La neoruralidad es un concepto acuñado para explicar los nuevos movimientos demográficos caracterizados por el traslado habitacional desde la ciudad hacia el mundo rural. Sin perjuicio de que es un fenómeno que se estaba evidenciando desde hace algunos años, es indudable que se vio acelerado e incrementado con la pandemia del Covid-19. El deseo y anhelo de vivir con vista al mar, poder cultivar una huerta o salir a pasear a la playa, manteniendo el estándar de vida citadino y cumpliendo con el trabajo por vía telemática, incentivó su rápido desarrollo. Pero como es de esperar, este proceso migratorio no está libre de externalidades negativas.
La alta demanda por terrenos para obras inmobiliarias ha generado un problema importante en las zonas rurales de nuestro país. Esta situación no sólo se ha presentado en la región de Los Ríos, sino que es una realidad que se ha ramificado en todo el territorio nacional. Se estima que hay alrededor de 70.000 proyectos inmobiliarios que, en vez de realizar sus obras en terrenos sujetos al proceso de cambio de uso de suelo (de rural a urbano), emplazan las construcciones habitacionales en parcelas de agrado de 0.5 hectáreas construyendo nuevos núcleos urbanos, los cuales no cuentan con las debidas medidas de mitigación, cuidados y respeto a las comunidades aledañas y/o al medio ambiente, vulnerando la ley de urbanismo.Se estima que hay alrededor de 70 mil proyectos inmobiliarios que, en vez de realizar sus obras en terrenos sujetos al proceso de cambio de uso de suelo (de rural a urbano), emplazan las construcciones habitacionales en parcelas de agrado de 0.5 hectáreas construyendo nuevos núcleos urbanos
Específicamente en la región de Los Ríos, las obras inmobiliarias han significado una amenaza las comunidades indígenas que habitan los territorios quienes han visto afectado su entorno y no han contado con las instancias de participación ciudadana para poder incidir en la planificación y ejecución de los proyectos. Por otro lado, los APRs (Agua Potable Rural) se han mostrado preocupados, ya que varios de los proyectos cuentan con la construcción de pozos, los cuales -en el supuesto de ser utilizados por su fin lógico: extraer agua- afectarían gravemente el cauce que abastece de agua potable a las múltiples localidades de la costa de Valdivia. Todo esto sumado al alto impacto socio ambiental y alteraciones al medio ambiente que implican proyectos de esta envergadura.
A partir de los casos presentes en la región, específicamente en la costa de la comuna de Valdivia y en Panguipulli, hemos decidido presentar un proyecto de ley que busque regular esta situación. El objetivo central de la moción parlamentaria es cuidar y asegurar que los predios rurales sigan teniendo uso agrícola, ganadero o forestal. Para esto, se busca fortalecer la facultad encomendada a las Secretarías Regionales del MINVU de fiscalizar y evitar la creación de nuevos núcleos urbanos. Para dicho objetivo, se incorporar la obligación de que las oficinas regionales del Ministerio de Vivienda definan los criterios para determinar lo que implicaría un “nuevo núcleo urbano”. Dicha definición tendrá que realizarse considerando las características territoriales, es decir, deberá ser pertinente territorialmente y deberá respetar los instrumentos de planificación territorial vigente. Con esta medida, se busca tener una mirada futura y realista de los movimientos y crecimientos de las ciudades con tal de poder absorber de buena manera, las nuevas demandas.
Por otro lado, se busca otorgar responsabilidad penal y ambiental a quienes incumplan con las normas referidas al tema. Por medio de esta modificación normativa, los loteadores, propietarios y urbanizadores que incumplan la Ley General de Urbanismo y Construcción podrán responder con penas privativas de libertad, además de las sanciones otorgadas por los tribunales ambientales por concepto de “daño ambiental”. Misma pena se les asignaría a los notarios y conservadores que autoricen o inscriban acciones y derechos o escrituras que contravenga los estipulado en el Decreto 3616 sobre división de predios rústicos.
Sabemos que el desafío es grande pero somos conscientes de que la migración demográfica es un fenómeno que se profundizará cada vez más. Se torna urgente poder regular que sus efectos no generen una degradación socio ambiental irreversible. Aún estamos a tiempo de hacer las cosas bien. Esperamos que esta iniciativa legislativa se sume a los esfuerzos de las instituciones públicas y privadas, para que en conjunto, podamos convenir la mejor forma de enfrentar este proceso.
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