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Ante la muerte de José Quintriqueo en Galvarino

03 de octubre, 2014

Ante la muerte del comunero José Mauricio Quintriqueo Huaiquimil, de 32 años, en la comuna de Galvarino, en el contexto de reivindicación de tierras, queremos manifestar lo siguiente:

La ocupación fue un acto de protesta ante la expectativas defraudadas de compra de tierras en épocas anteriores y la posibilidad de que CONADI comprara el fundo para otra comunidad.

Según los antecedentes conocidos, el comunero Quintriqueo se encontraba dentro de un grupo de personas haciendo ocupación de terrrenos en el Fundo Nilpe, reivindicados por su comunidad indígena José Quilaleo 2 del Lof Nilpe. El objetivo de dichos actos era promover que CONADI comprara los terrenos del Fundo Nilpe de 1.300 hectáreas. La actual propietaria del predio es una inmobiliaria, administrada por Raúl Quintas y el área agrícola está concedida en arriendo a una empresa. El grupo pertenecía a la Coordinación de Comunidades Mapuche en Reivindicación Territorial de la Comuna de Galvarino, que estaba haciendo ocupación del predio desde hace dos meses.
La ocupación fue un acto de protesta ante la expectativas defraudadas de compra de tierras en épocas anteriores y la posibilidad de que CONADI comprara el fundo para otra comunidad. Durante la ocupación, la relación entre los trabajadores del predio y los ocupantes siempre había sido pacífica. El ataque mortal a José Quintriqueo ocurrió, según la versión de la comunidad, sin mediar provocación previa, en un intento de sacar a los comuneros ocupantes.
Queremos compartir el dolor de la familia de José Quintriqueo, de su comunidad y de todo el pueblo mapuche que ha sido conmocionado con la muerte violenta de uno de sus miembros y llamamos a la solidaridad de todos los pueblos indígenas y la ciudadanía del país en general para con ellos.
Esperamos y exigimos que los hechos y las responsabilidades criminales sean esclarecidas en el más breve plazo, y que las medidas policiales y judiciales no sean afectadas por la indulgencia con que hechos similares han sido tratados en el pasado cuando las víctimas eran indígenas. El Estado tiene el deber de garantizar el acceso a la justicia de los familiares de la víctima y brindar una tutela eficaz de sus derechos.
Creemos, sin lugar a dudas, que los pueblos indígenas y sus comunidades tienen el derecho a la protesta pacífica para buscar corregir dentro de la política democrática las situaciones de injusticia como las que vive el pueblo mapuche. La afectación de derechos de terceros en los procesos de protesta debe ser prevenida por el Estado en un proceso de ponderación de derechos, pero no pudiendo nunca privar a los ciudadanos, incluyendo a los indígenas, de su derecho a la protesta.
Rechazamos cualquier uso de la violencia y consideramos abominable que se prive de la vida a una persona. Deseamos que la violencia no sea considerada como un recurso para intervenir en controversias de raíces profundas, donde la acumulación de malas políticas, desequilibrio a favor de ciertos intereses y la persistencia de injusticias históricas debilitan constantemente el diálogo y la confianza entre conciudadanos.
El Programa de Gobierno de Michelle Bachelet señaló que “se dará cumplimiento al proceso de restitución de tierras indígenas”, y agregaba que “se proporcionarán recursos para proteger los derechos de los Pueblos sobre sus tierras y recursos ancestrales”, así como se comprometía a nombrar una comisión para conocer de las situaciones de violencia contra las comunidades. Solicitamos que dichos compromisos sean cumplidos a la brevedad y con el sentido de urgencia que la postergación de los pueblos indígenas exige.
El Estado debe desarrollar políticas públicas que remuevan las graves injusticias que son el contexto de hechos lamentables como el sucedido estos días, incluyendo un mejor, más amplio y transparente sistema de recuperación de tierras, así como el reconocimiento de derechos colectivos, autonomías y representación especial de los pueblos indígenas. Se deben formular e implementar dichas políticas en base al diálogo, la consulta y la participación y evitar su captura por los intereses de los poderosos. La vía más segura hacia la paz en una sociedad plurinacional es la justicia.

Programa de Derechos Indígenas

Fundación Chile 21

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Imagen: metiendoruido

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Salvador Millaleo

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3 Comentarios

Juan Pedro

Que imbecilidad es esta.
El tipo está en una toma de hace 2 meses y me quieren convencer de que es algo pacífico??? Quieren alegar para que el fisco, cojn plata de mis impuestos, les regale esa tierra?? Ejercen violencia (no hay toma pcífica, NUNCA) y ahora son víctimas???
Este país se jodió.

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javiera

si supieras como les quitaron sus tierras antes de que existieran las forestales, si supieras lo que sufre esa gente que vive del autocultivo (y que con las forestales se ve afectado porque se llevan todo el agua que hay en los esteros sumado a la sequía que hay) y si supieras lo pobre pero humildes y buenas personas que son quienes viven allá, pensarías distinto hermano. Infórmese, viva lo que ellos viven día a día, y luego opine. Saludos.

Alfredo A. Repetto Saieg

Lo característico del régimen político chileno, por lo menos desde hace poco más de cuatro décadas, es que nunca plantea soluciones de fondo, estructurales y radicales en el sentido que solucionen de raíz los problemas que nos aquejan como trabajadores. Por el contrario, lo que siempre se impuso fueron medidas transitorias que no consideran bajo ningún punto de vista la lógica universal de las demandas de los sectores populares que siempre son urgentes. De hecho, somos quienes no podemos seguir esperando y sin embargo lo hacemos. No es extraño porque es la manera de gobernar de la derecha duopólica y de su neoliberalismo a ultranza, definitivo y fundamentalista.

Estoy describiendo y refiriéndome a esa política de «reformas» que en la jerga popular conocemos como «gatopardismo» porque se plantean cambios para que al final nada se altere, para que absolutamente todo siga igual. Lo grave es que esta situación nos demuestra que el sistema «democrático» que nos somete, que es autoritario y excluyente, también sumamente insensible a los intereses del pueblo, a su vez es muy ineficiente: han pasado 41 años y definitivamente Chile no es un buen lugar para educarse, para sanarse, para trabajar, para formar un proyecto de familia y muchos menos para aspirar a una vida digna. Bien lo sabe el pueblo mapuche.

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