Solo los actores más poderosos e influyentes son los que obtienen prebendas en los mercados, lo que es tolerado por todos aquellos arquitectos que actúan como activos promotores inmobiliarios
Recientemente el Diario Financiero publicó una crónica en donde decía que Horst Paulmann, el “rey del retail”, está en conversaciones con la Municipalidad de Vitacura buscando la fórmula que le permita hacer revivir el permiso de edificación del año 2000, nótese el extenso período de 18 años transcurrido, con el cual se intentaba construir un invasivo mall en la esquina de las avenidas Kennedy y Padre Hurtado, acto administrativo caducado a principios del año 2015 por la arquitecta Pamela Ortiz, Directora de Obras Municipales (DOM), por imposición de la Contraloría General de la República, órgano fiscalizador que acogió la denuncia respectiva efectuada por la fundación Defendamos la Ciudad.
Un poco de historia : Ese proyecto inmobiliario después del año 2010 se llama Centro Comercial (mall) Alto Las Condes 2, pues se localiza enfrente del mall Alto Las Condes del mismo empresario dueño de Cencosud y la inversión prevista es del orden de los US$ 500 millones. Como ya lo hemos dicho en ocasiones anteriores, el permiso de edificación del año 2000 no se sometió a las normas urbanísticas de Vitacura por la sencilla razón de que no existía un Plan Regulador Comunal (PRC) de Vitacura en la fecha en que otro empresario solicitó un anteproyecto en ese terreno de 2 hectáreas, aprovechando las libertinas normas contenidas en el PRC de Las Condes, comuna que colinda con Vitacura a través del eje de la avenida Kennedy.
Ese anteproyecto fue aprobado por la DOM de Vitacura cuando el gobierno regional metropolitano de Santiago estaba dándole el visto bueno al PRC de Vitacura y se utilizó como acto administrativo preliminar para cursar posteriormente el permiso de edificación del año 2000. Como se puede constatar, hubo un aprovechamiento ilegítimo de información privilegiada, pues se sabía que las normas urbanísticas consideradas para ese sitio en particular y para la zona en general en el PRC de Vitacura, eran bastante restrictivas si las comparamos con las que utilizó ese habilidoso empresario en su permiso de edificación, el que no contaba con un Estudio de Impacto Sobre el Transporte Urbano (EISTU) porque en aquella época no se exigía.
Con ese acto administrativo terminal en su poder, verdadero regalo obtenido gracias al oportunismo de su dueño, se lo vendió, como ya se dijo en un alto precio, a Cencosud en el año 2010 pues con él se podía levantar un inmenso mall y varios edificios, incluso una torre de 55 pisos de altura. En la operación de compraventa Paulmann fue asesorado por un ingenioso arquitecto especialista en obtener plusvalías para sus clientes. Recordemos que el mercado inmobiliario define los precios de transacción de los terrenos de acuerdo a sus potencialidades económicas.
Si la municipalidad de Vitacura hubiera aplicado la reglamentación vigente, ese permiso debió haber sido declarado caduco en el año 2003 por el DOM en funciones, tal como lo ordena el artículo 1.4.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), pues su propietario de entonces no había iniciado su construcción en el plazo de 3 años. Para eludir esa reglamentación y por lo tanto para conservar ese exagerado permiso, en el transcurso del tiempo se utilizaba el ardid de “certificar” con notarios que la obra se estaba iniciando. En todo caso las normas actuales en el PRC de Vitacura admiten una altura máxima de 7 pisos para ese terreno.
Para tratar de mantener las especialísimas normas contendidas en el permiso caducado, Cencosud recurrió ante la Contraloría haciéndole ver que tenía un derecho adquirido, pero cometiendo el error de expresarle que otros permisos, por la misma razón del artículo 1.4.17 de la OGUC, también debieran estar caducados y no solo el suyo, luego esa empresa para salvarse, denunció a colegas a los cuales la Contraloría no les exigía la declaratoria de caducidad por el mismo motivo.
Asimismo la tozuda empresa recurrió ante los tribunales de Justicia y como lo señaló el alcalde Torrealba, “el fallo de la Suprema nunca se refirió al tema de fondo, la caducidad, sino tan solo apuntó al actuar de la DOM”, reiterando que la mega obra nunca se iba a ejecutar.
Por el Diario Financiero y por otras fuentes confiables, hemos sabido que la Municipalidad de Vitacura internamente está intentando por todos los medios de establecer que el permiso fallecido, ¡cual Lázaro!, está por resucitar y que para ello hay una discusión sin indicarse entre quienes. Lo que sí está claro es que la DOM que declaró la caducidad del permiso tendrá que inhabilitarse de participar en la componenda municipal para resolver que, por arte de magia, dicho acto administrativo reaparecerá solo para favorecer los intereses mercantiles de su poseedor.
En esta escabrosa voltereta del alcalde Torrealba, en la cual el trabajo sucio lo tendrá que hacer una DOM subrogante, no nos cabe la menor duda que intervinieron ejerciendo presión todos aquellos, agentes públicos y actores privados, partiendo por La Moneda, el Minvu y el Ministerio de Economía, quienes sostienen que en Chile el bien superior es el crecimiento económico y que violar la ley es un mero accidente sin mayor trascendencia.
Según la crónica del Diario Financiero, sobre este asunto el periodista asignado intentó entrevistar a Cencosud y a la Municipalidad de Vitacura, sin que ello fuera posible, lo cual es de toda lógica, ya que los negocios truchos se deben hacer en absoluto secreto.
Finalmente se evidencia en este vergonzoso episodio que solo los actores más poderosos e influyentes son los que obtienen prebendas en los mercados, lo que es tolerado por todos aquellos arquitectos que actúan como activos promotores inmobiliarios, lo que ha sido denunciado, con motivo de los guetos verticales en Estación Central, con documentos irrefutables por el distinguido arquitecto Miguel Lawner.
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