es imprescindible entender que en el derecho comparado, la legalización del aborto va de la mano de toda una institucionalidad que busca, por sobre todo, mantener la salud mental y física de la madre y, a la vez, buscar la posibilidad de mantención del embarazo hasta su fin natural. Podemos observar el caso alemán, el cual tampoco estuvo exento de polémicas respecto a la implementación del aborto como opción legal. En la actualidad, el aborto es libre, gratuito y no se encuentra penalizado en las primeras 12 semanas del embarazo, siempre que la paciente se haya sometido a exámenes físicos y psicológicos por parte de centros estatales de asesoría, los cuales además deben ejercer un papel disuasorio. A su vez, Francia, uno de los primeros países que legalizó la interrupción voluntaria de la gravidez (1975), no exige a la mujer embarazada cumplir unas condiciones particulares para poder abortar, siempre que se practica dentro de las 12 semanas de haberse manifestado la ausencia de periodo menstrual. Superado ese tiempo, la ley sólo autoriza la interrupción del embarazo en casos justificados terapéuticamente, cuando esté en riesgo la salud de la madre. En Italia, la Ley del aborto ha permitido reducir en un 70% las prácticas clandestinas, predominando una clara tendencia descendente en las cifras relativas a la interrupción del embarazo legal: 230 mil casos en 1983, frente a 129 mil casos registrados el año 2013. Esta normativa permite el aborto durante los 90 primeros días de gestación y exige que se produzca con todas las garantías sanitarias y legales. Transcurrido este periodo, la interrupción del embarazo sólo se considera posible si existen graves trastornos físicos o psíquicos. Las menores de edad (por debajo de 18 años) sólo podrán abortar bajo la explicita autorización de los progenitores o tutores.

El aborto y su legalización, bajo todo punto de vista, entrega una opción a la mujer para continuar con el embarazo o, en su caso, hacer uso de la libertad de autodeterminación y llevar a cabo la interrupción del embarazo. En ambos casos, el Estado no puede lavarse las manos, sino que debe adoptar un papel de acompañamiento y asesoría, que en ningún caso puede coartar el campo de decisión que la ley entrega a la mujer. Destaco algo ya señalado: la realidad ha superado a la norma, ahora la norma debe adecuarse a la realidad con la finalidad de evitar todas las perniciosas consecuencias que conlleva para cientos de mujeres un aborto ilegal y clandestino. El Estado debe dar una respuesta satisfactoria sobre este tema, la que en ningún caso debe ser criminal. La solución debe buscar el bien común y, en especial, respetar los derechos fundamentales de las mujeres que se ven sometidas a esta difícil decisión.