El viernes 30/08/2024 recibimos una invitación de la concejal, Catalina Lillo, de la municipalidad de Colina, quien repostula al cargo, para conversar en la plataforma Instagram, en conjunto con la arquitecta Cynthia Ross, residente en esa comuna, sobre lo que está sucediendo en materia de regulación urbana en ese territorio. En la instancia digital dicha concejal nos informó que todavía la persona que le vendió en un alto precio un terreno no apto a una corporación municipal de Colina para construir un hospital, operación declarada ilegal por la Contraloría General de la República, se niega sistemáticamente a devolver el dinero mal habido, a pesar del prolongado tiempo transcurrido. Recordemos que esta artificiosa operación comercial fue trasladada al Ministerio Público y este columnista, como testigo y denunciante ya declaró ante la fiscal.
La concejal también nos expresó que la Contraloría, acogiendo una necesaria denuncia anónima, en su dictamen N° E498347/2024 del 10/06/2024, había ordenado a la municipalidad de Colina, la disolución en el plazo de 30 días de la denominada Corporación Municipal de Desarrollo Urbano, creada el 30/10/2018 por el entonces alcalde Mario Olavarría, político UDI que ahora desea ser alcalde de Lampa. El ente fiscalizador, como era su deber constitucional y legal, resolvió que esa corporación es contraria a derecho y entendemos que Isabel Valenzuela, actual alcaldesa de Colina, ya procedió en consecuencia.Aplaudimos el rol que está ejerciendo, con tanto profesionalismo y acendrado rigor, la Contraloría General de la República, motivo más que suficiente para que, a la brevedad, se confirme en el cargo a la señora Pérez
Fue gracioso saber que el secretario de esa corporación era el gerente de la Inmobiliaria Manquehue, empresa que desarrolla mucha actividad comercial en esa comuna y en sus estatutos, como quedó reflejado en el mencionado y categórico dictamen, se dice que la municipalidad de Colina y las sociedades Loteo Agrícola Privado Las Brisas de Chicureo y Piedra Roja Desarrollos Inmobiliarios S.A. constituyeron una corporación de derecho privado, sin fines de lucro, denominada Corporación Municipal de Desarrollo Urbano de Colina.
La Contraloría en su análisis también objetó, por razones obvias, el desmedido artículo 4° del estatuto que declara que esa persona jurídica puede organizar, promover, planificar, fomentar, coordinar y ejecutar proyectos para obras de desarrollo comunal de Colina, en cuyo ámbito podrá abarcar áreas de índole urbanístico, que sin tener carácter de taxativas, se referirán a acciones de diseño, construcción, renovación, rehabilitación, reconstrucción, edificación, acciones de prevención del deterioro urbano, conservación del patrimonio arquitectónico y mejoramiento de la red vial de la comuna. Asimismo esa libertina corporación privada podía administrar los bienes nacionales de uso público (sic).
La contralora Dorothy Pérez le exigió, en junio pasado, a la alcaldesa Valenzuela que debe asegurarse de que sus funciones se realicen dentro del marco legal, utilizando sus propios medios y observando los deberes administrativos establecidos, remitiendo su esclarecedor dictamen vinculante a todas las municipalidades del país, lo cual significa que lo manifestado por ella es una regla general.
Pero, continuando con las malas prácticas en este ámbito de materias, en su reciente dictamen N° E529723/2024 del 21 de agosto de 2024, la Contraloría Regional de Valparaíso, acogiendo otra denuncia anónima, obligó a la Seremi Minvu de la 5a región de Valparaíso, a invalidar un amistoso convenio de cooperación suscrito por esta función pública con la influyente asociación gremial empresarial denominada Cámara Chilena de la Construcción (CChC), asunto protocolizado vía resolución exenta (sic) N° 501 del año 2023. Se vulneró abiertamente el rol que ejerce la mencionada seremi, cuya titular es la funcionaria Belén Paredes y entre otras cosas, la Contraloría Regional dejó establecido que se había cometido una flagrante infracción al principio de probidad, intentándose evadir la aplicación de la Ley N° 20.730 referida al lobby que ejercen los privados ante las autoridades que toman decisiones.
En resumen, aplaudimos el rol que está ejerciendo, con tanto profesionalismo y acendrado rigor, la Contraloría General de la República, motivo más que suficiente para que, a la brevedad, se confirme en el cargo a la señora Pérez, ya que hay algunas voces díscolas de importantes agentes públicos, insertos en La Moneda, que están bregando para postergar el nombramiento de esta autoridad que debe velar por la probidad a todo evento dentro de los servicios de la Administración del Estado.
Pero si llegaran a prevalecer las presiones de «los de arriba», quienes siempre han logrado sus propósitos mercantiles, y por lo tanto la institucionalidad opta por nominar a un nuevo contralor «conciliador» y «buena persona» que acepte las «sugerencias» de los anteriores, continuaremos con los cabildeos de los gremios empresariales y por ende, seguirán los abusos e ilegalidades que la opinión pública ha conocido.
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07 de septiembre
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