Si las políticas públicas están enfocadas hacia la construcción de la ciudadanía, se hace necesaria una actuación del poder público en el sentido de aumentar las capacidades y recursos técnicos y políticos de la sociedad civil. Ello significa que los gobiernos locales posibiliten las condiciones para la autoorganización de la sociedad, que favorezcan el incremento del capital social, sin que ello implique una pérdida de la autonomía de las organizaciones sociales.
La exigencia de la ciudadanía por más democracia en Chile, manifestada de múltiples y contundentes maneras en el curso del último período, nos ha mostrado los déficits y límites de la institucionalidad política, los que pudieran definirse, siguiendo la noción propuesta por la politóga Sonia Fleury, como un “Estado sin ciudadanos”.
Esa constatación impone la necesidad de explorar nuevas proposiciones de construcción de la democracia. Ese es el sentido del planteamiento que ha formulado el alcalde de Maipú, Christian Vittori, en la reciente formación dela Red de Municipios Pro Participación Ciudadana: pasar de la democracia representativa a la democracia participativa en los espacios locales.
¿Qué significados profundos están involucrados en esta perspectiva? El politólogo Iosu Perales Arretxe explica, en este sentido, que “siguiendo un criterio analítico podemos identificar tres tendencias generales de reforma política en torno a tres modelos de democracia”: son la “democracia minimalista”; la “democracia pluralista integrativa” y la “democracia deliberativa”.
En el primero de los casos, “se trata del imperio de la ley con una intervención mínima del Estado en la sociedad”. Prima el enfoque del individualismo y el comunitarismo como una amenaza. “El gobierno municipal es concebido como un administrador local orientado al suministro eficiente de servicios”.
El segundo modelo “afirma la diversificación de la representación, como principio de igualdad y la concertación social. Las autoridades locales se eligen democráticamente y existe un esfuerzo por construir órganos consultivos económicos y sociales”. En este enfoque, los ciudadanos no logran autonomía, sino más bien “trasladan su autoridad a instancias de representación”.
“La democracia deliberativa parte del principio de que la igualdad de derechos sólo se puede alcanzar en una sociedad participativa: los ciudadanos intervienen de un modo directo en la regulación de las instituciones. En este caso, el municipio adquiere, en tanto que instancia más próxima a la ciudadanía, gran importancia en la conformación de los intereses compartidos de la comunidad en el cuerpo político en su conjunto”, anota. La democracia deliberativa toma forma con la congregación de los ciudadanos en un espacio de interacción en que se adoptan decisiones estratégicas del desarrollo local.
La noción de una democracia participativa radicaliza la lectura de la democracia clásica que parte de la premisa que el poder emana del pueblo, y reinstala el horizonte de que la soberanía puede ser ejercida directamente por la ciudadanía allí donde se las dan condiciones institucionales y la voluntad política que lo permitan. No se trata de lograr solamente una igualdad política expresada en el ejercicio delegativo del sufragio, que por cierto es fundamental, sino una deliberación que permita la consideración efectiva de las demandas, intereses y puntos de vista de los ciudadanos.
La profundización de la democracia asume entonces la reivindicación ciudadana de un “derecho de quinta generación” (además de los derechos civiles, políticos y sociales): la demanda de una gestión deliberativa de las políticas públicas.
Para ello la estrategia es el fortalecimiento del poder local, concibiendo “lo local” no tanto como un territorio o como mera instancia administrativa de gobierno, sino como una “sociedad local”, como señala el doctor en sociología José Arocena, asumiéndola como el espacio de la inclusión social y conciliando la ciudadanía con la comunidad.
La participación ciudadana en el poder local presupone una distribución del poder en el conjunto de los integrantes de una comunidad. A esta forma de gestión pública se le ha denominado como “democracia participativa”, por el hecho de ampliar las bases de discusión y resolución de las políticas públicas a través de la inclusión creciente de la sociedad civil, con una nueva relación entre el poder público y la sociedad civil.
Como parte del nuevo ciclo de democratización en el país que esperamos emprender, es necesario promover la expansión de la ciudadanía desde los espacios locales. Esta generación de un público social refuerza la sociedad civil e implicará necesariamente cambios en la institucionalidad del Estado y en las prácticas de la gestión pública, en lo que se refiere a la creación de estructuras y procesos estatales capaces de impulsar transferencias de poder político, en que el proceso de decisión y la puesta en práctica de las políticas públicas se sustenten en una mayor dispersión del poder.
Si las políticas públicas están enfocadas hacia la construcción de la ciudadanía, se hace necesaria una actuación del poder público en el sentido de aumentar las capacidades y recursos técnicos y políticos de la sociedad civil. Ello significa que los gobiernos locales posibiliten las condiciones para la autoorganización de la sociedad, que favorezcan el incremento del capital social, sin que ello implique una pérdida de la autonomía de las organizaciones sociales. Ello generará un enorme potencial de innovación social y una transformación de las formas, los instrumentos y las prácticas de gestión pública.
También es fundamental la capacidad de movilizar a los funcionarios públicos en la redefinición de la misión institucional, comprometiéndoles con el desafío del proceso de democratización de la gestión. El punto fundamental es, sin duda, la comprensión de la importancia de la apertura a la sociedad del gobierno municipal, sus estructuras de planificación y de gestión.
Como dicen los politólogos Marion Gret e Yves Sintomer, “al devolver el poder a los ciudadanos”, la democracia participativa “rehabilita la política”, permite “relegitimar la política y la acción del Estado”. Precisamente, allí radica uno de los desafíos esenciales para profundizar la democratización del país. Desde los espacios locales, es posible que se desarrollen experiencias de pleno ejercicio de la democracia en la priorización de obras, la jerarquización de temas y distribución del presupuesto público, lo que ciertamente tendrá impactos reales, tangibles y mensurables en la gestión y en la vida social de las comunidades.
Es la hora de la elaboración innovadora y creativa de nuevos formatos de democracia para la afirmación de garantías públicas para el ejercicio pleno de la ciudadanía, lo que pasa por desarrollar una visión centrada en la participación, en el rescate de lo público y en la redistribución del poder.
Comentarios