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Derechos sociales y las tareas por venir

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La dictadura militar generó una serie de reformas  que tenían por objetivo “modernizar” -un eufemismo de “privatizar”- el conjunto de nuestros derechos sociales, reformas que constituyen la esencia del modelo neoliberal. No está de más decir que estas reformas carecen de completa legitimidad, dado que son cambios que fueron realizados a espaldas de la ciudadanía, donde cualquier cuestionamiento era acallado rápida y sistemáticamente, mediante el uso de la fuerza y la represión.

Un elemento que buscaban generar estas reformas era la creación de mercado allí donde no existía o era muy limitado. Es precisamente de esta “modernización” de donde proviene gran parte de la actual elite económica de Chile, la cual está  íntimamente ligada a estos procesos y al de las privatizaciones de las empresas públicas. El “credo” detrás de esto es la decimonónica cancioncilla de que el Estado es ineficiente y debe ser minimizado.

La concepción ideológica presente en este proceso se impuso por la vía de la fuerza,  convirtiendo, por ejemplo, a la educación y a la salud en productos que se adquieren en el mercado. Y la provisión pública de estos dos derechos sociales absorbieron las lógicas mercantiles por la vía de los aranceles e introduciendo lógicas de competencia en detrimento de la colaboración. En definitiva, se opta por el paradigma del mercado incluso al interior de lo “público”.

Nuestros derechos sociales pasaron a ser una fuente de negocio y lucro, situación que se mantiene inalterable hasta el día de hoy. Estos cambios se realizaron sin ningún tipo de deliberación o consulta ciudadana y se han mantenido incólumes por treinta años, blindados por un sistema electoral que castiga a las mayorías y eterniza el status quo.

Estado subsidiario: desmantelando al Estado

La imposición del modelo neoliberal supuso reconfigurar el rol del Estado, el cual pasó de cumplir un rol centrado en la provisión y producción, a un rol centrado en la subsidiaridad. El Estado fue cercenado, pasando a cumplir labores meramente asistenciales y dejando de ser un actor económico y social con la potencia que se requiere. Estos cambios implicaron:

La privatización de las funciones públicas o su castramiento. El Estado dejó de hacerse cargo de sus funciones en materia social o éstas quedaron reducidas a su mínima expresión y con un fuerte sesgo asistencialista. En concreto, implicó la reducción del gasto público destinado a inversión en las áreas sociales, como salud, educación o vivienda.  Hay funciones que quedan totalmente “separadas” o privatizadas, como sucede con la previsión, donde se creó un modelo de capitalización individual a través de la creación del sistema de AFPs, modelo que trae beneficios a los dueños de las mismas y a los especuladores financieros, pero que, sin embargo, a los ciudadanos que están obligados por ley a tener que cotizar en estas empresas, solo les reporta pensiones miserables.

La pérdida de la universalidad. Las políticas públicas mayoritariamente estaban destinadas a todos por igual, lo que implicaba un diseño basado en la universalidad. Luego de las reformas “modernizadoras”, la política pública comenzó a diseñarse predominantemente bajo el paradigma de la focalización, lo que implica que está diseñada solo para un determinado grupo de la población, generalmente los sectores más vulnerables. Un ejemplo donde se puede ver cómo se expresan el paradigma de la universalidad y de la focalización lo podemos encontrar en la educación, donde se ha optado por una política de becas a los quintiles más vulnerables (focalización) versus financiar educación gratuita para todos a través de impuestos progresivos (universalidad).

Destrucción del tejido social: elemento fundamental para la preservación y perpetuidad del modelo impuesto fue limitar y reducir lo más posible el tejido social del país. En términos concretos, esto se expresó en reducir la capacidad de negociación de los sindicatos, lo que gravitó en una reducción de la tasa de sindicalización. Por otro lado, se buscó eliminar la participación ciudadana, reduciéndola a una mera consulta simbólica como ha sucedido durante los últimos 21 años.

Derechos sociales ¿Bienes públicos o bienes transables?

Con todo esto, resultaba lógico que a lo largo de los últimos 30 años, el actor principal de nuestros derechos sociales pasara de ser el Estado al mercado, potenciado por la ambición de “abrir” nuevas oportunidades de negocios. Estos derechos fueron re significados como bienes privados, lo que implica un cambio del agente de financiamiento de los derechos. En una lógica pública, era el Estado quien debía asegurar estos derechos, pero en una lógica privada son los ciudadanos quienes deben financiar el acceso a estos derechos fundamentales. En la salud, el Estado sólo financia el 25% del total del gasto, dejando el 75% restante en los ciudadanos, quienes deben pagar a través de las cotizaciones y del gasto de bolsillo. La carga de financiar Educación, Salud, Previsión, entre otras, es principalmente de los ciudadanos, consagrándose una lógica absolutamente contraria a la solidaridad e igualdad.

