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Migración y gobiernos locales: un espacio de reconstrucción ciudadana

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Si bien las migraciones poseen una dimensión global, son inminentemente locales, ya que las ciudades son el mayor foco de atención de la población migrante en búsqueda de nuevas oportunidades (efecto push-pull). Lo anterior, exige una transformación y gestión del espacio local.


Si queremos observar lo que ocurre a nivel de política pública, una posibilidad interesante es analizar los municipios, es allí donde confluyen demandas y ofertas públicas respecto de la inmigración.

El municipio, el órgano de la administración del Estado más cercano a la ciudadanía, a pesar de no poseer el resorte normativo más adecuado ni la infraestructura institucional necesaria, ha terminado resolviendo las demandas planteadas por la inmigración. En este sentido, la administración local ejerce un papel esencial en el objetivo final de facilitar la integración social de los inmigrantes, mediante el desarrollo de una política acertada de recepción, de acogida y de acompañamiento que garantice la cohesión social y la convivencia intercultural dentro del territorio.

Con base en lo anterior, a comienzos del 2014, el Departamento de Extranjería y Migración (DEM) del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señalaba que había alrededor de 441.529 migrantes en el país, de los cuales 285.274 se encontraban en la Región Metropolitana (64,6%[1]), 30.829 en la Región de Antofagasta (7%), 27.565 en la Región de Tarapacá (6,2%) y 24.934 en la Región de Valparaíso (5,6%).

En la actualidad, se aborda la migración desde el paradigma de seguridad nacional. El marco normativo es deficitario, puesto que genera más restricciones que incentivos al proceso migratorio, permitiendo el desarrollo de mayores niveles de irregularidad inmigratoria. En este sentido, los gobiernos locales encuentran su importancia dentro del proceso migratorio cuando desarrollan políticas y programas (bottom up) que permiten que la población inmigrante no se vuelva una terrae incognitae.

Asimismo, se hace necesario realizar un distinción entre gobierno central y gobierno local, puesto que se tiende a asumir que en la práctica, ambos niveles son homogéneos en términos de sus agendas y preferencias políticas; las autoridades locales defienden lo local, y las centrales resguardan lo nacional pudiendo converger en sus intereses -distinción muy básica que no permite explicar los estilos de políticas a nivel local ni el de sus élites-.

Diversas investigaciones internacionales señalan que frente a la movilización de las personas, se requieren cambios en la política municipal de las ciudades. Por ejemplo, al interior del G8 se han desarrollado a nivel local estrategias prácticas para la integración, ya que se considera que las políticas locales son a menudo más eficientes que las nacionales.

Lo anterior, sin duda, constituye un desafío para la sociedad chilena en general y para las políticas públicas en particular. La migración no es un asunto de minorías sino de mayorías, siendo un espejo para observar el tipo de sociedad que construimos. Si queremos observar lo que ocurre a nivel de política pública, una posibilidad interesante es analizar los municipios, es allí donde confluyen demandas y ofertas públicas respecto de la inmigración.

Por consiguiente, se puede considerar con propiedad que los municipios son los órganos de la administración hacia donde se dirigen los desafíos de las migraciones. Una muestra de aquello es el trabajo realizado por la Municipalidad de Quilicura (Plan de Acogida y Reconocimiento de Migrantes y Refugiados), Municipalidad de Santiago (Programa para la Inmigración “La Escuela Somos Todos”), Municipalidad de Recoleta (“Programa Migrantes 2013-2014”) y la Municipalidad de La Pintana (“Programa de Apoyo para Inmigrantes”), además de otras iniciativas a nivel regional.

En conclusión, un desafío para los gobiernos locales es el diseño de políticas públicas que promuevan espacios de intercambio intercultural entre los habitantes del territorio, reconociendo en la diferencia cultural una posibilidad para el enriquecimiento del desarrollo social de los barrios y, en consecuencia, para propiciar espacios de integración y participación de comunidades migrantes. Así, se vuelve fundamental avanzar en dos temas: primero, la creación de una nueva ley migratoria adecuada al contexto actual del país, donde los gobiernos locales sean actores considerados en el diseño de la política; y segundo, avanzar a través de la generación de oportunidades con el objetivo de construir nuevos espacios ciudadanos en el ámbito local.

[1]Un 80% provenientes de países latinoamericanos.

TAGS: #Migración #PolíticasPúblicas #SociedadChilena

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