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¿Se justifica o no renovar la concesión de la Autopista del Sol?

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La cuenta regresiva comenzó para la empresa Autopista del Sol S.A. El 21 de septiembre de 2018 se cumplen los 23 años de contrato que la concesionaria tiene en la carretera que conecta Santiago con San Antonio y con la llegada de esta fecha se vence también el plazo para el cobro de peajes. Con una longitud de 131,4 kilómetros, la concesión comprende 4 tramos: la vía troncal de Santiago a Agua Buena, en San Antonio; el ramal Leyda – Santo Domingo; el ramal Ruta 78 a la ciudad de San Antonio, y el acceso al puerto de San Antonio.


Podremos discutir la necesidad o no de aumentar a seis las vías de la autopista, pero lo llamativo es que todos los planteamientos que se han escuchado dan por descontado que se volverá a concesionar la carretera, haciendo caso omiso a la demanda de los chilenos por un mayor rol del Estado en las tareas públicas.

Se trata, por lo tanto, de un tema no menor para los habitantes de las provincias de Talagante, Melipilla y San Antonio además de ser una importante vía de conexión de los santiaguinos con el litoral central. Tampoco es un tema baladí para la propia empresa. Según datos del Ministerio de Obras Públicas, por la autopista se desplazan anualmente unos 34 millones de vehículos, los cuales generan ingresos para la concesionaria que superan los $42 mil millones al año (unos US$60 millones anuales).

 

Los políticos de las provincias de Talagante y Melipilla ya han comenzado a hablar al respecto. El primero en hacerlo fue el diputado UDI Juan Antonio Coloma Jr., quien mediante entrevistas en emisoras locales, abogó por la “necesidad” de ampliar de cuatro a seis el número de vías de la citada autopista. El 4 de noviembre pasado se sumó a esta propuesta el alcalde de Talagante, Raúl Leiva, señalando mediante redes sociales que “en reunión sostenida hoy con el Ministro de Obras Públicas Alberto Undurraga, comprometió la ampliación a 6 vías en la Autopista del Sol en el tramo de Talagante – Santiago”. “Además -agregó- solicitamos formalmente que se elimine el aumento del peaje en horario punta, ya que los Talagantinos (sic) retornamos a nuestros hogares y no vamos de paseo”.

Se desprende de estas declaraciones que la carretera volverá a ser licitada con la consecuente extensión del pago de peaje por parte de los usuarios. Aunque se propone como medida paliativa que esta vez no exista un sobreprecio en los horarios “punta” como estipulan los contratos actuales, esta restricción no tendrá un efecto significativo porque, al tener que plantearse esta medida en las futuras bases de una eventual licitación, su efecto práctico será casi nulo: de no poder incorporar un sobreprecio en las horas peak, las empresas simplemente propondrán un precio normal más alto en sus ofertas de licitación.

Una nueva licitación no parece ser la solución. Podremos discutir la necesidad o no de aumentar a seis las vías de la autopista, pero lo llamativo es que todos los planteamientos que se han escuchado dan por descontado que se volverá a concesionar la carretera, haciendo caso omiso a la demanda de los chilenos por un mayor rol del Estado en las tareas públicas. Una vez publicados los estudios que justifiquen una ampliación de la autopista, sería bueno partir por conocer los montos involucrados para saber si se justifica o no el traspaso de esta responsabilidad a los privados. Luego, habría que preguntarle a la ciudadanía si está dispuesta a seguir pagando por usar la autopista durante 10, 15, 20, 23 años más.

El cobro de peaje es -en la práctica- un impuesto bastante regresivo, que contribuye bastante poco a la equidad, puesto que [email protected] pagan por igual al utilizar una vía, sin importar si es rico o pobre, si el automóvil está comprado en 48 cómodas cuotas, si es un Ferrari último modelo, o si se trata de un camión de Bomberos o de una empresa privada. Por otro lado, la situación del país no es la que vivíamos en 1994 – 1995, cuando Chile recién salía de una dictadura militar y tenía un tamaño fiscal bastante menor al actual. Parece, por lo tanto, que llegó la hora de repensar el rol del Estado en esta materia, asumiendo que los problemas públicos deben solucionarse desde lo público.

Por último, dicho sea de paso, la discusión actual nuevamente pone en evidencia la necesidad de trasparentar el financiamiento de la política, así no cabrían dudas sobre el origen de las propuestas políticas en esta y otras materias.

TAGS: #PolíticasPúblicas Autopistas Privatizaciones

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Comentarios

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Pablo Montre

06 de noviembre

Estimados,
Si bien dudo que las carreteras actuales sean como las de Europa o EUA, son mucho mejores que los caminos y carreteras secundarias administradas por el estado (algunas con baches y falta de mantenimiento notable), y en general puede señalarse que prestan un buen servicio, desde asistencia en el camino entre otros, del cual he hecho uso en alguna ocasión, por lo que honestamente bien valen lo que cuestan en cuanto a peajes mientra se les exijan estándares mínimos y seguramente algunas franquicias para vecinos u emergencias.

OSCAR VERGARA ROJAS

06 de noviembre

Hola Fernando
Me gusto tu publicacion, es un temasto…., tiene muchas variables a considerar , tal como lo planteas ……
Creo que podria ser un tema Publico,,,,,… Pero no no he visto que Lo Publico ,,,, de soluciones eficientes,,,, ni Codelco ultimamente a dado el ancho
Lo privado puede ser mas eficiente,,,,, pero nacen las sospechas de las coimas de los Interesados y con influencias como los Politicos y los que dirigen las Licitaciones y despues las Relaciones de las Empresas que ejecutan los trabajos …., por eso mucho paño que cortar

alexis Diaz de la F

06 de noviembre

El problema es que hay que diferenciar el cobro de las personas que viven en la zona y lo deben usar a diario a las que lo

alexis Diaz de la F

06 de noviembre

El problema es que hay que diferenciar el cobro de las personas que viven en la zona y lo deben usar a diario a las que lo usan el fin de semana o para ir a la playa.
Él costó de uso diario es demasiado alto para una familia de clase media.

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