Nuestro país ha avanzado durante estos últimos 20 años en la recuperación y el fortalecimiento de la democracia. Sin embargo, existe una deuda en cuanto a herramientas que permitan que los ciudadanos y ciudadanas tengan conciencia de sus derechos desde la infancia. En otras palabras, hay una carencia en “educación cívica” o educación para la democracia e incluso para los derechos humanos. Además, a pesar de existir hace 18 años en el congreso diversos proyectos que crean figuras de defensa de derechos como el conocido internacionalmente Ombudsman, la institucionalidad aún no existe en nuestro país, mientras la gran mayoría de los países latinoamericanos avanzaron durante los años noventa en este sentido.
Para el fortalecimiento democrático necesitamos que el conjunto de la sociedad sea consciente de sus derechos y responsabilidades. Esto quiere decir, que la sociedad, al tiempo que establece la democracia como forma de organización básica, debe garantizar que todas y todos los ciudadanos se conviertan en sujetos conscientes de sus derechos y responsabilidades, sujetos capaces de cuidar de sí mismos y cuidar de la sociedad, sujetos capaces de participar con conocimiento de causa y responsabilidad, capaces de organizarse, definir sus intereses y expresarlos; en fin, sujetos capaces de ejercer la ciudadanía. Esta función de formación política en el sentido de participación en la vida colectiva, en el gobierno de la sociedad es la que, a mi juicio, sigue siendo una deuda de nuestra democracia.
Se tienen derechos no sólo porque “se pagan impuestos” como lo hemos escuchado muchas veces, desde una perspectiva bastante neoliberal. Se tienen derechos porque también se tienen deberes dentro de una lógica de construcción comunitaria en que todos y todas decidimos vivir en sociedad.
Una sociedad democrática debería mantener un debate constructivo permanente sobre los principios, métodos, experiencias y resultados de los procesos de formación ciudadana, con participación de todas las instancias involucradas, tanto de la sociedad civil como del Estado.
El legado de los gobiernos de la Concertación fue establecer un Estado de protección social que bajo la “Red Protege” ordenó todos los derechos que las personas tienen en su relación con el Estado y se desarrolló una difusión sobre los mismos. La idea fue que los ciudadanos tuvieran más conciencia de sus derechos y de cómo hacerlos efectivos frente a un Estado que se comprometía a garantizarlos. Se espera que esa política pública no quede en la nada, cuando aún hay mucho que avanzar en ese sentido.
Con el cambio de gobierno, existe temor de perder lo avanzado y no continuar con los decididos pasos que es necesario dar para fortalecer a la ciudadanía en Chile. Una herramienta muy específica para velar por ello es la existencia de la Defensoría de las Personas u Ombudsman. Institución autónoma que vela por la promoción, protección y defensa de los derechos de las personas en los servicios públicos. El proyecto hoy duerme en el Senado luego de haber sido aprobado por la cámara de diputados hace más de un año. El Presidente Piñera lo tiene en su programa de gobierno y fue mencionado en las medidas para su primer año; esperamos que los devastadores efectos del terremoto no le hayan quitado la urgencia.
Comentarios
13 de abril
Me parece de extrema importancia abordar estos temas con seriedad y urgencia. Creo firmemente que se debe avanzar en la discusión y en la profundización de la cercanía entre las personas y los derechos adquiridos, con el fin de involucrarnos en un proceso amplio y constante de construcción democrática. Así, es necesario que se generen plataformas incluyentes que con sentido de urgencia, trabajen por la colocación de estos temas en la opinión pública, donde se puede apreciar el desanclaje que existe, siendo lo únicos derechos ampliamente considerados, los que se tienen como consumidores, pero al mismo tiempo, creo sumamente importante que si se quiere avanzar y mejorar la calidad de derechos resguardados, así como las vías de exigibilidad y observación, lo hagamos con una visión proyectiva que comprenda los desafíos por venir y no que recién se haga cargo de problemas del pasado. La transformación de los órdenes jurídicos debido a la internacionalización o globalización de capitales, información, productos, etc., pero sobre todo de personas, a través de las crecientes tazas migratorias, en donde Chile aparece como un país progresivamente receptor, nos deben hacer ver la imposibilidad de discutir el tema ciudadanía, sin replantearse la visión de ciudadanía y la noción de los individuos como portadores de derechos, es decir, no en relación de dependencia con el Estado-nación, sólo así, sólo viendo los desafíos a futuro y no exclusivamente lo truncado es que Chile podría hacerse realmente cargo de las necesidades a las que ni siquiera ahora puede hacer frente. El desafío internacional es sólo uno, pero por ejemplo, también se puede apreciar el problema identitario de los pueblos indígenas. Se necesita una nueva institucionalidad jurídica, sí, pero una que no se ponga limites de partida, sino que esté dispuesta y tenga una mirada amplia para visualizar problemas que se fraguan actualmente, pero que no demorarán demasiado en salir a flote.
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