Hace algunos días se llevó a cabo una consulta ciudadana en la Araucanía donde un 81,56% de los votantes aprobó extender el estado de emergencia en la región. En tiempos de descentralización estas iniciativas consultivas son bien vistas por algunos académicos, diseñadores de política y autoridades públicas. Ampliar la democracia es lo que se escucha constantemente, pero no tan solo en elecciones populares, sino que, además, legitimidad en decisiones de asuntos públicos, considerar a la población, hacerla partícipe. Todo bien hasta ahí.
¿El problema? El diseño de esta iniciativa. Pues se decide por una consulta online en una región que ocupa el último en acceso a internet fijo donde solo un 33% de la población tiene acceso de acuerdo al estudio “Gobierno electrónico. El desafío de la brecha digital en la Araucanía” publicado por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Temuco. Asimismo, este estudio señala que un 23,2% de las personas que viven en Temuco no saben o no les informan cómo utilizar internet, y el problema es mayor en Padre las Casas donde solo alcanza a un 7,6%.
Hacer partícipe implica incluir y no excluir, converger en equidad y en igualdad de condiciones, tener en consideración la multiculturalidad y las particularidades territoriales, y garantizar la participación de los pueblos originarios
¿Legitimidad? Dudosa. Por un lado, se les consulta a los habitantes sus preferencias con la finalidad de tomar una decisión representativa de la comunidad. Sin embargo, por otro lado, se restringe casi al 70% de la población que no tiene acceso a internet para participar.
En el siglo XIX quienes podían elegir a sus autoridades políticas eran hombres con grandes fortunas y educados. Se excluía a la mayoría de las personas por su condición de género, social, económica y cultural. Luego, la Constitución de 1833 se amplió la participación a hombres desde los 25 años si eran solteros y 21 años si eran casados, con la condición de que sepan leer y escribir, que tuvieran en posesión una propiedad inmueble o capital invertido y que percibieran ingresos en proporción a la propiedad inmueble o capital invertido que se declaraba. En 1874, se retira el requisito de acreditar un bien, no obstante, se mantiene que sepan leer y escribir, y solo hombres.
Recién en 1934 se concede el derecho a votar a las mujeres. Sin embargo, solo podían hacerlo para las elecciones municipales. Quince años después, en 1949, se les reconoce el derecho a votar para las demás elecciones.
En 1969 se aprobó el voto para ciegos y en 1972 para los analfabetos. Un largo proceso que fue abriendo paso a mayor democracia y junto con ello a mayor participación ciudadana y legitimidad. Décadas después, una vez ya en democracia, se aprueba el sufragio universal en el año 2012, y en 2016 se otorga el derecho a voto a chilenos en el extranjero.
A lo largo de nuestra historia hemos ido ampliando la democracia, reconociendo el derecho a voto a todo ciudadano y ciudadana. No obstante, debido a la baja participación de las últimas elecciones, como consecuencia de una crisis de representación política, se ha puesto en duda la legitimidad de las autoridades electas pues solo la mitad de la población elige a sus representantes políticos. Lo ocurrido en la Región de la Araucanía donde solamente un 16,4% del padrón electoral votó, deja en duda nuevamente la legitimidad de del proceso, pues cabe preguntarse qué tan representativo de la población puede ser un 16,4% de la población total. La restricción digital impuesta por la gobernación regional, cuestiona el hecho de si la consulta ciudadana constituye un mecanismo de redistribución de poder y de soberanía popular, pues hacer partícipe implica incluir y no excluir, converger en equidad y en igualdad de condiciones, tener en consideración la multiculturalidad y las particularidades territoriales, y garantizar la participación de los pueblos originarios. Nada de aquello ocurrió el pasado 7 de noviembre.
Avanzar en mecanismos de participación de democracia directa o semidirecta es fundamental para fortalecer la participación ciudadana desde lo local. Involucrar a las personas robustece la democracia y le otorga mayor legitimidad al proceso. Pero realizar iniciativas de este tipo requiere planificación y un buen diseño para que logre los resultados deseados. De lo contrario, surgen mayores controversias y cuestionamientos que agravan y potencian el problema. En definitiva, se debe garantizar un buen uso de los mecanismos de participación para que su utilización no se perciba como un manejo político que favorezca al sector al cual representa la autoridad local o regional, y luego esa autoridad tome decisiones artificialmente en nombre de la ciudadanía, en vez de intentar realmente de resolver el profundo conflicto que en la región se manifiesta.
Por último, cabe señalar que ciertamente el conflicto en la zona de la Araucanía no se resuelve con una votación más popular. Requiere mucho más que optar por una preferencia, se necesita un diálogo profundo y la militarización va en sentido contrario, pues donde hay armamento de guerra no puede haber diálogo alguno.
Comentarios