¿Qué hacer?

Hoy tenemos un reto como país, que implica dar una lucha por lograr construir un Chile más igualitario e inclusivo. Esto implica necesariamente enfrentar los problemas de la desigualdad y la segregación que produce el  modelo neoliberal a través de la mercantilización de los derechos y de consagrar una estructura tributaria que reproduce la desigualdad social, en vez de corregirla.

La tarea de derrotar al modelo neoliberal implica luchar por la recuperación de los derechos sociales, por la construcción de un Estado que supere el paradigma de la subsidiaridad y que tenga la capacidad de entregar estos derechos para toda la población de forma, solidaria,  gratuita y de calidad.

Sin embargo, debemos tener presente que los representantes del modelo no van a ceder ningún milímetro, a pesar de tener a millones de chilenos en las calles exigiendo cambios sustanciales, como vimos durante el 2011. Prefieren tener un gobierno y una clase política con una aprobación por el suelo, mientras esto no signifique dar un pie atrás con el legado ilegitimo de la dictadura. Es por esta razón de que no basta solamente con tener grandes movilizaciones, pues junto con ellas se requiere dar una lucha para refundar Chile desde el punto de vista de su institucionalidad política y todo lo que esto conlleva, así como también, desde las perspectivas sociales y económicas.

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Foto: 0samaLicencia CC

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Comentarios

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26 de enero

Los sueños de tener un Estado Papá, que entregue beneficios sin importar lo que haga o no el ciudadano, es un concepto absolutamente obsoleto y probadamente impracticable. El esquema de que las cosas deben costar para quien lo usa es el corolario de todas las pruebas sociales que se hicieron en el siglo XX. Los estados que instauran las políticas de bienestar universales entran irremediablemente en un espiral de gasto creciente y en el acomodo social a las prebendas institucionales.
Por lo tanto, mirar con nostalgia el concepto de que hay que modificar todo para que tengamos las necesidades básicas cubiertas, y nuestros sueldos sirvan para el consumo suntuario, es una falacia social, que tiene un atractivo enorme, por lo que mantiene defensores y evangelizadores.

Otra cosa es el sentido que se le debe dar al sueldo, en particular al sueldo mínimo. Perfectamente se podría generar un sistema de bono o cupón que simbolizara el sueldo mínimo, que fuera canjeable en un mercado secundario de arriendos, consumo, etc, con lo que se le podría dar una real valía, en términos de consumo básico, al concepto.

26 de enero

No estoy de acuerdo con esta opinión. Concuerdo plenamente con el columnista.

26 de enero

Obvio que mi postura no es popular. Popular es decir “todo gratis, que pague otro”. Pero, usando la razón y el recuerdo histórico, se observa que, donde se han aplicado estos métodos, la demanda se controla por cuotas. Es decir, dado que el estado da gratis, por ejemplo, toda la salud, para evitar que las personas vayan todos los días al hospital, se aplica un racionamiento estatal: por ejemplo, no mas de 3 consultas en el mes, o algo parecido. Cuotas que, en el andar, son agrandadas para los amigos del régimen y para quienes logran una red de contactos en los sistemas.
Entonces, al establecer los “derechos sociales” como una garantía estatal, se tiene que buscar otro método de control; cambiamos las monedas por el todopoderoso asignador de cuotas, o leyes y mas leyes, que manejen las excepciones, los compadrazgos, etc.

27 de enero

Don Arturo,
Su comentario revela la ignoracia relativa de su persona.
Son los ciudadanos que financial la existencia del Estado atravez del pago de impuestos directos e indirectos. Sus exigencias son legitimas pués al ser ellos quienes financian tienen el derecho a exigir. Los derechos y los deberes deben ser reciprocos y no solo deberes sin derechos.
Su punto de vista referente als sueldo minimo que puede ser reemplazado por bonos – si, encuadra totalmente en el esclavismo – esclavos que trabajan de sol a sol produciendo riquezas para sus dueños a cambio de casa y comida.
Por ultimo usted debe recordar que el consumo suntuario es creado por la sociedad de consumo del sistema de libre comercio que usted defiende.

27 de enero

Estimada
Usted lo ha dicho: el trabajo es el que debe ser recompensado, incluso con los aportes estatales. Lo que NO puede pasar es que, incluso no trabajando, o trabajando un mínimo, se pueda tener estos “bienes públicos” a destajo.
Lo del bono o cupón tiene que ver con que el sueldo mínimo realmente tenga un poder adquisitivo estable, y eso SI sea un estatuto social.
Atacar a la persona no es la mejor forma de discutir ideas, en todo caso.

