Considerando que en Chile solo un 2,9% de las mujeres alcanzan un puesto en los directorios de las empresas que conforman el IPSA, el sector privado requiere de acciones afirmativas. Avanzar hacia la paridad de género en el poder, público y privado, a través de acciones afirmativas, es un tema de agenda que ha llegado para quedarse. ¿Qué dirán al respecto las actuales y futuras candidaturas presidenciales?
Aun cuando al gobierno no le agrada hablar de acciones afirmativas, las practica. Esta semana ha propuesto un sistema mixto para aumentar la participación política de las mujeres en las próximas elecciones. Los partidos que cumplan con una cuota mínima de un 20% por sobre el promedio de candidatas mujeres de la última elección equivalente, accederán a dos incentivos financieros adicionales. El primero será un reembolsos de 0,0135 UF por voto de candidata en su lista, el que se pagará un 30% al partido y el 70% restante a la postulante. El segundo será 0,009 UF para el partido por cada voto de la candidata que sea elegida. Estos reembolsos aumentarían en un 50% el financiamiento actual, que es de 0,045 UF por voto, y se desactivarían cuando se alcance un 30% de mujeres electas por tipo de votación, promedio en el mundo desarrollado.
La razón de fondo de estas medidas radica en la necesidad de las democracias contemporáneas de materializar los principios y valores que las fundamentan y legitiman socialmente. De resolver la tensión estructural entre la existencia de instituciones creadas en el pasado y la creciente exigencia contemporánea de hacer efectivos los valores que están a la base de ese ordenamiento.
Estudios recientes han mostrado cómo y por qué el poder se ha concentrado y centralizado en el país, consolidando una estructura fundamentalmente elitista y marginalizante. La meritocracia se ha transformado en un espejismo y su promesa, como criterio de ascenso y movilidad social, no ha sido y no podría ser cumplida bajo las actuales condiciones. Así se constata en las condiciones de acceso a la educación superior de calidad, bloqueada por un sistema de selección que no es plenamente democrático ni igualitarista. Lo mismo sucede en el espacio de la política donde el poder se concentra en el Ejecutivo y algo en los partidos y el Congreso, dejando fuera de la representación y deliberación a amplios sectores sociales, precisamente por la incapacidad del sistema de representar al conjunto de la sociedad a través de mecanismos adecuados. De igual forma, en la economía el poder se ha ido concentrando en grupos cada vez más reducidos. Y en el plano de las relaciones interétnicas, estas siguen caracterizadas por la dominación.
En sociedades tan estratificadas sometidas a procesos de creciente cambio social es necesario integrar la diversidad social so pena de ir generando presiones cada vez más desintegradoras. Culturalmente, las sociedades contemporáneas son crecientemente diversas, por lo que los esfuerzos de integración deben ser cada vez más numerosos y eficientes. Pero las estructuras e instituciones políticas, sociales y económicas existentes son elitistas, clasistas o racistas, dándose una contradicción fundamental entre la cambiante sociedad real y la institucionalizada sociedad oficial. Por ello es necesario darle curso y espacio a la diversidad, porque la inclusividad dentro de las instituciones y organizaciones sociales enriquece el sentido y permite cumplir cabalmente el cometido de sus propias funciones.
Ejemplo de esta convicción inclusiva la ha dado recientemente la Unión Europea, al extender las regulaciones más allá del sector público, estableciendo una cuota de mujeres del 40% en los puestos no ejecutivos de los consejos de administración de las empresas privadas cotizadas en bolsa. Considerando que sólo el 12% de los miembros de consejos de administración de las grandes compañías europeas eran mujeres, que en el 97% de los casos el consejo era presidido por un hombre, y dado que se necesita al menos un 30% de presencia del colectivo a promover para que esas personas no se comporten como una minoría, la norma aprobada obligará a las grandes empresas a favorecer a las mujeres y las empresas incumplidoras serán objeto de una multa o la anulación del nombramiento, además de las sanciones que las legislaciones nacionales posteriormente aprueben. Consecuente con esta legislación comunitaria, la UE se ha propuesto desarrollar programas que incentivan la igualdad de género y la participación de la mujer a nivel municipal en América Latina, iniciando con este propósito un primer programa municipal en República Dominicana. Considerando que en Chile solo un 2,9% de las mujeres alcanzan un puesto en los directorios de las empresas que conforman el IPSA, el sector privado requiere de acciones afirmativas.
Avanzar hacia la paridad de género en el poder, público y privado, a través de acciones afirmativas, es un tema de agenda que ha llegado para quedarse. ¿Qué dirán al respecto las actuales y futuras candidaturas presidenciales?
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