Nibaldo Mosciatti dijo hace algunos días que “el ciudadano humilde ha sacado la rabia, porque con obediencia ha logrado muy poco”. Sus palabras, expresadas post toma del ex Congreso Nacional, son muestra de que no es tan fácil cuestionar la reacción ciudadana ante la sordera del gobierno, la clase política y algunos medios frente a las demandas por más democracia y participación. Fácil es hablar de violentismo y falta de respeto a las instituciones, pero difícil es reconocer que en la exigencia de un estatuto civil para parejas del mismo sexo y educación gratuita de calidad, y en el rechazo a que un par de empresas privaticen la Patagonia, existe una mayoría que infructuosamente clama y una minoría que majaderamente niega.
Podría mencionar decenas, si no cientos, de ejemplos de cómo los derechos de los ciudadanos mandantes son vulnerados en el día a día por un sistema social, económico y político que los representantes mandatarios no han tenido la voluntad de modificar, y en muchas ocasiones incluso han optado conscientemente mantener. Ahí están los clientes de La Polar, las millonarias deudas de los universitarios, el caso Eurolatina, los niños envenenados por plomo en Arica, los deudores habitacionales, la central Castilla, la mina Invierno de Isla Riesco, los ríos secos en todo el norte por el acaparamiento de las mineras, la privatización del mar y las semillas originarias a favor de las grandes corporaciones, la criminalización de la causa mapuche, la incierta inscripción automática y el voto voluntario, Pascua Lama y Celco Valdivia.
En éstos y muchos otros casos la tan recurrida institucionalidad judicial, política, económica no ha dado el ancho. Y nuestros representantes tampoco, siendo ellos los llamados a decidir en pro del interés común. Negligencia muy distinta a la eficacia para resolver en 24 horas el problema de la DC cuando no pudo inscribir a sus parlamentarios en 2001. O al exitoso acuerdo de 2003 entre la Concertación y la Alianza para promover la transparencia y sacar del atolladero al gobierno de Ricardo Lagos por el caso de corrupción MOP-Gate.
Es esta falta de compromiso con el bien común, cruzada por abundancia de compromiso con intereses de grupos económicos, la que ha hecho mella en la confianza de la ciudadanía en lo que nuestras autoridades y representantes puedan decidir.
Por ello, cuando se levanta el dedo acusador respecto de la toma del ex Congreso Nacional, que no fue de un grupo armado ni de encapuchados sino en el marco de una acción política, de fuerza, por cierto, pero política al fin y al cabo, hay que tener cuidado. Esto no fue un asalto a mano armada. Porque asalto a mano armada es el saqueo de los bienes comunes como los minerales, el agua y la tierra en beneficio de unos pocos. Asalto a mano armada son los intereses usureros, mercantilizar la educación, la salud, la previsión y la vivienda, y lucrar a costa de la calidad de vida de la gente. Asalto a mano armada es ser un país tan inmensamente rico y tan dramáticamente desigual. Violencia simbólica y concreta ejercida contra chilenos y chilenas diariamente y que se ha demostrado de múltiples maneras. Es la mayoría la que exige transformaciones, pero son los tribunos de esta injusta institucionalidad quienes no permiten hacer los cambios profundos que se necesitan.
Aunque se pretenda elevar hasta los cielos la legitimidad del Parlamento son sus intereses en conflicto y la forma en que se autogeneran sus huéspedes los que le han hecho perder el respeto ciudadano: una educación que reproduce privilegios de poder económico y político, barreras de entrada a quienes no se cuadran con las coaliciones oficiales y un sistema electoral no representativo forman parte de la bomba de tiempo que desde hace rato está en los descuentos. Diversos estudios demuestran que nuestro sistema político hace varias elecciones que extravió la legitimidad. Que perdiera el respeto de la gente era sólo cuestión de tiempo. No está demás decir que la gran mayoría de los chilenos sí creemos en la democracia, pero en una de verdad no en ésta que no ha estado a la altura de lo que se requiere y necesita.
Porque en Chile los ciudadanos no están indignados, a estas alturas tienen rabia. Y el único reencauce posible de ésta es un cambio radical de las reglas del juego. Cambio radical que no lo pueden llevar adelante exclusivamente quienes se han beneficiado con las normas que hoy nos rigen. Se tiene que permitir que participen también quienes han sido los marginados. No basta ya que un par (o un grupo) de iluminados se reúnan por horas a decidir el futuro del país y sus inquilinos. Hoy la trazabilidad democrática y participativa de las decisiones de interés público se hace cada vez más necesaria.
Y para partir no sería una mala idea llamar a Asamblea Constituyente. ¿Darán el ancho nuestros representantes?
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Imagen: Man Displaying Contract (Matt Foster – Stock lllustration Source)
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