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Chile, entre el fundamentalismo y la democracia

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El fundamentalismo se define como la exigencia intransigente de sometimiento a una doctrina o práctica establecida. El totalitarismo, por su parte, se define como aquel régimen político que ejerce fuerte intervención en todos los órdenes de la vida nacional, concentrando la totalidad de los poderes estatales en manos de un grupo o partido que no permite la actuación de otros.

En este contexto, podemos inferir que hace rato que la sociedad chilena viene enfrentando los embates de algunos partidos políticos, de marcado carácter confesional, que buscan transformar nuestro país en una nación fundamentalista y totalitaria, promoviendo solo cambios dentro de la continuidad, pero buscando consolidar un modelo en el cual la diferencia real simplemente no exista o sea ilegal.

De hecho, mientras nuestra sociedad trata de avanzar en dirección a la tolerancia, como principio básico para una sana convivencia y una democracia plena, asumiendo realidades incuestionables que hace décadas eran negadas de manera ciega y sorda, la UDI y los sectores más conservadores de RN intentan imponer sus visiones a una parte cada vez mayor de chilenos que no adscriben a sus valores y formas de ver y entender la realidad. Ello, mediante leyes hechas a la medida de estos sectores fundamentalistas que cada día se alejan más y más del espíritu de la mayoría de nuestra ciudadanía, siempre apoyados por un sistema político —el binominal— que no permite que se expresen de manera adecuada en el parlamento las mayorías y minorías verdaderamente existentes.

Esto demuestra, por una parte, la incapacidad de estos grupos para convencer, incluso a sus propios miembros y seguidores, de observar las normas y conductas que dicen promover y, al mismo tiempo, su intención de utilizar al Estado para imponer mediante las leyes, aquellos valores que la sociedad en su conjunto comienza a abandonar de forma mayoritaria, negándose a aceptar que quienes no comparten sus principios y valores, puedan vivir según sus propias prácticas y doctrinas.

Pretenden así que el Estado intervenga, consolidándose como un instrumento de dominación cultural y política, e intentan delegar en el mismo el triunfo, por secretaría, de una batalla que, en el campo de la moral y en absoluto silencio, asumen como perdida.

Resulta importante, aunque parezca obvio, recordar que tal como la ley de divorcio no obliga a los católicos a divorciarse, ni la existencia y distribución de la pastilla del día después obliga a las católicas a ingerirla, una ley de matrimonio que no discrimine personas por su opción sexual, no obligaría a los católicos del mismo sexo a casarse entre ellos.

De la misma manera, legislar y regular el aborto terapéutico y la eutanasia, tampoco obligaría, a quienes no aceptan dichas prácticas, a llevarlas a cabo.

En este contexto, resulta fundamental recordar que el ideal de las leyes, en los regímenes democráticos, es que se constituyan en instrumentos capaces de resolver problemas sociales y conflictos entre privados, y entre estos y el Estado, representando el sentir y las creencias de la mayoría de la nación. Siempre, con respeto a las creencias y tradiciones de las minorías, que deben poder vivir según sus preceptos, mientras no pongan en peligro la vida, la libertad y el bienestar de los demás.

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Foto: trustypicsLicencia CC

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04 de abril

En Chile vivimos un dilema absoluto en cuanto a la tolerancia, que tiene relación con la existencia de grupos o sectores que se consideran con una moral más elevada que la del resto, y por tanto, con derechos, privilegios y atribuciones superiores a la de cualquier peatón. Y el problema es que esa percepción es transversal, sólo que se da desde distintas áreas.

Por un lado los sectores conservadores, que se presumen como tradicionales depositarios-guardianes de una supuesta moral; y por otro están los sectores progresistas que también se presumen como los nuevos depositarios y defensores de una moral.

Lo interesante es que desde ambos sectores parecen valorar la acción coactiva del Estado para imponer por decreto, sus morales particulares, sus valores, y lo que presumen erróneamente como tolerancia.

Y un ejemplo claro lo entrega el humor, unos rechazan chistes sobre religión o sobre la fe de algunos y proponen censuras; y otros rechazan chistes por considerarlos sexistas, homofóbicos o racistas, y plantean censuras.

Incluso algunos plantean el extremo de suprimir ciertas palabras o incluso de penalizar ciertas opiniones. Totalitario por donde se mire. Porque como decía el gran Orwell: Haced una costumbre del encarcelamiento de fascistas sin juicio previo y tal vez este proceso no se limite sólo a los fascistas.

El debate en torno a temas más complejos también denota esa falta de tolerancia, donde finalmente no se debate, lo que claramente se ve reflejado en la poca disposición a hacerlo, de parte de los “representantes” y la baja calidad de las leyes mismas.

Ninguno se plantea el desafío de derrotar las malas ideas con buenas ideas. Les es más fácil pretender hacerlo por decreto. Olvidan que “Si la libertad significa algo, es el derecho de decirles a los demás lo que no quieren oír”, como decía Orwell.

Fausto

17 de julio

Ohiga no me henbio un gion e repetssua a mi solisitud par ahser pelicula le ruebo aga el fabor de aser el gion por aca me demandan por husurero si no hentrego no podre brodar mi pelicula, en nueba yor sea de rodar.grasias de antemano de nada

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