Si una persona cuenta con información suficiente para vivir su sexualidad y puede tomar decisiones acerca de su reproducción libremente, si tiene acceso a anticoncepción y a información sobre cómo utilizar debidamente los diferentes métodos disponibles, es probable que disminuyan los embarazos no deseados y, por ende, los abortos.
Ya se ha dicho y escrito mucho acerca del discurso de la Presidenta del 21 de mayo. Hubo dos cosas –entre otras– que llamaron la atención: la ausencia de temas vinculados a la diversidad sexual y el anuncio de la intención de avanzar hacia la despenalización del aborto en tres causales. Ambos temas se han hablado separadamente y desde distintas miradas.
Lo que no quisiera es que esto lleve a una mirada fragmentada de lo que son los derechos sexuales y reproductivos en cuanto a derechos humanos. Los llamados derechos sexuales y reproductivos son un conjunto de derechos y libertades, consagrados o derivados de distintos tratados internacionales de derechos humanos, que tienen que ver con el disfrute pleno de la sexualidad y la capacidad de las personas de tomar decisiones libres, informadas y sin temor a represalias.
Son derechos básicos para cualquier persona, porque se vinculan con el bienestar físico, emocional, mental y social. Su realización puede mejorar la salud en general y las relaciones personales.
La demanda por normas igualitarias en materia de matrimonio y unión civil para todas las parejas, incluidas las del mismo sexo, se basa precisamente en estos derechos. Se vincula con la libertad de tener una vida sexual satisfactoria, segura y placentera, determinando la propia orientación sexual o identidad de género, el derecho a elegir pareja sexual o conyugal, el derecho a contraer matrimonio, formar una familia y a vivir bajo diferentes formas de familia.
De la misma forma, la demanda por una Ley de identidad de género tiene sustento en derechos humanos. Se basa en el derecho a determinar la propia orientación sexual e identidad de género, con independencia del género asignado al nacer.
La necesidad de contar con educación sexual e información oportuna sobre sexualidad y reproducción, también es materia de derechos humanos. Que se haga realidad el derecho a decidir ser o no ser sexualmente activo, a tener una vida sexual satisfactoria, segura y placentera, a mantener relaciones sexuales consensuales, a elegir pareja sexual y/o conyugal, a decidir libremente el número de hijos/as y el momento para tenerlos/as, todo ello depende por completo de que las personas cuenten con la información y el empoderamiento necesario para hacer valer e implementar sus decisiones.
La garantía de acceso a anticoncepción, incluyendo el de emergencia a todas las personas que lo requieran, también forma parte de esto. El derecho a decidir el número, momento y oportunidad para tener hijos/as, depende de este acceso e información, así como el acceso a servicios de salud adecuados. La necesidad de tomar medidas para prevenir, investigar y sancionar toda forma de violencia sexual también es esencial. Toda persona tiene derecho a vivir libre de sufrir violación o cualquier forma de violencia de género (como embarazo o esterilización forzados, mutilación genital femenina o aborto forzado), y a acceder a reparaciones por actos de violencia sexual o de género de los que sea víctima.
Y sí, la necesidad de avanzar hacia la despenalización del aborto y garantizar acceso a servicios seguros de salud para poder practicarse uno en caso que la mujer haya sido violada o si su vida o su salud están en peligro, o en caso de complicaciones surgidas a raíz de un aborto, también es parte de estos derechos. En esta línea, el anuncio del gobierno al parecer estaría dando un paso adelante, pero parcial. La despenalización del aborto sólo en tres causales no necesariamente garantiza el acceso a servicios seguros.
Si una persona cuenta con información suficiente para vivir su sexualidad y puede tomar decisiones acerca de su reproducción libremente, si tiene acceso a anticoncepción y a información sobre cómo utilizar debidamente los diferentes métodos disponibles, es probable que disminuyan los embarazos no deseados y, por ende, los abortos.
Si los anticonceptivos de emergencia están debidamente disponibles, también disminuyen los embarazos no deseados, pudiendo incluso disminuir los casos de embarazo como consecuencia de una violación. Si se logra disminuir la violencia de género, es probable que los embarazos que son productos de violación también disminuyan. Una mirada integral a los derechos sexuales y reproductivos puede, en la práctica, disminuir los casos de aborto.
