A propósito de la falta de responsabilidad social de Enel Italia

Uno de los grandes problemas del modelo Neoliberal chileno, es que todo queda en manos del mercado y de las grandes empresas transnacionales, en lo que se refiere a métodos y protocolos de explotación de los recursos naturales y de los servicios que muchas de estas transnacionales prestan. Incluso se ha descubierto que estas empresas foráneas, intervienen el Congreso para hacer leyes que beneficien sus intereses, como quedó claro con la Ley de Pesca, donde los industriales pesqueros coimearon a cuanto político encontraron para privatizar el mar. Los gobiernos regionales siempre han estado reducidos a su mínima expresión, funcionando como buzones de la Moneda, no fiscalizan como deben y no poseen potestad alguna sobre las empresas que explotan los recursos naturales y hacen prestaciones de servicios. Este vacío, con el pasar del tiempo está destruyendo las regiones; incluso la Metropolitana. 

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Las transnacionales que operan en Chile carecen de responsabilidad social, no se las obliga a vincularse con los procesos sociales, se sustentan con un modelo de desarrollo que no toma en cuenta la variable social.

Las leyes relacionadas con la explotación de los recursos naturales y de los servicios de primera necesidad, tienen el objetivo de favorecer la inversión extranjera. Somos un país pobre y sin recursos para financiar procesos de producción que nos permitan explotar nosotros mismos la riqueza natural que poseemos y hablamos de riquezas tan importantes, como el cobre, litio, oro, plomo, zinc, pesca industrial, forestales, salmoneras y lo mismo ocurre con las empresas prestadoras de servicios de telefonía, agua, alcantarillado, energía, carreteras y todo tipo de concesiones públicas. Pero esta riqueza no puede ser la autodestrucción del país, por dejar que las transnacionales actúen a voluntad y se enriquezcan a costillas de la sustentabilidad de país.

Las transnacionales que operan en Chile carecen de responsabilidad social, no se las obliga a vincularse con los procesos sociales, se sustentan con un modelo de desarrollo que no toma en cuenta la variable social, no se las obliga a defender el medio ambiente, a hacer innovaciones productivas que mejoren la competitividad y operan con tecnología del pasado en el mundo del futuro, sin proyectar el entorno social con una gestión sustentable. No se comprometen con el entorno social, cultural, medioambiental y laboral del país.

La gran nevazón de la semana pasada en la Región Metropolitana, anunciado una semana antes, dejó en evidencia cómo operan las transnacionales y puso en evidencia a ENEL Italia por los cortes de energía domiciliaria y se presentó al mundo metropolitano como ejemplo de la falta de responsabilidad social con que se desenvuelven las transnacionales y que es lo que viene ocurriendo hace décadas en las regiones en términos mineros, salmoneros, forestales y energéticos. ENEL para hacer todavía más lucrativa lo que era CHILECTRA, no encontró nada mejor que despedir a la mitad del personal de mantención y contrató a prestadoras de servicios a menor precio y miren lo que sucedió.

El concepto de responsabilidad social de una empresa sea cual sea su giro y origen, debe ser una exigencia innegociable por parte del Estado, exigiendo respeto por las regulaciones y sin permitir el abuso. Las empresas deben respetar los acuerdos sobre prevención, no permitir la corrupción, respetar los derechos humanos y laborales de sus trabajadores, garantizar el cumplimiento de las regulaciones con los subcontratistas, socios comerciales, proveedores en general y cualquier otro con quien establezca relaciones laborales y comerciales, prestar servicios de acuerdo con la exigencia y que las multas sean ejemplarizadoras y en los casos que lo ameriten, se pague con cárcel. Las transnacionales se allegan a Chile, porque pueden hacer todo lo que no pueden hacer en sus países de origen, aprovechándose de la precaria institucionalidad laboral y medioambiental y obtener así ganancias que hace rato dejaron de ser lucrativas y se transformaron en codiciosas.

La transnacional Marine Harvest, empresa salmonera de origen Noruego (AquaChile). En su país de origen está sujeta a una regulación muy estricta. Las concesiones se renuevan cada seis meses, si no cumplen con los procesos de carga, manejo ambiental y el uso responsable de antibióticos, pierden los permisos, se cierran los cultivos, las multas son millonarias y los gerentes pagan con cárcel y son obligados a pagar sueldos éticos a sus trabajadores. En Chile las concesiones son perpetuas y no tienen exigencia alguna.

En Chile las transnacionales operan bajo leyes hechas a la medida de sus intereses. Se les permite que los estudios de impactos ambientales (EIA) sean desarrolladas por ellos mismos, no se permite que ningún ente independiente pueda realizar auditorías externas a los estudios ambientales presentados y no se les fiscaliza. Lo mismo sucede con las empresas mineras. Los sucesos ocurridos en Aysén en la Mina Delia II, de propiedad de la Minera Cerro Bayo de origen canadiense pudo haberse evitado. Operó por décadas sin respetar el medio ambiente y la seguridad de sus trabajadores. Ningún organismo competente como Sernageomin, diputado, senador, alcalde, Gobernador o Intendente de Aysén fiscalizo. Por esta negligencia, murieron dos trabajadores y pudieron haber sido muchos más, si el accidente hubiese ocurrido en un día laboral y no en un fin de semana como les sucedió a estos dos electricistas que hacían labores de mantención.

Cualquier país con sentido común, el agua, la energía y todo lo relacionado con las riquezas naturales son estratégicos y deben estar bajo la atenta mirada del Estado. En Chile están privatizados y dejados a los intereses y conformidades de las transnacionales.