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Para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado

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A raíz de las llamadas viviendas sociales de Lavín, las que por lo demás no lo son, tal como lo hemos acreditado en columnas de opinión publicadas en medios digitales y en la radio Bio Bío, y ya que ahora está de moda hablar de inclusión e integración en las ciudades, esperaríamos que el ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg, imponga con actuaciones concretas en la agenda pública el gravitante asunto de la igualdad en la utilización del recurso suelo disponible. 

Así las cosas, esperamos que las actuales autoridades lleven a la práctica el proyecto de ley que Patricia Poblete, cuando era ministra del ramo, envió al Congreso Nacional para que todo proyecto inmobiliario a ejecutarse contemplara al menos que el 5% de sus inmuebles fueran viviendas sociales, pero de verdad, propuesta que se archivó rápidamente porque, según sus detractores, lesionaba los intereses comerciales de la industria de la construcción. ¿se atreverá Monckeberg ha activarlo?


Esa misma Comunidad Ecológica, siendo coherente con sus principios, logró paralizar 3 proyectos inmobiliarios de viviendas de lujo

Ya que estamos hablando de viviendas sociales y dado que la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, las ha emprendido en contra de las numerosas familias que habitan en la Comunidad Ecológica de Peñalolén, porque un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia anuló una modificación al Plan Regulador Comunal (PRC) respectivo que buscaba aumentar la densidad habitacional en ciertos sectores de esa comuna, entregando incluso normas de edificación para un área verde, estadio El Sauzal, lo que no podía hacer por imperativo legal, tenemos la obligación de desmentirla ya que ella dice que esa sentencia impedirá la construcción de viviendas sociales para allegados que viven en su territorio jurisdiccional.

Un poco de historia :

Cuando Claudio Orrego ejercía el cargo de Alcalde de Peñalolén, quien asumió esa responsabilidad después del arquitecto Carlos Alarcón, le solicitó a la consultora del arquitecto Daniel Jadue, hoy alcalde de Recoleta, que se hiciera cargo de los estudios para aumentar la densidad habitacional en algunos sectores de esa comuna, lo que fue rechazado de plano por un combativo movimiento ciudadano liderado por el concejal Lautaro Guanca. Para zanjar la discusión se convocó a un plebiscito ganado en buena lid por quienes no querían los cambios propuestos por la autoridad municipal.

Mientras tanto, esperando ansiosamente el cambio en las reglas del juego, un reconocido actor inmobiliario con buena llegada a la institucionalidad, se puso de acuerdo con el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), dependiente del Minvu, para venderle su predio de 4 hectáreas en el precio máximo fijado para las compras de terrenos que hace ese servicio de la administración del Estado : en este terreno, si el aumento de densidad hubiera sido legal, estaba previsto levantar viviendas sociales.

Conocemos a diversas familias que viven en esa Comunidad Ecológica, como también conocemos su territorio y por ello estamos en condiciones de contradecir a la alcaldesa Leitao, quien no ha perdido oportunidad para asegurar en la prensa que los titulares de la acción judicial, llevada a cabo por el abogado Luis Mariano Rendón, no querían tener como vecinos a familias que ocuparan esas viviendas sociales.

Los fundamentos del fallo de la máxima instancia judicial del país estableció que :

1) la modificación del Plan Regulador Comunal (PRC) de Peñalolén que aumenta la densidad en la calle Antupirén, Comunidad Ecológica, contraviene el resultado del plebiscito del año 2011, donde en forma vinculante, la mayoría de la ciudadanía que sufragó decidió que esa zona y otras debían mantener su baja densidad de 50 habitantes por hectárea. Todos sabemos que el concejo municipal no tiene facultades para pasar por encima de la ciudadanía en una decisión plebiscitaria contenida en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades

2) El segundo fundamento de la Corte Suprema fue que la modificación del PRC se hizo mediante un burlesco ardid a la normativa ambiental, para lo cual se contó con la connivencia del Ministerio de Medio Ambiente. Esta bribonada consistió en decir que un terreno que está totalmente cubierto de bosque nativo y que constituye un corredor biológico, como lo confirmó un peritaje de la brigada de delitos medioambientales de la Policía de Investigaciones (PDI), era simplemente un sitio eriazo.

Y como prueba de que la intención de los vecinos era y sigue siendo la preservación de la precordillera y no oponerse a la legítima integración social, dejamos en claro que con anterioridad esa misma  Comunidad Ecológica, siendo coherente con sus principios, logró paralizar 3 proyectos inmobiliarios de viviendas de lujo, lucrativo negocio privado que ya había sido aprobado en forma irregular por la díscola Municipalidad de Peñalolén.

Finalmente, si Leitao y sus amigos inmobiliarios insisten en aumentar las densidades habitacionales en esa comuna, tiene el camino abierto para convocar a un nuevo plebiscito, el que solo podría ganar si sus operadores políticos y comerciales le venden la pomada a los residentes inscritos en los registros electorales de esa comuna que deforestar y tener más automóviles circulando por sus vías, luego emitiendo más gases tóxicos a la atmósfera, es bueno para ellos. Es la única forma que ella tiene para modificar la actual vigencia del PRC de Peñalolén.


Nota de elquintopoder:

La Municipalidad de Peñalolén respondió  al autor de este contenido con la siguiente columna: «Peñalolén, comuna comprometida con una planificación urbana que combate la segregación y desigualdad»

TAGS: #Peñalolén

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