A propósito del atentado ocurrido en la estación Escuela Militar, del Metro de Santiago, es necesario tener algunas cuestiones en consideración.
Primero, estos actos son preocupantes porque ponen en duda la seguridad de las personas que transitan a diario por el tren subterráneo, ya que se genera una sensación de incertidumbre acerca de las posibilidades de que ocurra un accionar terrorista que ponga en jaque la integridad física de sus usuarios. Desde esta perspectiva, tanto social como económicamente hay que tener mucho cuidado con estas situaciones límites que ponen al Estado de Derecho a prueba, principalmente por las consecuencias que se derivan del pánico colectivo. De ahí que sea de suyo relevante, que las autoridades condenen enérgicamente los actos terroristas.
Sin embargo, también es necesario entender y definir hacia qué fines se dirigirán las acciones tomadas por los diversos órganos competentes, en especial, aquellos relacionados a la administración del Estado. Esto, porque se ha manifestado la intención de invocar la ley 18.314, también conocida como “Ley Antiterrorista”.
Es necesario entender y definir hacia qué fines se dirigirán las acciones tomadas por los diversos órganos competentes, en especial, aquellos relacionados a la administración del Estado.
Invocar esa normativa para este caso particular puede entenderse como una forma de demostrar vehemente el repudio de dichos atentados, pero analizar la situación solamente de esa manera puede llevarnos al error de pensar que en la invocación de la ley antiterrorista se encuentran las respuestas para todos los problemas de seguridad pública. Dicha norma, no solamente ha sido impugnada por organismos nacionales e internacionales por su insalvable déficit democrático, en la medida que viola garantías procesales esenciales, sino que también es ineficaz para los propósitos que busca solucionar. Eso, porque lo que dicha norma hace es solo “buscar a quien culpar” más que, en verdad encontrar a los verdaderos responsables.
Obviamente, de lo anterior no debe concluirse que se debe rechazar cualquier intento por desarrollar una legislación que permita encontrar y sancionar efectivamente a los perpetradores de actos delictuales, como los ocurridos recientemente en el Metro, sino que el verdadero objetivo debe estar en la prevención del delito. No podemos pretender que los grupos radicales dejen de operar por el solo temor al castigo penal, sino que debe existir un esfuerzo real de las autoridades por encontrar soluciones que permitan evitar este tipo de incidentes, y no esperar a que ocurran para reaccionar con sagacidad y firmeza.
Comentarios
09 de septiembre
No hay mejor manera de prevenirlo que con ley antiterrorista señor. Pregúntele a los españoles que toleraron atentados así hasta que se convencieron del antiterrorismo después de la bomba en la estación Atocha. O los norteamericanos que tambien fueron blando con muchos atentados hasta antes de las torres gemelas, etc.. No aplicar una ley antiterrorista dura ahora lo único que logra es que sea invocada cuando ya haya muchos muertos y mucho pánico. Siempre es así, esto siempre, siempre ha sido escalable. En 6 meses lo de los dominicos parecerá un chiste y lo de Juan Maestro un juego de niños. Si deja pasar esto ni se imagina lo que se viene.
Saludos
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09 de septiembre
A pesar de que los medios masivos de información hace tiempo pasaron de ser un potencial aliado de las movilizaciones sociales a ser objeto de rechazo generalizado por parte de la ciudadanía que se moviliza, esto por la sencilla razón de que hoy la mayoría de los representantes de esos medios se ubican del lado de la represión, alterando la realidad y el sentido de la protesta y sus demandas, a pesar de que no son parte de las trincheras del pueblo y que con razón se les asocia a las grandes estructuras de poder, aunque todo lo anterior es real, nada justifica la violencia contra el periodismo. Tal vez tendría que decir que nos manifestemos en paz, que en definitiva ellos son trabajadores como nosotros y que no hay peor guerra que la que se produce entre los pobres porque así olvidamos que el enemigo de clase es otro. Sin embargo, por propia experiencia sabemos que los violentos son los sectores de derecha y sus fuerzas del orden, no el pueblo.
Quien haya participado en una manifestación sabrá que siempre los que provocan es Carabineros. En resumen, no creo que trabajadores chilenos hayan intentado quemar a lo bonzo a un periodista conociendo el caso de Sebastián Acevedo, lo que significó la dictadura, etc. Además, me llena de dudas el atentado en el metro porque los sectores populares resolvemos nuestros asuntos con participación, debatiendo sobre nuestras necesidades. De hecho, durante la manifestación del pasado domingo, un encapuchado fue detectado por Defensores de Derechos Humanos, quienes al buscar entre sus pertenencias encontraron una chequera de tickets de restaurant con una dirección: Sargento Candelaria 1966, el mismo lugar donde actualmente funciona la Jefatura de Sanidad de la PDI.
+1
09 de septiembre
Según Chilevisión «De acuerdo a algunas versiones, entre las grabaciones de las cámaras del SubCentro existe el registro que muestra a un sujeto dejando un bulto en el basurero del recinto, unos 20 minutos antes de la detonación. Esto es indagado por la policía, pero hasta el momento no hay mayores novedades.»
Siempre hay cámaras, pero si no pillan a nadie estaremos ante dos opciones igualmente abominables:
1.- El peor y más incompetente gobierno de la historia (no me extrañaría).
2.- O la conspiración contra el pueblo más obscena de los últimos 40 años (la del golpe se lleva la corona)
Nada más que decir por ahora.
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