Las economías modernas poseen sofisticados sistemas de registro de morosidades destinados a evaluar los riesgos de los potenciales sujetos de crédito, lo que parece lógico y necesario para dar relativas certezas a las relaciones crediticias.
En Chile, producto de la mala regulación y la codicia de algunos, lamentablemente se construyó un sistema de información comercial privado, que excede con creces los objetivos originales. Así, hoy el modelo de negocios de las administradoras de datos comerciales se funda en la transacción universal de los antecedentes negativos de terceras personas, no distinguiendo entre deudores ocasionales y consolidados, y permitiendo la afectación de sus derechos de acceso al trabajo, educación particular, centros de salud y clínicas privadas, entre otros. Es decir, con el actual sistema se agreden derechos fundamentales garantizados por nuestra constitución política.
No contentos con ello, estas empresas han construido un ranking predictor de riesgos en el cual se permiten clasificar a los ciudadanos como riesgosos o confiables en sus relaciones comerciales y cumplimientos; lo que además de ser un abuso, es peligroso por dos aspectos: primero, por la utilización de elementos subjetivos de evaluación como las consultas al rut de una persona, o sus cambios de domicilio o teléfono. Es decir, puede darse que una persona, que sin ningún retraso mercantil ni morosidad comercial, sea considerada “riesgosa”, por ejemplo, por presentar cambios de domicilio o de teléfono fijo. Con ello se rompe el principio de la buena fe y pone en los ciudadanos un deber de prueba para desvirtuar una calificación injusta hecha por una entidad privada. En segundo orden, el acceso universal a dicho ranking, permite que muchas personas eviten realizar transacciones o dar acceso a fuentes laborales a aquellos que, a pesar de no poseer deudas, son calificados como “riesgosos” por el sistema Dicom.
El reciente fallo de la Corte de Apelaciones fija una línea esperanzadora para terminar con estos abusos en el tratamiento de la información, sin embargo, como todo fallo judicial sus efectos sólo tocan a las partes involucradas y no producen efectos generales. Para evitar que los miles de ciudadanos que a diario sufren estas discriminaciones deban recurrir a tribunales, en Diciembre de 2009 presenté un proyecto para prohibir la elaboración de ranking predictores fundados en elementos diversos de las morosidades y protestos objetivos, a fin de terminar con estos abusos y circunscribir los riesgos a aquellos que hacen de la defraudación su actividad permanente. Dicho proyecto fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados, y luego de 1 año, aprobado en la Comisión de Economía del Senado. Esperamos que senadores despachen prontamente el proyecto para que se transforme en ley y terminemos con uno de los abusos de Dicom.
La decisión de la empresa Dicom- Equifax de eliminar consultas al Rut como variable del predictor de riesgo, es un gran triunfo de la ciudadanía que con más de 1 millón de firmas exige el término de los abusos que tanto afectan a las familias de clase media.
Nuestros proyectos de ley siguen adelante porque no queremos que este tipo de decisiones queden en manos de la voluntad de una empresa o empresario, sino que sea por la manifestación de la voluntad popular, es decir, por mandato de la ley.
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