#Ciudadanía

Conflicto de interés v/s la democracia lejana y cotidiana

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El título de la columna, inmediatamente podría evocar a Sebastián Piñera, producto de su viaje de Estado a China, sentando a sus hijos en un avión FACH y a poco andar de la gira en mesas con empresarios chinos, siendo casualmente los mismos, también comerciantes. Pero el expediente de conflicto de interés del actual Presidente de la República Chileno, no sólo se le debe asociar con este evento específico, sino que con una serie de situaciones que lo colocan permanentemente en el ojo del huracán en la relación negocios y política. Famosa fue la legislación que se tuvo que elaborar para que se transformara en Presidente de la República en la segunda oportunidad, a propósito de los fideicomisos ciegos (en su primer gobierno comienza la tramitación de la misma, tras la evidencia de lo insostenible de la situación tras ganar la primera elección)[1].


El principio de probidad en la función pública consiste en observar una conducta funcionaria intachable, un desempeño honesto y leal de la función o cargo con preeminencia del interés general sobre el particula

En general, además, varios y varias autoridades del gobierno Piñera I y II se encontraron y encuentran tensionados por tal situación, no siendo exclusivo de los gobiernos de derechas, por supuesto. También en los centro-izquierda, con bastante menos regularidad, producto de que no estuvieron necesariamente en el circuito de las grandes fortunas, ni tampoco de los negocios transversales nacionales e internacionales, sin embargo, cuando lo hacen, la vara para medir la contradicción, es bastante más exigente, experimentando un castigo social y político mucho más severo… que ¡paradoja!, bien que así sea con la centro–izquierda, mal que exista en el imaginario sociopolítico nacional una mayor permisividad con los sectores de las derechas…

Pero los conflictos de interés no sólo se encuentran presentes en estas escalas de la administración y gobiernos públicos nacionales, también en los regionales, locales y en organizaciones de todo tipo de la sociedad civil, pasando por juntas de vecinos, universidades, hasta ONGs y la empresa privada (incluido sus gobiernos corporativos cuando son grandes consorcios). Malamente reconocida es la relación que logran los funcionarios públicos, sobre todo los más políticos (asociados con confianza política) cuando pasan a integrar las filas de la empresa privada, administrando toda la información que lograron sintetizar en su función pública, ahora alineada en el interés de cualquier empresa privada nacional o internacional que los reclute, sin perjuicio de la norma existente. Y lo más interesante, es que las medidas éticas y morales de los ciudadanos y ciudadanas que ejecutan el Conflicto de Interés, o no lo identifican, o no les importa, o bien, lo buscan, existiendo otra situación más contradictoria, cómo los entornos sociales, políticos y hasta institucionales no reparan o no quieren reparar en tal sentido, hasta lo promueven en función de sus propios intereses… ¡lo dejan pasar!, más cuando ¡no hay reglamentos que lo regulen explicitamente!

Si bien, la complejidad de las relaciones sociales, económicas y políticas regularmente permitirían explicar problemas de probidad y conflicto de interés, y dado que las personas involucradas en estas prácticas, no teniendo necesariamente la medida ética y moral, o teniéndola, igualmente perseveran en ellas, es que contribuye el Artículo Nº 1 de “la ley sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de interés”, Nº 20.880, que indica:

El principio de probidad en la función pública consiste en observar una conducta funcionaria intachable, un desempeño honesto y leal de la función o cargo con preeminencia del interés general sobre el particular.

Existe conflicto de intereses en el ejercicio de la función pública cuando concurren a la vez el interés general propio del ejercicio de las funciones con un interés particular, sea o no de carácter económico, de quien ejerce dichas funciones o de los terceros vinculados a él determinados por la ley, o cuando concurren circunstancias que le restan imparcialidad en el ejercicio de sus competencias[2].

Estas definiciones, entendidas como normas generales de la ley en comento, ¿cómo interpelan o no a un Presidente de una Junta de Vecinos, de la República, a un directivo universitario, a un integrante de un directorio empresarial o a un dirigente estudiantil, entre muchas otras posibilidades, ante una evidente vulneración de probidad y conflicto de interés?, a reglón seguido ¿interpelan o no a aquellos y aquellas que conociendo la existencia de la vulneración de los principios anteriores, perseveren en apoyos para la consumación del conflicto de interés? Finalmente, ¿cómo las instituciones, reconociendo la existencia de la posibilidad de consumar un conflicto de interés y vulneración de probidad, no lo impiden, amparándose en más de una oportunidad en que ante la inexistencia de una ley o reglamento, no se configura el hecho, cuestión similar cuando ya está consagrada la acción, no haciéndose nada o muy poco para restituir ambos principios?

Asumiendo, que si las respuestas a las preguntas anteriores NO se acercaran a unas razonables, a propósito de restituir probidad y extinguir el Conflicto de Interés evidente, se presenciaría una flagrante vulneración a la democracia. La democracia, entendida como régimen político que organiza valóricamente una sociedad para dirimir el conflicto social (tolerancia, pluralismo, igualdad, solidaridad y libertad, entre otros), indefectiblemente sería vulnerada, no sólo con lo que permite y ha permitido el actual Presidente de la República (u otros por sus prácticas), peor aún, en el cotidiano de nuestro días, cuando no se es capaz de colocar coto a este tipo de situaciones en la empresa, en la universidad, en el partido político, en el municipio, en la ONG, entre tantas otras posibilidades de organización de personas… así se vulneraría no solo a la democracia lejana, representada por algunos en el aséptico sistema político (que siempre es cercana), sino que también la del cotidiano. ¿Es tolerable la situación?[3] Pareciera que no, pero dada la porfía en el NO hacer o hacer en la medida de lo posible, conlleva a frustraciones y deslegitimación en la instituciones, cualquieras sean ellas, vulnerando la democracia lejana (que siempre es cercana) o cotidiana.

[1] Ver en Historia de la Ley N° 20.880 Sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses

[2] leychile

TAGS: #Democracia #FunciónPública Probidad

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