Muchas veces pareciera ser que en Chile el problema solo existe cuando ocurre una catástrofe de magnitudes masivas. El campamento Felipe Camiroaga es, posiblemente, el asentamiento informal más grande del país y su nombre recuerda a otra catástrofe: el fallecimiento del querido animador en el accidente aéreo del CASA 212, ocurrido en septiembre del año 2011.
Las calles y comités del campamento recuerdan al que fuera animador del Festival de Viña del Mar. El campamento es en gran parte una respuesta habitacional de los hogares en Chile ante los efectos marginalizadores del mercado urbano, especialmente, por el alto costo y exigencias existentes en el mercado de la vivienda, principal proveedor de refugio en la nación, orientado exclusivamente a la producción de renta y subsumida a los riesgos de la inversión financiera.Es fundamental que la comunidad logre que el Estado explique con evidencia empírica por qué no ha resuelto previamente los problemas que impiden asegurar la calidad de la vivienda y eliminar la vulnerabilidad del área afectada, para evitar que se repitan soluciones que ya fueron ineficaces en el pasado
A este mercado de la vivienda, por tanto, los hogares de bajos ingresos son sinónimo de riesgo financiero y por lo mismo no ofrecen soluciones a este segmento de la población. Por otro lado, el Estado, que subsidiariamente busca proveer de soluciones a dicho segmento de la población, tiene que acudir al mismo mercado para producir dichas soluciones y en lo concreto, el sistema de acceso a una vivienda segura en Chile es un gigantesco oxímoron entre causa y efecto, donde los campamentos y su abrupto aumento en los últimos años refleja un sistema cíclico de crisis de la vivienda, similar al de los commodities del que depende nuestra nación. Lo cierto es que el campamento Felipe Camiroaga lleva ahí 11 años y según datos del PNUD, las soluciones habitacionales por la vía institucional en Chile tardan en promedio 7 años. Muchos niños que viven en el Felipe Camiroaga crecerán viendo levantarse a sus vecinos desde las cenizas que ha dejado este desastre.
En Chile, el acceso seguro a la vivienda depende en gran parte del poder de compra de los hogares. Datos de la CASEN 2020 indican que, en las viviendas informales de Viña del Mar, los hogares tienen un ingreso aproximado de 541 mil pesos donde además cerca del 29% de los hogares no tiene acceso a la red pública de agua. Existe interés público por avanzar en procesos de recuperación post-desastre del área dañada en Viña del Mar y es buen momento para activar la capacidad de agencia de la comunidad para organizar soluciones definitivas en un territorio que siempre está en riesgo y que habitualmente aparece en prensa por los incendios. Recordando la pregunta de Cathrin Brun y Ragnhild Lund ante el tsunami de Sri-Lanka, ¿Cómo rehacer un hogar desde este desastre? No existe un recetario que asegure el éxito, pero algunas estrategias pueden ayudar a lograr que el proceso de reconstrucción se base en las reales necesidades de la población afectada.
Es fundamental saber transmitir desde los vecinos cómo el desastre es resultado de una serie de déficits previos que dieron fragilidad socio espacial al área afectada. Esta vulneración contra la ciudadanía va contra los tratados internacionales firmados por el Estado de Chile en materia de derechos humanos, derechos sociales e incluso protección de las mujeres, por lo que es también responsabilidad del Estado de Chile acudir con celeridad a resolverlos.
En esa misma línea, es fundamental que la comunidad logre que el Estado explique con evidencia empírica por qué no ha resuelto previamente los problemas que impiden asegurar la calidad de la vivienda y eliminar la vulnerabilidad del área afectada, para evitar que se repitan soluciones que ya fueron ineficaces en el pasado. La comunidad debe conocer la gobernanza y políticas de acción del Estado ante este tipo de catástrofes, buscando saber, específicamente, como la comunidad participa de dicha gobernanza y como el mercado se subyuga a las decisiones que apunten al bienestar general de la comunidad afectada. Finalmente, ¿Qué gana la comunidad con la estrategia sugerida por las autoridades? ¿Cuáles son las ventajas de apostar por un modelo de reconstrucción en desmedro de otros? ¿Se incluyen soluciones al problema preexistente en la intervención urbana que buscan implementar? ¿Qué funciones urbanas se incorporan a este plan que no estaban antes en el barrio?
Chile ha abrazado (con fuerza y apretadamente) la idea de un estado financista que inyecta recursos a un mercado ejecutor de soluciones, donde la ciudadanía opera como una clientela a la cual entregar productos y servicios según sus necesidades. Es por esta razón que en la recuperación post-desastre en Viña del Mar es fundamental que la comunidad se organice críticamente para asegurar que las respuestas a recibir sean óptimas y aseguren que estos desastres no volverán a ocurrir.
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