Pero el aborto nunca puede quedar completamente fuera de la mesa. Cuando una mujer ha sido violada y su embarazo continúa, pues no tuvo acceso a la píldora del día después o no se atrevió a denunciar la violación (y por tanto no operaron los protocolos aplicables, que incluiría la administración de anticoncepción de emergencia); cuando está en peligro su vida o su salud, todo lo anterior no sirve. Por lo tanto, debe ser la mujer quien libre e informadamente y sin temor a represalias legales o sociales, debe poder decidir si quiere continuar o no con su embarazo. Cada mujer debe tener la posibilidad de decidir de qué manera, de acuerdo a sus circunstancias, vivencias, experiencias, creencias, puede sobrellevar de mejor manera la difícil situación en que se encuentra.
Si al abortar corre riesgo de ser criminalizada, en la práctica, se le está obligando a continuar el embarazo. Ya se ha dicho en instancias internacionales: obligar a una mujer a continuar un embarazo en estas condiciones es equivalente a un trato cruel, inhumano y degradante, infligido por el Estado en su contra.
Centrar el debate sólo en aborto y a la falsa dicotomía de “pro-vida” versus “pro-aborto”, es reducir un asunto que es mucho más complejo.
Si hablamos de aborto sin hablar del reconocimiento a las distintas formas de vivir la sexualidad, la orientación sexual y la identidad de género, sin hablar sobre cómo prevenir la violencia sexual y de género o hablar abiertamente de sexualidad y control de natalidad, o bien cómo garantizamos el acceso a anticoncepción regular y de emergencia e información sobre cómo usarla, estamos mirando la cara más extrema de la problemática y dejando de mirar integralmente los derechos sexuales y reproductivos, donde el aborto debe ser parte fundamental, pero en ningún caso exclusiva.
Comentarios
07 de junio
Esta carta envié ayer a El Mercurio de Valpo; no e si la publicarán.-
Divorcio y Aborto
Los mismos personajes y organizaciones que se opusieron en su momento a que se dialogara y legislara acerca del divorcio tratando de imponer sus convicciones a toda la sociedad porque sus creencias no lo aceptan, se niegan actualmente a dialogar y a legislar acerca del tema del aborto. En este último caso el tema está acotado a situaciones perfectamente determinadas: casos de riesgo de vida de la madre, inviabilidad del feto y voluntad de la mujer embarazada producto de una violación. Los primeros casos son situaciones legalizadas en casi todos los países del mundo; Chile, junto a un par de países centroamericanos son la excepción manteniendo penalizado todo tipo de aborto. En el caso de embarazo por violación, la idea de legislar postula que cada mujer sea libre de elegir respecto de continuar o no con dicho embarazo. Esto último es un reconocimiento al hecho de que existen múltiples casos de abortos clandestinos donde las mujeres embarazadas más vulnerables corren riesgo vital al hacerlo. La presidenta señaló en su discurso del 21 de mayo que habría más de 17.000 casos anuales de aborto en Chile. Aquellas mujeres que pertenecen a grupos económicamente más privilegiados no corren mayor riesgo y no requieren de legislación alguna. Quienes se oponen a legislar al respecto no protegen de manera alguna a las personas afectadas, muy especialmente a las más vulnerables. Sin duda otra forma de discriminación social. Desconocen una situación “de hecho” al igual como lo hacían en el caso del divorcio. Esas mismas organizaciones se oponen a que se imparta educación sexual de amplio espectro y a que se utilicen medios preventivos de embarazo. Si tienen determinadas convicciones al respecto, nadie les impide actuar en consecuencia. Más no tienen derecho a imponer sus convicciones a la sociedad en su conjunto. El respetar y convivir con convicciones personales diferentes a las de uno es parte de una verdadera democracia. Esos grupos hablan de libertad de elegir un producto en el mercado pero niegan la libertad de que cada mujer pueda decidir por sí misma respecto de su salud física y mental. Y a eso le llaman “respeto a la vida”. Insostenible.
Nathan Novik (Valparaiso)
0