28 de enero

Existe un concepto fundamental en los seres humanos que viven en sociedades – se llama Solidaridad Social.
En la practica este valor se manifiesta en el esfuerzo de un grupo social ante otro grupo – como los jovenes respecto a los mayores, de los sanos respecto a los enfermos, de los ocupados respecto a quienes carecen de empleo.
Se trata de un concepto que esta comprometido con valores tan tracendentales como la equidad y la justicia.
Los “bienes publicos” son bienes para toda la sociedad y no puede permitirse que por no tener un empleo, los individuos sean marginados de la sociedad y se les niegen sus derechos sociales como seres humanos.
De su exposición entiendo que si alguien no trabaja no podría hacer uso de los “bienes publicos” – asi quedan marginados los jubilados, los enfermos, las dueñas de casa, los invalidos y naturalmente los cesantes.

30 de enero

Un sistema que le de beneficios sociales a quienes no aportan a la producción solo es viable cuando ese número de personas se puede acotar y, para acceder a ese status, deban ser acreditados. Seguidamente, no puede ser mas conveniente ni tampoco aceptable para la persona, incorporarse al grupo de los no-laborales por sobre el de los que si trabajan. Si la persona es capaz de acomodarse, por ejemplo, viviendo combinadamente de un tercero (primo, tío, etc) y del estado (para las cosas básicas), prefiriendo eso a trabajar, tienes el inicio del fin de cualquiera de estos sistemas. Por eso es que no puede ser un beneficio universal y descontrolado.
Respecto a la mencionada “solidaridad”, cuando se le aplican impuestos u otros elementos a los que mas ganan, difícilmente se puede catalogar eso como “solidaridad”, pues este es un hecho acompañado del sentimiento de empatía con quien se es solidario. Por lo tanto es mas correcto calificarlo como “retribución social” en el que quien logra un mayor ingreso devuelve a la sociedad parte de eso porque es esa sociedad la que le ha permitido lograrlo.

peon

29 de enero

A pesar de ser esto sabido, el problema es que hay una serie de personas, millones en realidad, que no están colaborando, porque votan cada vez que hay una elección y así escogen a nuevos personajes que mantienen la maquinaría político-económica en marcha… Si no votaran, tal vez el sistema podría ser corregido… Ahora, con la inscripción automática y el voto voluntario, más bien habrá personas que votarán sin saber lo que están vendiendo con una simple raya, es decir, su derecho a construir el país que una gran mayoría sueña…

Respecto al reto país que señala el artículo, creo que “un Chile más igualitario e inclusivo” me suena a una consigna poco ambiciosa y un tanto irrealista y trillada… Pienso que en la definición de el Chile que queremos, hay que soñar en grande y abrir espacios amplios para el debate de su definición y que sin la existencia de esos espacios públicos, la última palabra jamás deberá considerarse que esté dicha…

Por lo demás, yo no quiero un Chile igualitario… ¿Qué diantre es eso?… Yo quiero un país en el que el pueblo domine el mercado y sea cada vez más propietario de los recursos nacionales… Quiero un país donde haya espacios de debate abierto en los que pueda prevalecer la razón y las buenas ideas al implementar una política nacional, sin importar quién sea la persona que la promueva o su condición social… Quiero un país en el que las comunas apartadas de los grandes centros urbanos puedan desarrollar mecanismos propios de organizabilidad educativa, social, económica y tecnológica, siendo apoyados por las organizaciones del Estado, para terminar con la migración “forzada” hacia las grandes zonas urbanas promovidas por la subsidiaridad del Estado a las mega urbanizaciones…

Quiero un país en donde no haya quienes sean dueños del micrófono de la razón sin haberle preguntado al pueblo… Quiero un país en donde las mentes brillantes tengan los mecanismos necesarios para difundir en la nación su parecer respecto de las políticas nacionales por desarrollar y que no necesariamente estas sean definidas por las cúpulas de algunas agrupaciones de la mafia política-económica…

También quiero un país en donde exista una Cámara Ciudadana Digital, en donde tomen lugar los debates primarios en torno al Chile que queremos y respecto de cientos de otros temas y que esa Cámara tenga representantes directos en el Congreso y en el Senado y que en ella participen por Ley las universidades del Consejo de Rectores, organizaciones del Estado y todo representante de la mafia política que pretenda un cargo público…

http://www.camaraciudadana.cl

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