Derechos a la ciudad y la ruralidad: movilidad sin tacos, sin tacos y sin tacos

Hace unos días aparecía una publicación en Facebook de un concejal de la comuna de Padre Hurtado en el que informaba de una serie de acuerdos que habían adoptado en una comisión de trabajo conformada con representantes de las empresas (microempresas) de colectivos en orden a mejorar el servicio. Ello, derivó en un comentario al Concejal agradeciendo la información (nobleza obliga), pues es relevante considerar los esfuerzos que las autoridades hacen por informar de sus actividades a través de redes sociales, más allá del nivel de importancia que cada publicación en estas plataformas pueda significar para la ciudadana/o de a pie.

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Cabe plantearse la urgencia de un plan que mejore los horarios, tiempos de desplazamiento, la calidad de los servicios y la seguridad para transitar.

Pero, junto con agradecer se le manifestó el interés por conocer cómo se busca el mejoramiento del sistema de transporte público para la comuna, pues, las empresas de microbuses operan con máquinas de capacidad limitada por ley (eso parece); un terminal San Borja (Estación Central) colapsado desde décadas (sin perjuicio de las evidentes mejoras), y ahora la ruta Camino a Melipilla que siempre ha sido una vía colapsada con el sostenido aumento del parque automotriz, a propósito de la expansión urbana residencial (entre otras variables) y el inicio de las obras de construcción del nuevo proyecto MELITREN (aunque largamente añorado y prometido), hacen del tránsito diario un drama de largas horas para llegar a los lugares de trabajo, estudio y la vuelta al domicilio. Entonces, escribiéndole, al Honorable Concejal, se le animaba que ahora es cuando es urgente apretar a los ingenieros de las empresas para dar soluciones al problema (se sabe que es más complejo).

Es necesario comentar de manera más extendida esta problemática, que parece nunca ha sido bien abordada. Esto, porque los que han vivido la vida en este territorio han aprendido a vivir a 90 minutos de cualquier parte y para realizar cualquier asunto personal o trámite. Esta suerte de normalidad, que antes se asumía por nuestra ruralidad, ahora se asume por la congestión-colapso automotriz, que, si bien es una condición real, parece que no es la razón para mantener las condiciones precarias de movilidad de nuestras vecinas y vecinos, de nuestras hijas e hijos.

Aquí se enuncia un problema, entre varios, que tienen que ver, además, con servicios públicos-privados como la telefonía, la electricidad, agua potable, alcantarillado y otros, los que engrosan las mayores o menores posibilidades de una positiva calidad de vida personal y colectiva de ciudadana/os de a pie. En general, el no proveerlos adecuadamente impide la concreción al derecho a la ciudad, como también develan las precariedades institucionales estructurales en las cuales se disponen los dispositivos público local (municipio, gobierno local) y regional (Intendencia, gobierno regional) para mejorar estas condiciones de vida. Más en territorios altamente sensibles que se encuentran en el periurbano de la Región Metropolitana, ya que lo sufrido por la Comuna de Padre Hurtado, lo es también para la Provincia de Talagante y distrito 14 en general.

Junto con tener la esperanza que, con el nuevo texto Constitucional aprobado (en la medida que asegure mejor calidad de vida) se enmiende esta situación expuesta en el mediano y largo plazo, haciéndose extensiva al resto de Chile por lo demás, es que urge tomar acciones en el cortísimo plazo, siendo una posibilidad, el diseño e implementación de Proyecto Políticos de Desarrollo Local, los cuales debiesen ser capaces de construirse desde una clave del derecho a la ciudad, pero también derecho a una ruralidad, cualquiera sea (agrícola, minera o litoral, entre otras), o espacios de transición entre ambos mundos (peri-urbanidad o peri-ruralidad), factibles y necesarios, funcionales para el mejoramiento de la calidad de vida. Estos proyectos políticos de desarrollo local, debiesen constituirse en la sustancia para activar el dispositivo municipal (con todo su instrumental de planificación) y hasta regional (también, con todo su instrumental) y entregar pistas para las comunidades, en cuanto a cómo disponerse en un contexto de participación ciudadana para proponer, observar críticamente y comprometerse en acciones colectivas.

Es en ese marco, que cabe plantearse la urgencia de un plan que mejore los horarios, tiempos de desplazamiento, la calidad de los servicios y la seguridad para transitar. Y si bien es muy importante la conversación y conformación de mesas con las empresas de colectivos y microbuses, es igual o, quizás, más importante fijar de manera participativa las necesidades de las comunidades, pues son ellas las que mejor pueden representar cuáles son las necesidades y también, por supuesto, pueden (deberían) delinear las soluciones que se necesitan en dialogo con expertos y técnicos. Pues, lamentablemente, nada hace pensar que las autoridades políticas, a nivel local, regional y central, vayan a encontrar la mejor solución. En este tema como en otros, las comunidades se han acomodado a las respuestas “posibles”, ¡siempre ocurrentes!, pero que a poco andar nos topamos nuevamente con el mismo problema.

Pasos para abordar un plan de manera participativa y dialogada, sin caer en asambleísmos y pérdidas de recursos, es definir una organización y estructura de participación que facilite a los diversos actores sociales plantear visiones del problema y propuestas de solución. En esto las autoridades tienen un liderazgo importante, pero que deben aceptar una vez lograda la organización, guardar silencio y escuchar. Los resultados sin dudas serán múltiples proyectos en atención a la seguridad, tipos y frecuencia de servicios; ajustes en los usos de las vías de tránsito, en fin, para los que con un trabajo público-privado puede ser un avance en estos nuevos tiempos.